Burla en tres actos

Las situaciones complejas no pueden ser analizadas ni enfrentadas con criterios simplistas de blancos y negros, ya lo sabemos. Pero insistimos, nos enredamos y, de paso, los vivos de siempre se aprovechan. No en vano, dicen, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.

Aquí estamos, casi cuatro años después de la salida del poder de la mafia que aún se declara perseguida política, empantanados en un sistema de administración de justicia, abogados incluidos, que impide que los muchos procesos en trámite culminen, y que los culpables del vulgar saqueo paguen por los delitos cometidos.

La frustración es mucha y la indignación aún mayor. Seguimos esperando y esperando, mientras iniciativas ciudadanas bien intencionadas se descarrilan, aumentando la frustración general.

El primer acto del drama que estamos viviendo en torno a la bien intencionada propuesta ciudadana de impedir que los casos de corrupción se cierren por prescripción, ocurrió el 13 de marzo de 2017.

Ese día, estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), del grupo Generación Sin Límites y miembros del Movimiento Independiente (Movin), presentaron en la Oficina de Participación Ciudadana del Órgano Legislativo una propuesta de reforma al artículo 116 del Código Procesal Penal, que establece los plazos de prescripción de la acción penal de los delitos contra la administración pública. El objetivo: eliminar la impunidad que producen los actuales plazos de prescripción de los procesos vinculados a la corrupción, equiparándolos a los delitos atroces contra la humanidad.

Un mes después, el 22 de agosto de 2017, el proyecto llegó a la Comisión de Gobierno, donde nada pasó hasta que la exitosa manifestación ciudadana contra la corrupción del 9 de enero de 2018 puso en movimiento a los diputados panameñistas. Con bombos, platillos y entusiastas mensajes de Twitter, varias figuras del partido anunciaron que el Directorio Nacional había decidido instruir a su bancada en la Asamblea, que aprobara el proyecto. El 16 de enero de 2018 se le dio primer debate en la Comisión de Gobierno. Parecía que había luz al final del túnel.

Con la llegada del proyecto al pleno legislativo, dio inicio al siguiente acto. La oposición fue feroz. Fueron cuatro días en que los estoicos miembros de las organizaciones que presentaron la iniciativa tuvieron que escuchar reclamos, acusaciones y atorrancias de todo tipo por parte de los representantes de la nueva mayoría legislativa. Era obvio que el proyecto no les gustaba nada. A pesar de ello, se produjo un sospechoso cambio; sorpresivamente, decidieron apoyar la propuesta, pero “mejorada”.

A partir de ese momento, la creatividad fue grande. Las propuestas iban y venían; se presentaban y se retiraban, en un torbellino legislativo que no parecía tener mucho fundamento ni sentido. Por ejemplo, el diputado del PRD, Pedro Miguel González, llegó a proponer que los acuerdos de colaboración eficaz fuesen publicados en Gaceta Oficial, sin considerar la seguridad de los denunciantes y otros posibles inocentes. Raro.

Más tarde, y en un ambiente de gran confusión, una nueva propuesta fue presentada en corredera y con gritos de diputada incluidos. Se trataba, o eso creíamos, de la eliminación del incentivo para las empresas implicadas en casos de corrupción que decidieran colaborar eficazmente con la justicia. Había más, pero aún no lo sabíamos.

Así, sin tiempo para revisar y analizar, la propuesta que menoscaba una herramienta de gran valor en la lucha contra la impunidad, fue aprobada junto a la imprescriptibilidad de algunos delitos relacionados con casos de corrupción.

El proyecto pasaba así el segundo debate el 2 de abril. Un día después fue aprobado en tercer debate.

Y así llegamos al tercer acto, en el que despertamos a la cruel realidad. Ahora sabemos, que además de introducir una norma en la Ley de Contratación Pública que podría poner en peligro los acuerdos ya hechos, que en el caso de Odebrecht incluye información que aún no tenemos de sus primeros años en Panamá, los señores diputados eliminaron sigilosamente dos importantes herramientas para investigar casos de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos. ¡Qué tal!

A pesar de todo, no hay que desalentarse. El activismo ciudadano y el periodismo aguerrido y riguroso va ganando pequeñas batallas. El fallo que le permite al Ministerio Público seguir investigando el caso Odebrecht es una de ellas. Avanzamos, aunque la Asamblea nos tome el pelo en tres actos.

La autora es periodista, abogada y presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional