El sistema de justicia de Panamá enfrentará en 2025 retos de gran relevancia histórica. Entre los principales destacan el procesamiento de al menos cuatro personas aforadas ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el probable desenlace de dos demandas por daños y perjuicios de las mayores cuantías contra el Estado, la incorporación de nuevos procuradores y magistrados de la CSJ, y la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal civil.
Estos eventos someterán al Órgano Judicial (OJ) y al Ministerio Público (MP) a presiones significativas provenientes de intereses políticos y económicos. Al cierre del año, el panorama podría oscilar entre el fortalecimiento del Estado de Derecho o un sistema de justicia debilitado y cuestionado.
El caso Odebrecht
El próximo lunes 20 de enero iniciará la audiencia plenaria del caso Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de Panamá, con 25 acusados. Bajo la dirección de la jueza Baloisa Marquínez, experta en delitos financieros, se examinarán más de 100 testimonios y los 2,855 tomos del expediente. Este proceso sigue las reglas del Sistema Inquisitivo Mixto.
Entre los imputados, tres serán procesados por el Pleno de la CSJ debido a su fuero: el expresidente Juan Carlos Varela, diputado del Parlamento Centroamericano; y los empresarios Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, diputados suplentes. A pesar de que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal permanece asilado en la embajada de Nicaragua, sus abogados podrán participar en el proceso.
La audiencia tiene como fecha límite el 28 de febrero. Si se cumplen los plazos, la sentencia de primera instancia podría conocerse entre abril y mayo, mientras que las apelaciones podrían resolverse en el tercer o cuarto trimestre del año. Una eventual casación penal ante la Sala Segunda de la CSJ se decidiría en el primer semestre de 2026.
En el caso de los tres aforados procesados bajo el Sistema Penal Acusatorio, el juicio debería concluir este año. Más allá de las responsabilidades individuales, este proceso será un juicio al sistema de justicia panameño.
El caso del diputado Raúl Pineda
Otro caso relevante para 2025 es el del diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático, investigado por presunto blanqueo de capitales en la operación Jericó. Su hijo, Abraham Rico Pineda, y su esposa, Maybel Araúz, permanecen detenidos.
En noviembre de 2024, la CSJ devolvió el expediente al MP por falta de pruebas idóneas. En diciembre, la fiscalía remitió 51 tomos al magistrado Olmedo Arrocha, quien deberá evaluar si admite el caso. De proceder, Arrocha asumiría como magistrado fiscal.
Demandas por daños y perjuicios
La Sala Tercera de la CSJ tramita dos demandas históricas contra el Estado panameño.
Envenenamiento por dietilenglicol: Familiares de 839 fallecidos demandan a la Caja de Seguro Social por $3,220.9 millones. Algunas reclamaciones podrían ser rechazadas por falta de pruebas periciales, dejando abierta una herida en la memoria colectiva.
Fideicomiso de Soho Mall: Una demanda contra el Banco Nacional de Panamá por $1,200 millones, derivada de la inclusión del Grupo Waked en la lista Clinton. Si el banco o la Caja de Seguro Social pierden estos casos, el Estado deberá responder financieramente.
Transiciones clave
Este año marca la incorporación de Luis Carlos Gómez como Procurador General, Grettel Villalaz de Allen como Procuradora de la Administración, y Anel Flores como Contralor General. Estos nombramientos son cruciales para garantizar la eficacia en procesos penales y administrativos.
Además, el presidente José Raúl Mulino deberá designar en diciembre a dos nuevos magistrados de la CSJ, en reemplazo de Cecilio Cedalise y Ángela Russo de Cedeño.
Reformas procesales
En octubre de 2025 entrará en vigor el nuevo Código Procesal Civil, diseñado para agilizar los procesos mediante audiencias orales, incentivos para acuerdos entre las partes y reducción de tácticas dilatorias.
Asimismo, con el fin del caso Odebrecht, el Sistema Inquisitivo Mixto llegará a su etapa final, dejando paso al Sistema Penal Acusatorio. Estas reformas buscan mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.
Con una adecuada implementación, estos cambios podrían fortalecer la justicia panameña y consolidar su rol como pilar del desarrollo y la convivencia social.
