Tres jóvenes opositores de Nicaragua fueron condenados este lunes a penas de entre 8 a 10 años de cárcel, tras ser encontrados culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
“Hoy a las 08.30 horas 14.30 GMT), el juez orteguista Félix Salmerón condenó a Miguel Flores, a otro joven cuyo nombre se nos pide omitir, y Mildred Rayo, miembros de AUN (Alianza Universitaria de Nicaragua), a 10 y 8 años de prisión, respectivamente (sin incluir al anónimo)”, informó el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en una declaración.
Los tres jóvenes habían sido declarados culpables en un juicio a puertas cerradas celebrado el pasado día 26 en el Complejo Judicial de Managua, en un proceso que la AUN calificó de “montaje arbitrario contra su libertad”.
Flores y Rayo fueron capturados por militares el 1 de noviembre pasado, junto al otro joven, cuando circulaban cerca del río Sapoá, en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica, y se dirigían hacia Managua, de acuerdo con la denuncia pública de AUN.
Los jóvenes universitarios fueron retenidos para una requisa por soldados del Ejército de Nicaragua y posteriormente “fueron trasladados a una base militar, en Managua”, según AUN, que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Gobierno que preside Daniel Ortega en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Los jóvenes forman parte de un grupo de más de 200 nicaragüenses al que los organismos humanitarios definen como presos políticos, que incluye a los líderes de AUN Lesther Alemán y Max Jérez.
Datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que en Nicaragua hay al menos 255 presos políticos, entre dirigentes opositores, estudiantes, campesinos, empresarios, defensores de los derechos humanos, feministas, periodistas, líderes religiosos, y otros.
Los arrestos de opositores se iniciaron después de abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido a que respondió con la fuerza.
Esas manifestaciones antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados que, según la CIDH dejaron al menos 355 muertos, de los cuales Ortega, quien ha dicho que se trató de un intento de golpe de Estado, ha admitido 300 víctimas.
La crisis se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021 en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
