El acoso judicial sigue siendo la principal amenaza a la libertad de prensa en Panamá, donde además existen “severas dificultades para acceder a información de interés público”, afirmó este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que inauguró su reunión semestral en Miami, Estados Unidos.
En su informe pendiente de aprobación durante la reunión de medio año, la SIP recoge casos de secuestro de bienes y demandas civiles contra el medio digital Foco y el diario La Prensa, y reitera la denuncia de gremios periodísticos sobre “el uso del sistema judicial para silenciar a los críticos”.
“En contra de Foco se mantienen 12 causas penales abiertas y dos demandas civiles por las que se pretenden hasta 746,000 dólares”, mientras que en el caso de la Corporación La Prensa (Corprensa) “hay 11 demandas civiles por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria con pretensiones de hasta 44.5 millones de dólares”, dice el informe.
Cita el secuestro hasta por 236,000 dólares de los bienes del medio digital Foco y dos de sus integrantes, el periodista Mauricio Valenzuela y una de las fundadoras del medio, Annette Planells, ordenado el pasado 8 de febrero por un juzgado.
El secuestro judicial “se dio bajo el paraguas de una demanda civil por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria presentada por el expresidente Ricardo Martinelli, la que a la fecha de la orden de secuestro todavía no había sido admitida”.
Como la demanda no ha sido admitida, los demandados no han podido defenderse. En el ámbito civil, la legislación permite que ante un proceso por daños y perjuicios, el demandante, sin que se haya dictado sentencia a su favor, puede promover el congelamiento de activos de los medios o intervenir su administración, recuerda la SIP.
Martinelli está imputado por blanqueo en dos casos en Panamá pendientes de juicio, uno de ellos Odebrecht, mientras que es investigado en España por el pago de sobornos en Panamá admitidos ante la Justicia española por la constructora FCC.
Otro expresidente panameño, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), también demandó, en 2012, por daños y perjuicio a Corprensa, casa editora de La Prensa y Mi Diario, sobre la que pesa por este proceso un secuestro de sus cuentas bancarias y activos por 1.13 millones de dólares, indicó la SIP.
Entre otros casos, la SIP señaló que el pasado 30 de marzo, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) organizó un foro sobre la libertad de prensa y se denunció que se mantiene una orden de secuestro judicial de 121,000 dólares en contra del periodista radial Ronald Acosta, quien fue demandado por el diputado Benicio Robinson, del gobernante PRD.
“Del lado positivo, entró en vigor el sobreseimiento definitivo a favor del periodista Mauricio Valenzuela, ante una querella de violencia de género de la diputada Zulay Rodríguez”, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo al SIP.
Además, el diputado independiente a la Asamblea Nacional (AN), Gabriel Silva, “presentó el 13 de marzo un anteproyecto de ley para establecer protecciones contra el acoso judicial y procesal en materia de libertad de expresión”.
Esta propuesta “despenaliza la calumnia e injuria, e incorpora el concepto de real malicia como prueba clave para determinar la responsabilidad civil. También crea la figura del ‘amparo contra el acoso procesal’ como mecanismo de protección por parte de la presunta víctima de una acción administrativa o jurisdiccional”.
Obstáculos para la información
En febrero pasado, el Servicio de Protección Institucional (SPI), encargada de la custodia de la Presidencia, interrumpió la transmisión en vivo del programa radial Panamá En Directo y los medios La Prensa y Mi Diario, que realizaban una cobertura de un evento político del oficialista PRD.
Varios medios continúan denunciando la repartición no equitativa de la publicidad por parte del Gobierno nacional y de varias instituciones estatales autónomas.
Existen severas dificultades para acceder a información de interés público, a pesar de que rige desde 2002 la ley de transparencia. El 18 de abril el Ejecutivo anunció que presentará una reforma a la ley de transparencia aunque “se desconoce todavía el contenido de la propuesta”.
