Si en algo han sido constantes los gobiernos panameños es en continuar con el tema minero contra toda lógica, siempre pensando en el lucro inmediato de cada periodo gubernamental. Cocuyo, Remance, Santa Rosa, Cerro Quema o Petaquilla son ejemplos de ese manejo relacionado a todos los desaciertos y fracasos que han sido rápidamente borrados y archivados para que no se les mencione frente a la opinión pública. Mientras tanto, se continúa con el desarrollo de la minería metálica haciendo uso de diferentes estrategias. Entre ellas una escasa, por no decir, nula transparencia del manejo de los recursos del patrimonio nacional, de espaldas a la población, con selectividad y ambivalencia en la información que se le brinda al público.
En el caso de Donoso, el tema de Petaquilla presenta un accidentado, complicado y conflictivo manejo en donde los gobiernos han tratado de preservar esta actividad de manera intermitente y opaca, hasta llevarnos a la situación actual. Desde las investigaciones de United Nations Development Programme (UNDP) en 1968, la licitación ganada por Panamá Mineral Resources Development Company (PMRD), un consorcio japonés en 1969 y su intento de negociación para la explotación en 1978-1979 con el Estado.
Este intento de concesión no funcionó y él mismo fue abandonado en 1980. Las compañías subsecuentes en la zona: Minnova, Georecursos Internacional, con su contrato de exploración en agosto de 1991; que logró la firma del Contrato Ley de Explotación en 1997, más tarde declarado inconstitucional, entre Georecursos Internacional S.A., y Adrian Resources, S.A. y empresas afiliadas Teck Corporation, Inmet Mining Corporation y Adrian Resources Ltd. Luego, en 2005, el MICI fragmenta la concesión en dos partes: 645 hectáreas para Petaquilla Gold S.A. y empresas asociadas y 12,955 hectáreas para Minera Petaquilla S.A. que se cambia el nombre a Minera Panamá S.A. (MPSA).
En 2013, el año en que MPSA fuera comprado por First Quantum Minerals, Minera Petaquilla Gold S.A suspende operaciones y abandona la zona. Esta acción requeriría que el Ministerio de Ambiente, con el uso de fondos públicos, se encargara del saneamiento y manejo de los problemas generados por esta actividad.
Se une a este manejo negligente de la actividad, la obstrucción directa por parte de los gobiernos contra el fallo de inconstitucionalidad cuando el Ministerio de Comercio e Industrias prórroga la concesión minera a Minera Panamá a través de la Resolución Nº128 (G.O. 28344-B) en 2017, teniendo conocimiento del avance del proceso; presentando acciones dilatorias a la Corte Suprema en 2018 en el memorial de aclaración del fallo por parte de la apoderada judicial del MICI; presentando en marzo del 2019 la Resolución de Gabinete Nº23 publicada en Gaceta Oficial 28742-A, que reitera el mismo contrato declarado inconstitucional ante la Asamblea Legislativa para su aprobación, y que fue rechazada por los diputados.
Después de tres años de emitido el fallo y cinco meses de la desestimación de los recursos improcedentes, que la Corte Suprema de Justicia remitiera el oficio para la publicación en diciembre de 2021, el mismo fue publicado tres semanas después en la Gaceta Oficial, luego de muchas insistencias por diferentes actores.
Hoy día, utilizando un fallo de inconstitucionalidad que presentaron los grupos ambientales y que se oponen a la minería metálica, y contra el cual pelearon y rechazaron de múltiples formas y durante años los diferentes gobiernos incluyéndose el actual periodo gubernamental, es usado por la administración en turno. Ahora lanzan una serie de amenazas para actuar en función de la ley y la Constitución, esta vez sí… según señalan.
Con una serie de comunicados del MICI que enturbian, sin aclarar nada, por los que a su vez deben ser aclarados por otros más confusos. Efusivos ultimatums que pretenden emular una gloriosa lucha nacionalista en la mente de algunos, con renegociaciones que no lo son, acuerdos sin firmas y negociaciones llamadas conversaciones para ocultar los fracasos en el manejo administrativo y de comunicación, se continúa en el tema.
Nos encontramos frente a la intención manifiesta de seguir con la explotación y manejo de una concesión y sus yacimientos, a pesar de que la mayor parte de la población desconoce su manejo y que el gobierno no ha mostrado ningún interés de informar por lustros, apostando a otro salto en el vacío, esta vez más prolongado con una duración de 20 a 40 años, según sea el acuerdo entre las partes; tómese en cuenta, que esta administración de gobierno se encuentra ya en las postrimerías. Lo que conlleva a que de cuatro a ocho gobiernos en el futuro, deberán cargar con ese acuerdo, independientemente de su redacción.
Con su opacidad y falta de interés, nuestros gobiernos son incapaces de mencionarle a su población lo que cualquier inversionista extranjero conoce de acuerdo con el NI 43-101 Technical Report, Estándar Nacional que emiten las compañías canadienses de minería y exploración y que señala como información pública en el NI 43-101 Technical Report Cobre Panama Proyect Marzo de 2019 que el proyecto sobre el cual se negocia, en la actualidad consta de tres tajos o yacimientos: Botija, Valle Grande y Colina, y otra serie de tajos más a desarrollar en el futuro: Balboa, Medio, Botija Abajo y Brazo. Con un valor de los yacimientos contabilizados en 11,964,700 toneladas de cobre, 186, 700 toneladas de molibdeno, 7, 116, 000 de onzas de oro y 138, 804, 800 onzas de plata. Se tiene un valor estimado, de acuerdo con los precios mencionados en el documento, de unos de 96 mil millones de dólares. Estos valores conservadores que pueden variar de acuerdo con los precios del mercado.
El gobierno no señala, que para el funcionamiento futuro del proyecto minero, las actuales estructuras no son suficientes para las obras que han de desarrollarse, sino que se requerirían más, que incluirían, además de la apertura de los tajos ya mencionados, la construcción de instalaciones complementarias de almacenamiento de roca estéril y realineación de las instalaciones aprobadas, ampliación del sitio para el desarrollo de tajos abiertos adicionales, instalaciones de almacenamiento de roca estéril y expansión de relaves y aumento de los impactos en la agricultura de subsistencia, en los derechos posesorios y en la propiedad privada, así como otros posibles reasentamientos. Es decir, un aumento en la producción de emisiones, desechos, residuos y bosques perdidos, así como problemas y conflictos sociales como parte del nuevo acuerdo y operación, que funcionaría hasta el 2054, periodo de vida de la mina de acuerdo Financial and Operatin Results, FM-Q3-2022-Presentation-Final. Información pública que puede leer cualquier accionista. Pero que nuestro gobierno no menciona de ninguna forma.
Soslaya en su discurso la actual administración, el tema de los gobiernos extranjeros como accionistas de la empresa concesionaria y cómo esto abre la probabilidad de otra futura demanda de inconstitucionalidad por lo actuado. Sin poner todas las cartas sobre la mesa y manejando los recursos de todos como si fuera el acuerdo entre particulares, solo vemos que los comunicados aumentan, los ultimátums se vuelven más últimos y la incertidumbre crece estrepitosamente entre todos en los que vivimos en este suelo. Mientras, siguen jugando con el futuro y las consecuencias permanentes de una actividad extractiva en la nación.
El autor es biólogo
