Dicen en Córdoba que a Rafael Moreno, el periodista, lo mataron por denunciar contratos sucios. “El fantasma de un funcionario cuyos negociados denunció está detrás de esa muerte”, dice un cordobés que lo conoció y que como casi todo el mundo allá no da su nombre porque sabe que una cita en un diario puede despertar la ira de algún poderoso. Son pueblos donde el miedo abunda y la justicia escasea. La investigación judicial no ha llegado a identificar culpables aún.
Convencidos de que no debería salir barato matar a un periodista que ha arriesgado su vida para defender los dineros públicos de los colombianos más marginados, los colegas de Cuestión Pública y del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, integrantes de la alianza internacional de medios coordinada por Forbidden Stories, resolvimos profundizar la investigación sobre contratación pública que había realizado el periodista asesinado en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, dos pueblos al noroccidente de Colombia donde viven 140 mil personas y donde Rafael centró su lupa. Pero también ampliamos la investigación para revisar la contratación de otros cuatro municipios vecinos: Buenavista, Tierralta, Valencia y San José de Ure.
Con metodología de periodismo de datos, sacamos del Secop I (la base de datos de contratación del Estado colombiano) todos los contratos firmados durante los últimos dos períodos de gobierno (2016-2019 y 2020-2023) por las entidades de esos seis municipios, incluidas alcaldías, empresas de servicios públicos y hospitales.
Hasta dónde fue posible, dado el gran volumen de documentos, limpiamos los datos (que a veces vienen con errores en las cifras o nombres mal escritos)1 analizamos dimensiones y tendencias e investigamos a los 20 contratistas que acumularon contratos de mayor valor en estos siete años. Encontramos que detrás de al menos 11 de ellos, hay empresas o personas, denunciadas o sancionadas por irregularidades, bien sea por los órganos de control, por la justicia, la prensa o ciudadanos. Otro puñado de personas detrás de estos negocios tiene nexos con políticos de Córdoba que han sido sancionados por diversos delitos.
Como se aprecia en la gráfica, figuran entre los contratistas dos bancos, el Bancolombia y el Bogotá. Estos contratos corresponden a créditos otorgados a cinco de las seis alcaldías y que suman 25 mil millones de pesos. Algunos de estos créditos dejaron a los municipios endeudados por varios años. Por ejemplo, el alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta, explicó a esta alianza, que bajo su gobierno, el municipio se endeudó en 5000 mil millones de pesos pagaderos a seis años. No explicó para qué era el crédito. Puerto Libertador fue el único de los seis municipios que no recibió estos créditos. Según aseguró a esta alianza el alcalde del municipio para el periodo 2016-2019, Espedito Duque, él consiguió casi quintuplicar el recaudo anual de impuestos que venía del anterior mandatario.
Solo estos seis municipios del Sur de Córdoba han contratado en siete años 1,3 billones de pesos, una cifra parecida a lo que invirtió el Estado en todo Colombia en salud en 2022 2. El análisis de los contratos revela que tan solo 18 contratistas (sin contar los bancos) les fueron adjudicados alrededor de 332 mil millones de pesos, es decir la cuarta parte de todos los recursos.
Las dos últimas alcaldías de estos municipios contrataron 274 mil millones de pesos (que hoy equivaldrían alrededor de US$62 millones)3 en servicios y obras con 17 del top de contratistas. Los otros tres corresponden a los citados bancos, y a la APS Salud en Casa que prestó servicios a los hospitales de la región.
La alcaldía que más adjudicó recursos (80 mil millones de pesos) con este top de contratistas fue Tierralta, donde habitan 109 mil personas. En segundo lugar con 70 mil millones de pesos en estos últimos años, está San José de Uré, un municipio mucho más pequeño, con poco más de 11 mil habitantes.
Supercontratistas
Entre los que concentran buena parte de la contratación pública de estos municipios, encontramos a tres supercontratistas: la Asociación de Municipios de Córdoba (Amucordoba), el Fondo Mixto para el Desarrollo Regional (antes Asociación de Municipios del Alto Sinú y San Jorge Tvp-Municipios) y la Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia (Funtecol).
Amucordoba, que está conformada por los municipios cordobeses de Purísima, Cotorra, San José de Uré y Moñitos, figura además entre las principales contratistas del mismo San José de Uré y de Valencia. “Las primeras asociaciones de municipios se crearon por allá en 2002, con la buena intención de juntar esfuerzos para realizar planes conjuntos de desarrollo”, dijo un profesor cordobés. “El problema es que después cayeron en manos de los políticos”.
Hay además otra supercontratista, la Asociación de Municipios Solidarios y Sostenibles, Amussim, que no figura en las principales 20 del Sur de Córdoba, pero sí entre las principales de Puerto Libertador.
Estas cuatro grandes contratistas suscribieron 230 contratos con las seis alcaldías del Sur de Córdoba que hemos analizado. Cada gobierno municipal les dio varios contratos que oscilan entre los 8,8 y 18,4 millones de pesos, y la absoluta mayoría es por contratación directa o por convenio, es decir sin que hubiera habido concurso alguno para escoger a las mejores.
Esta modalidad de contratación directa es la que más utilizan los municipios del Sur de Córdoba a la hora de contratar y, aunque es admisible legalmente, solo debería aplicar en casos excepcionales.
Líderes cuestionados
Los hallazgos de esta alianza periodística revelan que la trayectoria de contratación pública de estas supercontratistas es, por decir lo menos, problemática. Juan Alberto Dumett Fajardo representó a la Asociación de Municipios de Córdoba, Amucordoba. Luego lo reemplazó su hermano Juan Miguel Dumett Fajardo en la representación legal de esta asociación y allí estuvo hasta junio de 2022, según documentos que hizo llegar Amucordoba a esta alianza periodística.
En 2016, Juan Alberto fue capturado en relación con una investigación de la Fiscalía por presunta celebración de contratos sin el lleno de los requisitos y obras con sobrecostos en el municipio de Los Córdobas. Un año después, en 2017, fue designado miembro del directorio Liberal de Lorica.
Otras obras o interventorías de Amucordoba en Alto Rosario y San Jacinto del Cauca (Bolívar) y en Moñitos (Córdoba) han sido denunciadas ante la justicia, según consta en documentos confidenciales a los que tuvo acceso esta alianza.
Además, Amucordoba quedó en la lista que realizó la Contraloría General de la Nación de aquellos contratistas que aún tenían contratos “que presentan o presentaron problemas como obras inconclusas y abandonadas, retrasos, todavía en ejecución o en procesos de reformulación o ajustes” del viejo sistema de distribución de regalías (Fondo Nacional de Regalías). En ese análisis, que comprendió el periodo entre 2012 y 2015, esta Asociación figura con $1.820 millones en 49 contratos del FNR que en el momento de la revisión aún no cerraban. Aunque aparecer en esta lista no implica ninguna responsabilidad o imputación para las entidades, sí que identifica riesgos que pueden comprometer el cumplimiento de los fines y objetivos que el Estado determinó para las regalías.
Al respecto, Juan Alberto Dumett no respondió a un cuestionario que esta alianza le envió el pasado 7 de abril por correo electrónico y por ello no pudimos verificar en qué estado se encuentra el proceso judicial por los contratos de Los Córdobas por el que fue capturado en 2016, ni tampoco qué pasó los contratos que habían sido financiados por el Fondo Nacional de Regalías.
En esa misma lista estaba otra de las cuatro supercontratistas, la Asociación de Municipios del Alto Sinú y San Jorge (Tvp Municipios), que desde septiembre de 2021 cambió su nombre a Fondo Mixto Para el Desarrollo Regional. La Contraloría encontró que al momento que hizo la citada revisión, tenía 2.370 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Regalías de 34 contratos aun con problemas para cerrar, y había obtenido ya 36.981 millones de pesos en contratos bajo el nuevo sistema SNR. En 2017, la Contraloría de Córdoba le realizó una auditoría a Tvp-Municipios por los contratos que realizó en 2015 y encontró 11 hallazgos, dos de ellos de tipo disciplinario por irregularidades en la etapa precontractual, entre otros.
