Colombia abrió el jueves un histórico capítulo: por primera vez, el tribunal surgido del acuerdo de paz acusó a la disuelta guerrilla de las FARC de crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con más de 21 mil secuestros.
“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, declaró la magistrada Julieta Lemaitre.
Ocho altos mandos de la organización deberán responder por ese delito y “otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”.
“Fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención (...) de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil”, enfatizó Lemaitre.
Según el primer documento de imputación que expide el tribunal, entre 1990 y 2016 la guerrilla secuestró a 21 mil 396 personas; “número sensiblemente más alto que el conocido hasta ahora”.
La decisión más importante tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde su creación en 2017 se da tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de mil víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otras fuentes.
Para John Jairo Hoyos, hijo de un diputado secuestrado en 2002 y asesinado por las FARC fue una “excelente decisión”.
“Me genera esperanza de que podamos encontrar algún día en este país paz, que se cumpla el principio de no repetición y que aquellos que se les dio la oportunidad de reintegrarse a la vida civil cumplan con sus obligaciones establecidas en el acuerdo de paz”, dijo a la AFP.
La JEP, encargada de juzgar los peores crímenes del conflicto interno, imputó a miembros del secretariado de las FARC, máximo órgano decisorio de la organización. Entre ellos se encuentra Rodrigo Londoño, jefe del Partido Comunes, creado tras la firma de los acuerdos de paz en 2016.
La decisión cobijó también a Pablo Catatumbo y Julián Gallo, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido como parte del histórico pacto.
Ermilo Cabrera, fallecido el miércoles, también fue imputado.
El ahora partido de izquierda se declaró arrepentido, comprometido con la paz y aseguró que evaluarán el documento de imputación de cargos para definir una posición al respecto.
“Sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”, reiteró la fuerza política Comunes.
El presidente conservador, Iván Duque, quien en 2018 lideró una frustrada iniciativa que pretendía modificar los acuerdos para endurecer las sanciones a los exguerrilleros, pidió castigos “efectivos” y “proporcionales” a los delitos.
“No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”, se quejó.
El general retirado Luis Mendieta, que estuvo once años en poder de los antiguos rebeldes, aseguró que “mientras no haya reparación no va a haber justicia” y pidió “garantías de no repetición”.
Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.
En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la JEP por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.
En distintas ocasiones pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que asumirán las responsabilidades que les corresponden.
Miles de rehenes, incluidos militares, policías y dirigentes como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, estuvieron encadenados hasta por una década en lo profundo de la selva antes de ser rescatados o liberados. Según la JEP, casi el 12% de los secuestrados están desaparecidos o fueron asesinados.
Los exguerrilleros tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar su responsabilidad en los crímenes que se les imputan. En ese lapso, las víctimas y la Procuraduría, que en Colombia vela por el cumplimiento de los derechos humanos, podrán pronunciarse sobre la decisión del tribunal.
Los excombatientes que acepten su responsabilidad en esos delitos tendrán una pena alternativa a la prisión. Quienes no lo hagan enfrentarán un juicio penal con penas privativas de la libertad de hasta 20 años.
“Esperamos que después de los 30 días (...) pueda efectivamente darse un reconocimiento” por parte de los miembros del secretariado, expresó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, durante la conferencia de prensa.
A lo largo de casi seis décadas, el conflicto armado colombiano ha dejado más de nueve millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.
