La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más demandó verdad, memoria, justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en ese país, principalmente las ocurridas desde abril de 2018 cuando estalló una crisis sociopolítica en esa nación centroamericana que dejó cientos de muertos.
“Las personas nicaragüenses tenemos derecho a la verdad y a reconstruir nuestra memoria histórica”, señaló este Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, en una declaración divulgada con ocasión del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
Según la ONG, el Gobierno que preside Daniel Ortega, en el poder desde 2007, y sus agentes paraestatales, son los principales responsables de las “graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos” contra nicaragüenses, en su mayoría opositores o críticos, desde abril de 2018.
El colectivo denunció que las autoridades “se encuentran en total impunidad y con una estrategia de ocultamiento y desinformación a nivel nacional e internacional” de los crímenes cometidos en Nicaragua.
“El derecho a la verdad es un elemento esencial que debe ser cumplido en toda sociedad democrática. En Nicaragua, son miles de víctimas y familiares que diariamente exigen justicia, verdad y reparación por los graves crímenes cometidos por el régimen y sus agentes, de quienes se piden sean procesados y juzgados”, sostuvo ese organismo.
Nicaragua no investiga delitos contra opositores y críticos
La ONG denunció que en Nicaragua, contrario a investigar los delitos contra opositores y críticos, “el régimen Ortega Murillo” impide la entrada al país de organismos internacionales de derechos humanos.
A pesar de ello, agregó, esos organismos han emitido “contundentes informes que señalan como responsables directos a Daniel Ortega, Rosario Murillo y varios de sus funcionarios en los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, destierro, desnacionalización y robo de propiedades de centenares de nicaragüenses”.
Ese organismo afirmó que “fue la dictadura quien ordenó la masacre contra cientos de civiles, en la cual al menos 355 personas fueron asesinadas, incluyendo niños y niñas”, en el marco de las manifestaciones que estallaron en 2018.
También se ensañaron contra periodistas, sacerdotes, opositores, defensores de derechos humanos y sociedad civil, generando que al menos el 6,5 % de la población se encuentre en el exterior pidiendo asilo o refugio, y que, miles de nicaragüenses hayan tenido que migrar por el deterioro económico en Nicaragua, indicó.
Como colectivo, anunció la ONG, seguirán “exigiendo verdad, memoria, justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el país, a quienes seguiremos acompañando en esta lucha, y que los perpetradores de estas graves violaciones sean enjuiciados”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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