Enfrentado a una crisis política y una economía en caída, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, prepara un paquete de leyes que, según analistas, servirían para neutralizar posibles nuevas protestas de cara a un año electoral en el que busca su reelección.
Sus aliados en el Congreso presentaron un proyecto de ley que obligaría a quienes reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, otro sobre ciberdelitos y noticias falsas, y estudian reformar la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por delitos graves.
Las iniciativas generaron duros cuestionamientos de defensores de derechos humanos dentro y fuera del país, que los calificaron como represivos y contrarios a la libertad de prensa y expresión.
Analistas señalan que estos proyectos buscan crear condiciones favorables para una nueva reelección de Ortega, en el poder desde 2007, en los comicios de noviembre de 2021.
La situación del gobierno del presidente de 74 años “no es favorable para su permanencia en el poder y lo lleva a implementar leyes represivas en su desesperación de controlar al movimiento social, evitar una segunda ola de protestas”, dice a la AFP el sociólogo y analista Oscar René Vargas, exiliado en Costa Rica.
En 2018, una ola de protestas que pedía la renuncia de Ortega fue sofocada por la fuerza con saldo de 328 muertos, centenares de detenidos y millares de exiliados tras seis meses de manifestaciones.
Los adversarios de Ortega le acusan de corrupción, nepotismo y autoritarismo.
El mandatario se adelantó al Congreso y promulgó el martes por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad para controlar las redes sociales, una medida bautizada por la prensa local como “ley mordaza” o “bozal” porque la ven como una forma de censura.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo en Twitter que la estrategia de ciberseguridad criminaliza “las expresiones que disgustan” a Ortega. “Así no actúan los gobiernos democráticos”.
Vargas, un exsimpatizante y ahora férreo crítico del gobierno, considera que Ortega quiere llegar a las elecciones en una situación en que la oposición “se encuentre con la soga al cuello” y dispuesta a negociar bajo sus términos.
Kozak advirtió el jueves al gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, de un “aumento masivo de la presión de la comunidad internacional” si no garantizan elecciones libres, durante una videoconferencia.
Y el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, llamó en Twitter a los miembros del organismo a “preocuparse” por las acciones de Ortega contra opositores y criticó que éste “en vez de garantizar elecciones justas en el 2021 acelera el totalitarismo”.
Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021. El actual mandato de Ortega vence en enero de 2022.
El exvicecanciller José Pallais opina que Ortega pretende “imponer el terror, el miedo y paralizar toda expresión de oposición”.
Desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas, Ortega “ha probado de todo, muertos, persecución, cárcel para acallar al movimiento social y a la oposición, pero sabe que no le ha funcionado”, dice Pallais.
“Es claro que Ortega continúa con su estrategia de represión e intolerancia frente a cualquier voz que exija el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas”, dice a la AFP la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara Rosas.
“La represión debe detenerse de una vez por todas, y la comunidad internacional debe condenar estas afrentas a los derechos humanos”, sostuvo Guevara Rosas.
La crisis política y la pandemia del coronavirus han impactado doblemente a la economía, que según economistas independientes tendrá su tercera contracción anual consecutiva, estimada en entre 6% y 8%.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió el proyecto de ley de “agentes extranjeros” y descartó que el objetivo sea criminalizar a los ciudadanos que reciben fondos del exterior.
También negó que la norma se use para “perseguir o para reprimir supuestas actividades políticas”.
Los proyectos que promueven Ortega y el grupo parlamentario sandinista en el Congreso coinciden con crecientes denuncias de capturas, asedio a líderes opositores y demandas de reformas electorales.
El gobernante también enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que demandan elecciones libres y transparentes en Nicaragua, un país de 6.2 millones de habitantes.
“En el mejor escenario electoral, Ortega dará elecciones amañadas para poder ganar y está dispuesto a enfrentar sanciones internacionales y el clamor popular, como lo ha hecho [el presidente venezolano, Nicolás] Maduro desde el 2018”, según Vargas.
Pero ese “sería un mal cálculo” de Ortega, dice Vargas, argumentando que Nicaragua no es Venezuela, ni en recursos, poder militar ni soporte internacional de parte de Rusia y China.