Esta Asociación o Fondo Mixto está integrado por los municipios de Planeta Rica y Valencia y su presidente y vicepresidente son respectivamente los alcaldes de estas mismas municipalidades. Entre 2016 y 2022, esta entidad consiguió con el propio municipio de Valencia, 33 contratos por casi 12 mil millones de pesos.
Sobre las investigaciones de la Contraloría y cómo garantiza transparencia en los contratos con Valencia, municipio integrante del Fondo Mixto, Andrés Felipe Mendoza, director de la entidad dijo a esta alianza periodística que “afirmar que el Fondo ha suscrito 33 contratos es inexacto” y que también lo es el número de contratos suscritos por la antigua asociación de Municipios del alto Sinú y San Jorge TVP Municipios. No obstante, esta alianza revisó los contratos que figura en el Secop, y verificó que sumados los contratos de la entidad con el nombre original y luego, bajo el nuevo nombre, ésta firmó 33 contratos con Valencia desde 2016.
Mendoza dijo además que desde que ocupa el cargo de director, “los pocos actos contractuales realizados se han circunscrito a los parámetros legales”.
El otro supercontratista, Funtecol obtuvo 164 contratos en todos los municipios analizados en el Sur de Córdoba. También firmó otros contratos en este departamento y en otros del país. Funtecol ha sido contratada para prestar servicios en una amplia gama de experticias, que van desde fortalecer diagnósticos médicos, hasta brindar acompañamiento a cultivadores de cachama. De hecho, el contrato más reciente de Funtecol fue por prestación de servicios, firmado el 1 de febrero de 2023 con el municipio de Montelíbano por 33 millones de pesos para capacitar a los funcionarios sobre supervisión contractual.
En Marzo de 2021, la Contraloría de Córdoba le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a la entidad y a su representante legal y presidente, Jose Gregorio Meza Alvarez, por un contrato con la Secretaría de Salud de Córdoba. Esto porque determinó que no se pudieron justificar todos los gastos incluidos en el contrato para “fortalecer la oferta de diagnóstico para la detección temprana de diabetes el día mundial de la diabetes”. El presunto detrimento sería de 6 millones de pesos.
Esta alianza periodística mandó un cuestionario a la representante legal de la entidad desde junio de 2021, Eliana María Ruiz Herrera, para conocer más sobre este proceso de responsabilidad fiscal y conocer por qué Funtecol presta servicios en áreas tan diversas, pero a la fecha de publicación de esta historia no ha obtenido respuesta.
Detrás de los consorcios
Al escudriñar los contratos de varios consorcios encontramos prácticas que despiertan preguntas. Algunos de ellos, en apariencia diversos, tienen detrás a las mismas personas. Así por ejemplo, Carlos Manuel Vergara Barvo, figura tras el Consorcio Estadio Puerto Libertador 2018, obra que el periodista Rafael Moreno había denunciado porque no se terminó y que llamaba con ironía “Estado de la Eternidad”. (Ver historia Asesinato de Rafael Moreno : Revelaciones sobre los millones desviados de Córdoba). Al año siguiente, en 2019, el mismo Vergara Barvo, ya a título personal, le adjudicaron otro contrato para la pavimentación de dos barrios en Buenavista.
Otro caso es el del ingeniero Santander Eliécer Mafioly es accionista de Consicivil SAS, la mayor socia del Consorcio Rivera Tierralta, que firmó un contrato para la recuperación de la ronda del Río Sinú en diciembre de 2021. El había sido sancionado por la Contraloría en febrero de 2021 por un detrimento fiscal a la EPS Acueducto y Alcantarillado del Tolima por 292 millones de pesos.
Según una exfuncionario del municipio consultada por esta alianza, la obra de la ronda del Sinú contratada hace más de 15 meses, iba avanzando pero “la veo parada hace ratico”.
