El hombre que violó a Carmen* hace tres años ni siquiera fue investigado. Ella está segura que fue él, ya que esa mañana se levantó con el cuerpo ultrajado y su traje de baño roto. Esas fueron las pruebas que llevó a la Policía y al Instituto de Medicina Legal (IML) para evidenciar la violación pero no fueron suficientes para abrir un proceso judicial.
Las puertas de acceso a la justicia le estuvieron bloqueadas desde el principio. El día que hizo la denuncia ante la Policía, su abogada fue expulsada del lugar. Pero Carmen insistió para que la remitieran al IML, donde confirmaron la violación. La abogada tuvo acceso al informe del peritaje —positivo por penetración— por medio de un trabajador del IML que le facilitó el documento. La Policía, sin embargo, adujo que no lo recibió.
El caso de Carmen retrata cómo miles de violaciones sexuales quedan sin resolverse judicialmente en Nicaragua. Esta investigación de DIVERGENTES y CONNECTAS comprobó que 4.535 violaciones sexuales, cuyos peritajes confirmaron evidencia de penetración, aún no se han resuelto o quedaron en la impunidad entre 2017 y 2020. Para llegar a esa cifra, se accedió a informes de peritajes del IML de esos cuatro años, datos que se cruzaron con las resoluciones judiciales publicadas en los anuarios estadísticos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Expertos judiciales aseguran que los procesos por violaciones sexuales deben durar cuatro meses, como máximo. Pero este reportaje identificó un patrón de casos sin resolver a lo largo de cuatro años. Testimonios de familiares de víctimas, psicólogas, abogadas y organizaciones que trabajan en el tema retratan un sistema judicial que falla en la recepción de las denuncias, demora en capturar a los sospechosos, acompaña de forma deficiente a las agredidas, retarda la presentación de las pruebas e indulta a los condenados por estos delitos.
Aunque la violencia sexual ha sido una constante en Nicaragua y ya registraba los índices más altos de la región centroamericana desde 2010, el Gobierno de Daniel Ortega reformó en 2013 la Ley 779 contra la violencia hacia las mujeres, aprobada un año antes por su Administración, para incluir la figura de la mediación en delitos graves, como la violación sexual, con el objetivo de “salvaguardar la unidad familiar”. Esto hizo que no se judicializaran cientos de denuncias de violencia sexual porque en las delegaciones policiales abogaban para que las partes mediaran y así evitar que los casos pasaran a juicio.
Una abogada, especialista en violencia contra las mujeres, dijo que existen indicaciones a la Policía para que desestime casos y de esta forma no se cargue de trabajo a la Fiscalía, “salvo los que sí ameritan ir al juzgado”. Por ejemplo, un reporte del IML de un caso de violación documentado indica que en la víctima “no hay indicios de afectación psicológica”. Por ese reporte, la Policía sugirió que se dejara en mediación sin que pasara al sistema judicial.
Hay otro factor que colabora a que casi todos los violadores sexuales queden sin castigo en Nicaragua. En 2015 el Estado cerró la Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer, con personal capacitado para recibir denuncias de violencia contra las mujeres, sin ninguna explicación. Esto provocó que no hubiera tratamiento adecuado a las víctimas porque comenzaron a atender las denuncias policías que no estaban preparados en cómo manejar estos delitos.
Recién en 2020 el Gobierno reabrió esas Comisarías (rebautizadas como de la Mujer y la Niñez), pero el problema de mala atención para este tipo de casos no se resuelve, según los relatos de mujeres que interponen denuncias. Por ejemplo, algunas dicen que los policías que toman sus denuncias les hacen preguntas prejuiciosas: “¿Vos lo provocaste?”, “¿Por qué andabas vestida así?”, “¿Era tu pareja?”.
Pero incluso en los casos en los que se llega a una condena, el sistema judicial falla porque indulta a los agresores. Pese a que las personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas no aplican para beneficios de suspensión de la pena, en los últimos tres años el gobierno ha otorgado más de 25 mil indultos bajo la figura de “convivencia familiar”. Algunos de los liberados habían sido condenados por violación sexual.
El cruce de datos revela que hubo 18 mil 207 denuncias de violencia sexual entre 2017 y 2020, de las cuales sólo el 19% se resolvió en un juicio. De las 8 mil 62 violaciones sexuales confirmadas por el IML, al menos el 56% permanecen en la impunidad. Cabe aclarar que el 44% de los casos resueltos no significa que hubo una condena para los agresores.
