Los venezolanos que entren de forma irregular a Panamá y México o hayan tratado de cruzar sin papeles por la fronteras estadounidenses no podrán ser elegibles para ingresar legalmente a Estados Unidos.
La medida, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras un acuerdo con su homólogo mexicano Andrés López Obrador, intenta frenar la creciente ola migratoria de venezolanos en busca del sueño americano, que en Panamá alcanza su máximo drama en la selva del Darién, en la frontera con Colombia.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer este miércoles 12 de octubre la decisión que implica que los venezolanos que crucen la frontera a pie o nadando serán devueltos inmediatamente a México. Hasta ahora, Estados Unidos les permitía quedarse en el país si lograban cruzar el río Grande o Bravo.
Paralelamente, Biden anunció que permitirá la entrada a 24 mil venezolanos “de manera legal y segura”, en un programa parecido al que existe en ese país a favor de los ucranianos que huyen de la invasión rusa.
El hecho de que México les empezara a exigir visa a los venezolanos desde enero de 2022 reforzó la ola migratoria por Centroamérica, usando el tapón del Darién, como puerta de entrada, una ruta que desde hace varios años usaban principalmente haitianos y cubanos.
Sin embargo, datos del Ministerio de Seguridad detallan que el rostro de la migración cambió radicalmente este año. De hecho, dos terceras partes de los 151 migrante irregulares que han entrado por Darién proviene de Venezuela (110 mil). Además, el pasado 2 octubre se calculó que en las cinco estaciones migratorias del país (cuatro en Darién y uno en Chiriquí) había alrededor de 8 mil personas, en aquel momento.
La medida de Biden llegó justo el día que el gobierno de Costa Rica, encabezado por Rodrigo Chaves, anunciaba que facilitará el tránsito de la ola migratoria.
“No estamos estimulando que se queden aquí, sino que, de acuerdo con los compromisos internacionales, vamos a dejarlos pasar y ayudarlos como nos obliga el derecho internacional en temas humanitarios”, declaró Chaves.
El gobierno de Costa Rica solo cuenta con un albergue cerca de la frontera con Panamá y evalúa establecer otro en la frontera con Nicaragua.
El pasado 11 de octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken (canciller), se reunió en Bogotá con el presidente colombiano Gustavo Petro, quien aún no reconoce que el responsable de la ola migratoria es el gobierno de Nicolás Maduro.
En Colombia, hay cerca de un millón de venezolanos que huyeron de su país y esta semana en Necoclí, cerca de la frontera con Panamá, unas 10 mil personas, en su mayoría venezolanos, esperaban para adentrarse a la selva.
Precisamente, ese mismo 11 de octubre, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, relevó a su canciller, Erika Mouynes, quien durante su participación en la reciente 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió que la crisis se había desbordado y pidió ayuda a la comunidad internacional. “Tenemos que trabajar juntos para solucionar esto. Panamá es el único país que ofrece albergue, alimentación, ayuda, pero hemos agotado todos nuestros recursos y se ha sobrepasado nuestra capacidad de manejar este nuevo estallido. Ayúdennos a ayudar”, reclamó.
Durante los últimos años, el trato que daba Panamá a los migrantes era vigilado muy de cerca por organismos de derechos humanos. De hecho, el pasado 25 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) levantó las medidas provisionales que había adoptado contra Panamá y ordenó archivar el expediente del caso conocido como Vélez Loor vs. Panamá.
Entre las medidas provisionales adoptadas por la Corte figuraban la exigencia al Estado panameño de garantizar condiciones adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que se encontraban en las estaciones migratorias.
El caso del ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor se remonta al año 2002, cuando fue detenido en Darién por estar en una situación irregular (no contar con documentos). Este acudió a la Corte y ganó el caso, por lo que se sentó un precedente respecto a los migrantes.
