La Asamblea Nacional debe aprobar todos los años el Presupuesto General del Estado, es quizás la ley más importante que debaten cada año los diputados, y de la que dependen directamente las instituciones del Estado para su funcionamiento.
Este año en particular, después del enfrentamiento entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, se esperaba que el debate fuese más álgido que de costumbre.
Pero no ha sido tan álgido. Los diputados de la Comisión de Presupuesto le pusieron precio a la aprobación, 25 millones de dólares. Eso es lo que nos va a costar, sí, a nosotros los contribuyentes, la aprobación del presupuesto del Estado.
El presupuesto de la Asamblea Nacional de 2018 fue de 81.5 millones de dólares, eso incluye la suspendida planilla 080 y la 172. La Asamblea Nacional solicitó 168 millones de dólares de presupuesto, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó 96.5 millones de dólares.
Las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, dejan claro que si a la Asamblea Nacional no le otorgan 25 millones de dólares más, esta comisión no aprobará el presupuesto del Estado, algo que afectaría severamente el funcionamiento del gobierno en 2019 y por ende, los servicios que el gobierno debe brindar al ciudadano. Al final siempre somos los ciudadanos los que pagamos los platos rotos.
¿Qué justificación puede existir para aumentar el presupuesto de la Asamblea en 40 millones de dólares? 15 millones de dólares que ya le había otorgado el Ministerio de Economía y Finanzas más 25 millones de dólares que exigen los diputados.
Es la misma cantidad de diputados que van a trabajar, o digamos la misma cantidad de diputados en planilla, los mismos días que van a sesionar (cuando van) y no hay manera de que justifiquen ese 49% de aumento en la inflación o en nuevas inversiones.
No hay que hacer un análisis muy profundo para concluir que ese aumento lo están exigiendo para asegurar las campañas de reelección de los diputados para las elecciones de mayo de 2019, y que esa cifra de 25 millones de dólares es el sobreprecio que ponen para cumplir lo que la Constitución les exige: “Intervenir en la aprobación del presupuesto del Estado”.
Presupuesto del que dependen todas las instituciones del Estado para seguir operando.
¿Accederá el Ejecutivo a modificar el presupuesto? Si esto no es extorsión hay que buscar otra definición para el término, por lo pronto, a los ciudadanos solo nos queda gritar cada vez más fuerte #NoALaReelección.
La autora es miembro de Movin y conductora de Sal y Pimienta
