El exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, preso por violaciones de los derechos humanos y corrupción, acudió este martes de forma virtual, a la lectura de una sentencia, en un caso en el que es uno de los acusados, por el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca ocurrido en 1992 en Lima.
Montesinos está recluido en la prisión de la Base Naval del Callao, cercana a Lima, y se conectó a la audiencia de lectura de sentencia desde un ambiente de esa cárcel.
El exasesor de inteligencia del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), también preso por delitos de lesa humanidad, es acusado por la Fiscalía por el crimen junto a los exintegrantes del grupo militar encubierto Colina, quienes fueron aparentemente los autores materiales, y ex altos mandos del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional.
Sin embargo, al cabo de unos minutos, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria suspendió la lectura de sentencia, pues aún no estaba definida la resolución judicial, y ordenó un receso.
Huilca era secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor conglomerado de gremios sindicales del país, al comienzo del gobierno de Fujimori, cuando el país afrontaba una serie de medidas económicas para salir de la hiperinflación y se sucedían las protestas en las calles.
El 18 de diciembre de 1992, Huilca fue atacado cuando salía de su casa en el distrito limeño de Los Olivos, en presencia de su esposa e hijos, y después de ser acribillado, los atacantes huyeron caminando.
A las pocas horas, la Policía Nacional anunció que había detenido a los autores del asesinato, pero la esposa negó que esas personas fueran los verdaderos responsables. El gobierno de entonces acusó a los detenidos de ser militantes de la banda armada Sendero Luminoso y fueron sentenciados por el crimen de Huilca.
Sin embargo, la Sala Nacional de Terrorismo anuló en 2003 esas condenas y determinó que la Policía peruana había capturado a otras personas y no a los responsables del asesinato del dirigente gremial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2004 que el asesinato fue una “operación encubierta de inteligencia militar” ejecutada por el grupo Colina, cuyos integrantes fueron responsables también de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por las cuales el expresidente Fujimori recibió 25 años de cárcel.
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