Mafioly, a la vez, es accionista de La Comerciala SAS, una empresa integrante de otro consorcio, el Pavimento de Puerto Libertador 2017. Este último consorcio obtuvo dos contratos distintos en ese municipio, pero curiosamente para cada uno se presentó con distintos socios.
Este mismo ingeniero ha pertenecido al Consorcio M-2 Civiles en Pasto y a otros en Sucre y Atlántico.
Mafioly no respondió al cuestionario que esta alianza le hizo llegar por correo electrónico para que diera su versión sobre el aparente atraso en esta obra y su sanción por detrimento fiscal.
Luis Fernando Mendoza, dueño del 50% de las acciones del Consorcio Construser Tierralta, que en noviembre de 2022 contrató “la adecuación de la unidad de recreo deportiva de Tierralta” por 15 mil millones de pesos, también figura como integrante de varios consorcios en el país, como el Consorcio Intertanque GM de Planeta Rica, el Consorcio Brigada 11 para construir alojamientos para suboficiales del Ejército en Córdoba, entre otros.
Aunque no tiene nada de particular que una misma persona sea integrante de distintos consorcios, según dijo Transparencia por Colombia en entrevista al CLIP y como han venido alertando varios organismos de control, la contratación de obras con consorcios y uniones temporales sí genera cada vez más alertas de posible corrupción porque es muy difícil saber quiénes son las personas que están detrás de esas empresas y es más fácil que individuos con sanciones usen la figura jurídica del consorcio para esconder su participación en procesos de contratación con el Estado.
Documentos de la justicia recibidos de manera confidencial por esta alianza periodística y que por razones de seguridad no puede revelar, indican que el ingeniero Eduardo Ghisays Vitola, integrante del Consorcio Tierralta Progresa, otra empresa contratista entre las principales del Sur de Córdoba, también forma parte de otras uniones de contratistas en el país. Las autoridades están evaluando sus posibles vínculos con una “malla” o contubernio de contratistas, junto con otro socio de Tierralta Progresa, Elkin Enrique Coronado y el mencionado Santander Mafioly del Consorcio Rivera Tierralta.
Tierralta Progresa había firmado un contrato con el municipio del mismo nombre en febrero de 2017, bajo la alcaldía de Fabio Otero Avilés, por más de 11 mil millones de pesos para hacer el sistema de alcantarillado de varios barrios del casco urbano.
“Eso quedó mal hecho y no lo están interviniendo”, dijo el líder político local Edward Petro a una reportera de esta alianza. “Todo fue mínimo y no cumple con las garantías. No es que el alcantarillado no funcione, sino que la tubería que metieron es muy angosta, las aguas se rebosan y se meten a las casas, afectando la salud de las personas. Casualmente, yo vivo en el 19 de Marzo” (uno de los barrios incluidos en el contrato).
Esta alianza periodística envió preguntas al respecto a Juan José de Jesús Bautista, representante legal de Tierralta Progresa, a Ghisays y a Coronado, a sus últimos correos electrónicos registrados por en la Cámara de Comercio de Montería para escuchar su versión sobre estos problemas y hasta el cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta.
En otro municipio, el de Montelíbano, el Consorcio Estadio Pedro Villalobos contrató con la Alcaldía la construcción del estadio de fútbol Pedro Villalobos en abril de 2022. Un integrante de este consorcio, Monteverde Ingenieros SAS, tiene entre sus accionistas a Marcel Morante Narváez, el exalcalde de Carmen de Bolívar, enjuiciado por la Contraloría por afectar negativamente al presupuesto del municipio. La Contraloría determinó que era responsable mediante fallo de responsabilidad fiscal.
Otro socio, Hugo Canabal Hoyos, que también es accionista de otra integrante del consorcio, MSJ Inversiones SAS, fue capturado con medida de aseguramiento en 2022 por el CTI, precisamente días antes de firmar este contrato del estadio.