Los altos números de violaciones sexuales preocupan a los funcionarios encargados de registrar estos delitos. El 27 de noviembre de 2019, durante un congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el entonces director del IML, Zacarías Duarte, dijo que “la violencia contra la niñez y adolescencia es un grave problema de salud para la justicia y es un problema social que afecta la vida entera de la nación”. En mayo de este año, Duarte fue relegado del cargo que ocupaba desde 2011, sin que se dieran a conocer las razones oficiales.
Seis años para abrir un caso
El caso de Carmen es uno de miles que ni siquiera han tenido un proceso judicial en Nicaragua. Maribel*, de 12 años, fue violada en 2016. Su familia presentó la denuncia en la Policía y ésta remitió el caso al Ministerio Público, que, a su vez, la acompañó. Sin embargo, la Policía demoró seis años en capturar a su agresor, a mediados de 2022. Fue recién en ese momento que el proceso judicial, tras haber estado archivado, se reinició.
La ruta de acceso a la justicia en un caso de violación sexual plantea que debe durar 15 días entre la Policía y Medicina Legal para que el caso pase a la Fiscalía. Luego, debe tomarse otros tres meses, como máximo, en el proceso judicial. No obstante, como se puede comprobar con Maribel, los casos se archivan porque los agresores no son capturados. La responsabilidad, en este punto, también recae sobre la Policía, según las especialistas consultadas. Así, decenas de violaciones quedan sin resolverse.
La Policía es el primer filtro en la ruta de acceso a la justicia. A diario llegan más de 12 denuncias por delitos sexuales: un caso cada dos horas. En los últimos cinco años la Policía debió haber investigado, en promedio, cinco casos de violaciones sexuales confirmadas al día, según los peritajes positivos.
En este primer filtro, el de la Policía, los casos comienzan a quedarse rezagados. Al menos 10.145 denuncias fueron desestimadas porque no hubo evidencia de penetración. “Los casos de violencia sexual son los más difíciles de comprobar, porque tenés que ir a Medicina Legal para hacer el examen físico, el examen psicológico y es traumante sobre todo para las niñas”, explica la abogada.
Pero incluso cuando pasan a juicio, las víctimas deben enfrentarse a una serie de obstáculos procedimentales para obtener justicia. Para empezar, los mecanismos no son los ideales para evitar la revictimización, aseveran algunos expertos.
La demora en el proceso judicial de Maribel contrasta con la celeridad con la que se resuelven algunos casos más mediáticos y con tinte político. El 13 de julio de 2022 fue detenido el sacerdote José Leonardo Urbina, luego de que una madre lo acusó de cometer abusos sexuales en contra de su hija de 14 años. El caso se resolvió en tiempo récord: un mes y 20 días después de la denuncia, con una condena de 49 años de cárcel para el párroco por abuso y violación sexual.
Este juicio se dio durante una cacería del régimen Ortega-Murillo contra miembros de la Iglesia Católica, a quienes acusa de haber urdido un “golpe de Estado” en su contra durante las protestas de 2018. Además del sacerdote Urbina, fueron encarcelados, argumentando otros delitos, los párrocos Manuel Salvador García, Óscar Benavidez y monseñor Rolando Álvarez, este último bajo arresto domiciliario.
“Papá violó a mi hermanita”
Antes de que Ortega tomara el poder en 2007, en Nicaragua se registraban 27.7 violaciones sexuales por cada 100 mil habitantes. Después de 14 años de su administración, en 2021 se registraron 32.3 violaciones sexuales por cada 100 mil habitantes, que resulta del dato de 2 mil 170 casos de peritaciones positivas por violación registradas ese año en el IML.
Las abogadas especialistas en violencia sexual relataron que algunas políticas del Gobierno de Ortega influyeron en el incremento de las cifras. Por ejemplo, cortar el trabajo con organizaciones feministas de la sociedad civil —que velan por los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia— las que, entre otras acciones, impulsaron la Ley 779 y capacitaron a policías, fiscales y jueces para el tratamiento de estos temas. A esto se suma las mencionadas reformas a la Ley 779 que le quitaron facultades, y la eliminación de las Comisarías de la Mujer entre 2015 y 2020.
Estas razones estructurales provocan que el sistema judicial deje en libertad a violadores con justificaciones inexplicables. A finales de 2019, ocurrió uno de los casos más fuertes —de los que se pudo acceder—. Un papá abusó sexualmente de dos niñas, de siete y ocho años de edad, que estaban a su cargo. Gloria*, madre de las niñas, lo denunció en la Policía y dieron una entrevista ahí y en el IML, donde además les realizaron el peritaje físico. Sin embargo, el caso fue archivado porque las niñas no tenían partida de nacimiento.
