Guatemala fue sacudida en la víspera del fin de semana pasado cuando la fiscal general de ese país, María Consuelo Porras, anunció la destitución del hasta entonces fiscal especial Contra la Impunidad en Guatemala (Feci), Juan Francisco Sandoval, quien antes de dejar el cargo y abandonar el país, convocó una conferencia de prensa en la que hizo serias acusaciones.
Sandoval goza de un enorme prestigio, tanto en Guatemala, como fuera de las frontera de su país. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha calificado como un “campeón anticorrupción”. Por ello, su destitución provocó una airada e inmediata respuesta de Washington, que este martes anunció que la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala ha quedado paralizada “temporalmente”.
El hoy exfiscal participó en investigaciones de alto perfil, en las que terminaron imputados, por ejemplo, el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) –actualmente recluido en la base militar Mariscal Zavala, la misma donde están detenidos, a la espera de su extradición a Estados Unidos, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares– y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015).
La investigación por la que fueron imputados Pérez Molina y Baldetti se denominó “La Línea Consolidadores”, caso derivado de otro gran escándalo de corrupción, destapado en 2015, denominado “La Línea”, una organización criminal estructurada para el contrabando y control absoluto de las aduanas, en detrimento del Estado guatemalteco, caso en que también están implicados Pérez Molina y Baldetti.
La destitución
La decisión de cesar a Sandoval fue anunciada el pasado viernes por la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. Un comunicado de esta institución señaló que la “institucionalidad” de la Feci fue objeto de “constantes abusos y frecuentes atropellos”, y que se trató de menoscabar el “trabajo, integridad y dignidad” de Porras, quien, según el comunicado, fue víctima de “vejámenes”. Por ello, “ante la inminente falta de confianza en la relación, hoy se da por terminado el vínculo laboral” con Sandoval.
Tres horas después del anuncio, Sandoval brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que su salida del cargo, se debía a que la Fiscalía estaba “maniatada” por la propia jefa del Ministerio Público, quien se dedicó a “paralizar” las investigaciones, dada la presencia de muchos “amigos” o “actores alineados” que podrían ser parte de estas.
Sandoval declaró ante los periodistas que, al momento de profundizar en denuncias que señalaban al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en presuntos actos de corrupción, así como miembros de su gabinete, empezaron a intensificarse los bloqueos por parte de Porras en las investigaciones.
Sandoval enfatizó que las acciones en su contra solo garantizan una alianza entre la “corrupción y la impunidad”, ya que se podrían estar obstruyendo las investigaciones que involucrarían a los altos funcionarios mencionados, incluso, entre agentes de la justicia guatemalteca.
Tras sus declaraciones, el ahora ex fiscal partió rumbo a El Salvador, ya que aseguró temer por su vida y la de su familia.
Exigen renuncia de Porras
En una entrevista tras la destitución de Sandoval, Porras cambió sus argumentos. Recalcó que su actuación “siempre fue transparente” y que el ex fiscal “se negó a registrar ciertos expedientes en el sistema informático”; que “tenía cooptada la justicia contra sus enemigos en alianza con otros juzgadores” y que, incluso, Sandoval practicaba una justicia “selectiva e ideologizada”.
Porras agregó que el exfiscal “violentaba la presunción de inocencia contra determinadas personas y retardaba maliciosamente los procesos, abusando de que tenía protección nacional e internacional”.
Pero pocos le dan crédito a las palabras de Porras. Miles de personas han salido a las calles en los últimos días a protestar contra esta funcionaria y contra el gobierno del presidente Giammattei. Los líderes de estas manifestaciones exigen la inmediata renuncia de Porras.
Paralelamente, organizaciones de todo tipo (indígenas, profesionales, comercios, campesinas, estudiantiles, etc.) han anunciado que se unirán a un paro nacional contra la fiscal general y el presidente de la República de Guatemala. Incluso, grupos de inmigrantes en Estados Unidos anunciaron mítines de protesta frente a las sedes diplomáticas de Guatemala en ese país, en respaldo al movimiento contra Porras y Giammattei.
Lo que esconde la destitución
Sandoval atribuye parte de su salida a acuerdos de colaboración con Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, quien hace pocos días recuperó su libertad, cuando negociaba su testimonio en casos de corrupción investigados por Sandoval. Al igual que el expresidente Otto Pérez Molina, Alejos estaba detenido en la base militar Mariscal Zavala. Diversas fuentes lo señalaron como amigo íntimo y facilitador de los hermanos Martinelli Linares.
De acuerdo con Sandoval, la jefa del Ministerio Público no está de acuerdo con que Alejos se acoja al programa de “colaboración eficaz”. “La intención del sindicado Gustavo Alejos de colaborar con la justicia, en declarar con los hechos de su conocimiento, en especial, la elección de la junta directiva del Congreso en 2020, manoseo en elección de cortes, entre otros, no prosperará”. explicó Sandoval, reportó el medio digital guatemalteco Soy502.
“No va a prosperar ningún posible convenio con esa persona porque tiene información de funcionarios actuales, de congresistas actuales y magistrados que actualmente desempeñan sus cargos en el país”, agregó Sandoval. Y la Fiscal General no está interesada en que esos casos avancen y a todos los propuestos por esa fiscalía les llamaba “exagerados”, dijo Sandoval, contó Soy502.
Respaldo de EU a Sandoval
Según una publicación de CNN en español, la representante demócrata por California Norma Torres se reunió con Sandoval. A juicio de la legisladora estadounidense, la jefa del MP de Guatemala “no pudo destituir a Sandoval sin el consentimiento del presidente, Alejandro Giammattei”, aunque este asegura que su gobierno no intervino en la destitución de Sandoval.
“Por mi parte, y por la parte del Congreso –advirtió Torres– estamos muy claros. Y el mensaje es: ni un dólar americano para una nación que no está comprometida con nosotros para avanzar con la democracia y para controlar y demostrar que sí están comprometidos con un Estado de derecho”.
Por su parte, en rueda de prensa, Jalina Porter, portavoz adjunta principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que la decisión de la jefa del Ministerio Público de Guatemala “se ajusta a un patrón de conducta que indica falta de compromiso con el Estado de derecho y con procesos judiciales y fiscales independientes”.
Porter afirmó que “Estados Unidos ha perdido la confianza en la Fiscal General y en su decisión e intención de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y de luchar contra la corrupción de buena fe”.
La funcionaria del Departamento de Estado sostuvo que “mientras se realiza una revisión de nuestra asistencia a las actividades que dirige la Fiscal General, estamos observando de cerca cualquier acción adicional que pudiera debilitar el Estado de derecho o la independencia judicial en Guatemala”.
Los señalamientos de Porter fueron emitidos a través de un comunicado publicado por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