Según la Fiscalía, Canabal estaría presuntamente implicado en los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento en un contrato para construcción de un puente en Caimito, Sucre. Además, se le menciona como controlante de las sociedades que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a 14 mil colegios, caso de corrupción que fue ampliamente conocido por la opinión pública. Por este caso Supersociedades lo sancionó en 2023 con una multa de 116 millones por no revelar en registro mercantil que controlaba la sociedad Intec de la Costa SAS, hoy en liquidación judicial.
Los líos de los consorcios no paran ahí. El Consorcio Versalles, contratado por San José de Uré para pavimentar la vía al corregimiento de Versalles y otras vías terciarias, tiene como integrante a Ingeniería RYD SAS, cuyo representante legal Hernán Julio Barrios Castillo fue suspendido de la profesión de ingeniero por la Procuraduría desde noviembre de 2021 por una falta disciplinaria. Según informó el representante legal del consorcio, Jhon Carlos Vidal, a esta alianza, el contrato se adjudicó el 16 de noviembre de 2021 y la sanción contra Barrios entró en vigor el 24 del mismo mes. Sin embargo, en marzo de 2022 a petición del municipio y de la interventoría, Barrios cedió su participación a la compañía Broka Construcciones e Interventoría SAS.
Un testigo que recorrió la vía –contratada en noviembre de 2021 – dice que “están retrasados”. Cuenta que empezaron a construirla de Versalles hacia Uré y solo hay pavimentados 50 metros en los dos carriles. “De resto faltan todavía como dos kilómetros para llegar a la cabecera municipal en un solo carril”, explica. Vidal, el representante del consorcio asegura que la vía está adelantada en un 62% y que los retrasos se deben a las lluvias y a “los paros que a la fecha se han presentado en la zona (...) que han dificultado el ingreso de materiales durante varios días y sobre todo amenazan el orden público”.
A las preguntas de esta alianza periodística, el alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta, respondió que la Alcaldía no tiene constancia de que se esté extrayendo material de la quebrada. Dijo que al responder a denuncias al respecto contra el Consorcio Versalles, por presuntamente sacar gravilla del río sin licencia ambiental, pudo comprobar que el material de arrastre de la obra lo provee una firma autorizada.
Grandes contratistas
El segundo mayor contrato de los top 20 que encontró el análisis de datos de esta alianza periodística fue entre el Consorcio San Diego y la Alcaldía de Montelíbano. Fue suscrito hace diez meses por casi 27 mil millones de pesos para construir la vía de Montelíbano al corregimiento de El Anclar. Un conductor que recorre este camino con frecuencia dice haber visto hombres trabajando en la pavimentación.
Con relación a esta vía el Alcalde de Montelíbano, José David Cura, dijo por mensajería a una reportera de esta alianza que “es imposible hacer 14 kilómetros en un mes que llevan trabajando y que demoran como un año”. No obstante, según los documentos del contrato firmado en junio de 2022, la obra comenzó en agosto pasado y se esperaba que la terminarían en seis meses, es decir en febrero de este año.
Por último, el mayor contrato entre los 20 grandes del Sur de Córdoba fue el firmado en noviembre de 2021 por el Consorcio Corredor Vial con la Alcaldía de San José de Uré por poco más de 30 mil millones de pesos para mejorar vías terciarias en límites del municipio.
Un profesor de la región que recorrió una de estas carreteras en días pasados, es decir, año y medio después de firmado el contrato, asegura que aún no se aprecian avances. “Caminamos aproximadamente unos cinco kilómetros y no vimos rastro de obra. Al menos, nada de cemento ni un pare, ni nada. Pero según me dijeron, a esa obra sí le están trabajando, e inclusive tenía la bodega donde guardan el material en una finca que queda al lado, pero sí está muy atrasada”.
El 90 por ciento de ese consorcio es de la empresa Soluciones de Ingenieros y Arquitectos SAS, representada por Saúl Ramón Vergara Tous. Este arquitecto fue investigado por la Fiscalía en 2017 por una compra presuntamente irregular de terrenos en Montería para el entonces gobernador de Córdoba Edwin Besaile, según los mencionados documentos de la Fiscalía que llegaron en forma confidencial a esta alianza.