Gloria también fue abusada sexualmente por su pareja, quien además la amenazó de muerte. Por eso ella se separó de él. Pero como no tenía condiciones económicas, las dos niñas y un niño de nueve años (también hijo de él) quedaron a cargo del papá. La casa, sin embargo, era el lugar más inseguro para ellas. Había alcohol, drogas y otro tío abusaba sexualmente de la niña de ocho años. Es decir, esta pequeña fue violada por dos hombres diferentes de su familia. El papá dormía en el mismo cuarto con sus tres hijos y sacaba del cuarto al niño para cometer los abusos. Hasta que un día el menor fingió estar dormido y miró todo. Él fue el que le contó todo a la mamá para que pusiera la denuncia en la Policía. “El niño también es víctima porque los abusos contra sus hermanas se hacían en su presencia”, dice la psicóloga que atendió a esta familia.
La falta de dinero hizo que el trámite para sacar las partidas de nacimiento de las niñas les tomara un año, porque es un proceso demorado por tratarse de personas mayores de siete años. Cuando Gloria quiso abrir el juicio, en los juzgados le dijeron que se tenían que recolectar las pruebas nuevamente. “Las niñas tenían que volver a hacerse las pruebas con todo lo que eso implica”, dijo la psicóloga que las acompañó. “Luego vino la pandemia y no se continuó con el caso, así quedó”, agregó.
La psicóloga dice que con los niños menores los fiscales y jueces actúan, la mayoría de las veces, con más celeridad porque “generan mayor empatía e indignación”. Sin embargo, la situación cambia cuando las agredidas son adolescentes, porque “hay más retardación. Preguntan: ‘¿por qué hablaste hasta ahora?’, porque hay mayor sospecha de que la víctima pudo haber consentido el abuso”.
Violadores indultados
Marta* vivía con su hija, de ocho años, en un pueblo del norte del país, dedicado al cultivo de tabaco. Ella también trabaja en una tabacalera, y caminaba una trocha sin asfaltar y accidentada para luego tomar el bus que la llevaba todos los días a la empresa. Ese era el tiempo que un hombre aprovechaba para abusar de su hija.
Un día Marta salió temprano del trabajo y encontró al hombre en su casa. Lo sacó a gritos y, con la ayuda de unos vecinos, lo capturaron en una quebrada del pueblo. Las pruebas fueron halladas en los exámenes que le hicieron a la niña en el IML. Fue un proceso rápido: en cinco meses fue condenado a 12 años de cárcel. El fallo ocurrió en noviembre de 2021. Sin embargo, Marta lo vio libre a tres casas de la suya en junio de 2022, siete meses después de la sentencia. Cuando averiguó cómo había salido de la cárcel en tan corto tiempo, un policía del pueblo le dijo que el violador fue liberado por un indulto presidencial.
La justificación es que los liberados por indultos presidenciales cuentan con procesos educacionales a nivel básico, de secundaria, de universidad y carreras técnicas, “lo que les entrega herramientas para la inserción social y laboral”. Sin embargo, desde 2013 la Corte Suprema de Justicia emitió una circular en la que estableció que las personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas no aplican para beneficios de suspensión de la pena, como era el caso del violador de la hija de Marta.
Frente a los miles de casos que desbordan las instituciones estatales, las cancelaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban alrededor de la violencia sexual en Nicaragua agravan la impunidad en estos delitos. “El cierre de organizaciones ha cerrado la información de la ruta de la justicia”, dice una representante de una oenegé cancelada. “Las víctimas no tienen dónde acudir para que les den acompañamiento legal y emocional”, agrega.
Algunas de estas organizaciones cerradas trabajaban en campañas de sensibilización, investigación y en monitorear si el Estado estaba cumpliendo los parámetros nacionales e internacionales, además de formular propuestas legislativas como la Ley 779.
Gloria, la mamá de las niñas violadas por su pareja, fue una de las que recibió atención emocional en una de estas oenegés. Ella fue agredida sexualmente cuando era niña y adolescente. Al momento que ocurrieron los abusos contra sus niñas, tenía a su cargo a cinco hijos y estaba embarazada. Tampoco tenía un trabajo fijo. “Se hizo la recuperación emocional de ella y las niñas”, dijo la psicóloga que las atendió. “Pero el proceso legal no se concluyó, no hubo justicia”.
*Los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados por seudónimos para su seguridad y privacidad.