Para conocer el avance de esta investigación y los aparentes atraso de la obra, esta alianza periodística envió varios correos electrónicos a Soluciones de Ingenieros y Arquitectos, pero al cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta.
En 2016, su esposa recibió un contrato para prestar asesoría como abogada en la Gobernación de Córdoba, dirigida por Besaile (SECOP I).
Por su parte, la compañía Betcon (5% en el Consorcio) está integrada por la empresa Coning-Construcción, a la que la Contraloría impuso un fallo con responsabilidad fiscal como integrante de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015 por irregularidades en la no terminación de las obras para los XX Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015 en Ibagué.
Parentescos con políticos
Vergara Tous es primo del ex representante a la Cámara Eduardo José Tous de la Ossa. En julio pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación a Tous de la Ossa, junto a otros políticos de la región, por presunto tráfico de influencias. La Sala no ha decidido si los acusa o no.
Otra asociación que tiene parentescos con políticos es Amussim, la supercontratista de Puerto Libertador. Su representante legal es el abogado y comunicador social Jairo Aníbal Doria Ruiz, quien fue secretario de cultura en la gobernación de Córdoba entre 2021 y 2022, bajo el mandato de Orlando Benítez. Según la prensa, Doria es amigo personal de Benítez, una cercanía de la que el propio gobernador ha dejado constancia en sus redes sociales personales. Benítez llegó a la gobernación de Córdoba con el apoyo de Jhonny Besaile, hermano del otrora también gobernador cordobés Edwin y del senador Musa Besaile. El primero fue destituido en 2019 e imputado por su presunta participación en el escándalo del Cartel de la Hemofilia, por el que ya fue condenado un alto funcionario de su gobernación. No se conoce fallo contra el ex gobernador por este caso. El segundo, ya aceptó su responsabilidad ante la Corte Suprema de Justicia frente al caso de corrupción de Fonade en 2017.
En noviembre de 2022, la prensa hizo público que la Fiscalía adelanta una investigación contra Doria por presuntas irregularidades en un convenio administrativo celebrado entre Amussim y la Alcaldía cordobesa de San Carlos en 2015.
El secreto
La práctica más comentada sobre la contratación pública en la región, y la más difícil de probar, habla de arreglos por debajo de cuerda con los grupos armados ilegales. Varias de las fuentes entrevistadas para este reportaje señalan el aparente control que ejerce el Clan del Golfo en los asuntos públicos de esos pueblos. Incluso el alcalde de Puerto Libertador, Eder John Soto se refirió por mensajería privada, que luego fue republicada en Facebook por su interlocutor, al poder inmenso que este grupo criminal tiene.
Al menos tres fuentes dijeron, sin pruebas concretas, que nadie hace contratos con las Alcaldías sin pagarle una cuota al Clan del Golfo.
En entrevista con esta alianza periodística, le preguntamos al ex alcalde de Montelíbano y jefe político importante de la región, Gabriel Calle Demoya, si a él le constaba que el Clan del Golfo cobra extorsión sobre las contrataciones y que si no le pagan no deja que las obras avancen. Este contestó:
“A mí lo único que me pasa es que me paralizaron tres veces una obra en un corregimiento para llegar a un bachillerato agrícola y en épocas de invierno los niños no podían llegar limpios allá. Había mucho barro y en verano mucho polvo. Ahora ya nadie quería trabajar allá y nos tocó terminar eso con el Ejército. Y también tuve problemas con la obra de la vía hacia (San José de) Uré, dos kilómetros que le correspondían a Montelíbano. Es lo que pasó en mi administración”. Y explicó que aunque no sabe quiénes pagan y quiénes no, todos los alcaldes, contratistas y personas cercanas a ellos, de Córdoba comentan que el Clan “les cobra o que por lo menos los amenaza”
No obstante, fuera de algunos casos circunstanciales, no pudimos comprobar con documentos esas afirmaciones. Preguntado por esta alianza, el ex alcalde de Puerto Libertador (2016-2019), Espedito Duque, dijo que no tiene “ningún conocimiento” de que el Clan del Golfo intervenga en la contratación pública en el Sur de Córdoba.
Dos casos de vínculos muy indirectos, el uno se refiere a Santander Mafioly, contratista cuyo hermano habría sido un narcotraficante muy amigo del paramilitar Vicente Castaño, según confesó el ex jefe paramilitar Fredy Rendón, alias El Alemán. El otro a un ex empleado del actual alcalde de Puerto Libertador, que luego fue sindicado de pertenecer al Clan del Golfo. (ver historia Los Duques de la contratación en el sur de Córdoba).
El origen de problema
En Córdoba, varias fuentes entrevistadas, corroboran que en las elecciones se mueve mucho dinero en efectivo, y ahí es cuando los candidatos adquieren sus compromisos con los financiadores. La idea es que después devuelvan los aportes en contratos y favores.
Las cuentas oficiales de campaña, sin embargo, no reflejan los millones que dice la gente que se gastan en las campañas. Cuentas Claras es la página en la que el Consejo Nacional Electoral registra las declaraciones de campañas de candidatos y partidos. Y según sus propias declaraciones al CNE, los más opcionados candidatos a las Alcaldías de los municipios del Sur de Córdoba, dijeron al Consejo Nacional Electoral que en 2019 habían gastado un poco más de 950 millones de pesos.
Prácticamente la mitad de esa cantidad, 419 millones, la declaró Gabriel Calle Demoya, como donaciones recibidas para su campaña de 2019 por la Alcaldía de Montelíbano en la que salió derrotado. De todos los candidatos de los seis municipios en la última elección fue quien declaró el mayor gasto. Curiosamente, el ganador José David Cura, dijo que apenas había gastado la cuarta parte. Es decir, uno gastó 25 mil pesos por cada voto que obtuvo y el elegido gastó 6.400 pesos por voto, aunque los dos obtuvieron casi idéntica cantidad de votos. ¿Fue que el hoy alcalde Cura no declaró lo que gastó?
“Claro que sí”, dijo Calle. Refiriéndose a la contienda electoral de 2019 sostuvo que “uno no puede estar denunciando lo que no puede probar. Pero ellos manejaron muchísimo más dinero. Mire, yo tomé la decisión de retirar el día que cerraban la inscripción. No encontramos quien me reemplazara porque le tienen temor a estas personas que están al frente del municipio”.
Con relación a la gran diferencia entre lo que declaró como gastos de campaña frente a su contendor Cura en 2019, Calle aseguró que “son vías en muy mal estado y las elecciones se hacen siempre en octubre, cuando estamos en pleno invierno. Es muy costoso movilizar a los campesinos para que voten : quien diga que se gasta menos de un promedio 25 mil pesos para conseguir cada voto es mentiroso. Yo apunté lo que realmente me gasté. Y el Estado devuelve parte de ese recurso. Yo no sobrepasé los topes que permite”. (Calle aclaró que su gasto por voto no se refiere de ninguna manera a compra de votos, que es ilegal, sino al gasto regular de la campaña en transporte, alimentación, etc, y que resulta de dividir lo gastado por el total de votos).
Calle Demoya además dijo César Emilio Cura, primo de José David Cura y quien aspira a la alcaldía de Montelíbano en las elecciones de este año “a todo el mundo anda diciendo que tiene 15 mil millones de pesos para su campaña, y ya están colocando unas vallas enormes a nombre de una empresa que se cree que va a hacer su publicidad”.
Por su parte Cura, a cómo explicaría la diferencia de gasto entre él y su contendor, dijo por mensajería a una reportera de esta alianza: “Simplemente hice una campaña, caminándome las calles puerta a puerta, pidiendo el voto y haciendo una buena y sana oposición. De igual forma, ellos (refiriéndose a Calle) tenían un desgaste y un poco de demandas por corrupción y tu sabes que eso la gente lo castiga”
Así mismo, para la alcaldía de San José de Uré, la campaña fue muy reñida, y el ganador, Custodio Acosta consiguió apenas 23 votos más que su segundo. No obstante, por lo que reportó Acosta sus gastos fueron de 19 mil pesos por voto, mientras su contrincante gastó 4.300 pesos por voto. Diferencias tan grandes reportadas en pueblos tan pequeños podría ser la primera indicación de que varios candidatos reportaron menos de lo que realmente gastaron.
Al respecto, el alcalde Acosta no explicó la diferencia de gasto con su contrincante de 2019, y se limitó a decirle a esta alianza que sobre la financiación de su campaña “el Consejo Nacional Electoral no encontró ninguna irregularidad”.
Otra es que casi todos se reportaron a sí mismos o a familiares directos como sus principales financiadores, sin que tuvieran que pedir préstamos. La excepción fue el hoy alcalde de Puerto Libertador, Eder John Soto, quien declaró que un comercio local, Claudia Medina Diseños, fue el principal benefactor de su campaña.
Según Cuentas Claras, Leonor María Palencia, la candidata ganadora por la circunscripción especial creada por el Acuerdo de Paz de 2016 entre guerrillas y gobierno, para que las comunidades golpeadas por el conflicto armado tuvieran representación en la Cámara de Representantes en 2022, dijo haber tenido ingresos para su campaña por 58 millones de pesos, pero no reportó quién se los dio. El que quedó de segundo, Arnobis Zapata de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, no reportó ingreso alguno. Tampoco lo hizo el periodista asesinado Rafael Moreno, quién también aspiró y obtuvo apenas 157 votos.
Según un informe de 2019 de Transparencia por Colombia, uno de cada tres financiadores privados de las campañas electorales territoriales, terminan contratando con el Estado tras los comicios. “El patrón es el mismo para elecciones municipales, gobernaciones y Congreso”, explicó Andrés Hernández, director de la misma entidad, al CLIP. Y aunque enfatiza que recibir contratos tras aportar a las campañas no es una irregularidad por sí misma, si considera que es una señal de alerta.
De la gran torta de contratación pública en los municipios del Sur de Córdoba, Rafael apenas pudo investigar unos cuantos negocios. Este análisis con una mirada más amplia de esa región, confirma sin embargo lo que él denunciaba: que allí la contratación es grande y la calidad de los contratos es con frecuencia, turbia. Pocos contratistas se llevan un cuarto de la contratación. Más de la mitad de esos grandes consorcios, fundaciones y asociaciones tienen integrantes con sanciones fiscales o disciplinarias o con investigaciones judiciales. Esto conlleva un gran riesgo de malversación de fondos que impiden que el dinero público mejore las condiciones de vida de las personas, quienes han estado inmersos en un ciclo de pobreza y violencia por décadas.
Puede que varios mandatarios y políticos tengan buenas intenciones de construir obra pública, de usar la plata del sistema de regalías y proveniente del Acuerdo de Paz para hacer prosperar estos municipios y mejorar la calidad de vida de la gente. No obstante, aún para alguien bien intencionado, esto puede tornarse una misión imposible. Desde la financiación de campañas hasta el ejercicio diario de la gestión pública, estarán acosados por poderes corruptores, cuando no violentos.
El Proyecto Rafael es una investigación colaborativa liderada por Forbbiden Stories en el que han participado 30 periodistas y que difunden 32 medios de comunicación de todo el mundo, entre los que está La Prensa.
Investigación e historias: Centro Lationamericano de Investigación Periodística, CLIP, y Cuestión Pública
Ingeniería de datos: Rigoberto Carvajal y Armando Mora
Producción: Luisa Fernanda López y Adriana Kong
Desarrollo web: Diego Arce
Ilustraciones: Miguel Méndez
Diseño: Heidy González Suárez
Audiencias: José Luis Peñarredonda, Martha Irene Sánchez y Laurasofía Polanco
