A propósito de un comentario publicado en la revista Lancet (2018; 391:201), sobre la decisión tomada por todos los decanos de las facultades de medicina en Colombia, de reformar y estandarizar el currículo universitario, me puse a reflexionar sobre los pasos dados por las autoridades académicas panameñas para optimizar la calidad profesional de nuestros graduados. El Dr. Enrique Mendoza, decano de lujo en la primera casa de estudios, ha luchado desde hace años contra molinos de viento para que tengamos los jóvenes médicos mejor preparados de la región latinoamericana. Su periplo ha sido tenaz, pero harto difícil.
El Dr. Mendoza logró que la administración anterior de la CSS se identificara con su visión de que la principal facultad de medicina contara con un espacio amplio en los terrenos de la Ciudad Hospitalaria (ahora Ciudad de la Salud), ubicado junto a un bloque de nosocomios docentes e institutos de investigación de primer nivel. Resulta deprimente percatarse de que, después de 60 años de formación de extraordinarios profesionales, las estructuras no solo siguen siendo las mismas, sino que muestran el grave deterioro del tiempo. La mezquindad política, el tortuguismo gubernamental y la incapacidad del director Girón dilataron notablemente el inicio de una obra tan necesaria como impostergable. Debo reconocer, sin embargo, que gracias al empuje del equipo ministerial del Dr. Mayo, la formación de médicos fue elevada a problema de Estado, el Ifarhu aprobó una partida anual de un millón de dólares para apoyar a nuestra alma mater y la nueva sede parece ya enrumbada.
En su afán de dotar al estudiante panameño de excelencia internacional, el Dr. Mendoza conquistó la ardua meta de que el National Board of Medical Examiners de Estados Unidos, elaborara el examen para la certificación y acceso a las residencias de especialización. El país se convierte en pionero de América Latina en formalizar este innovador convenio. El acuerdo no solo brinda transparencia y reputación a la calificación de los graduados, sino que facilita su reconocimiento por un mundo cada vez más competitivo y global. Estas rigurosas evaluaciones han permitido conocer que los egresados de la Universidad de Panamá (UP) son los mejor preparados (casi todos superan la calificación mínima establecida), seguidos en orden porcentual decreciente por los matriculados en Unachi, UIP, U. Latina, U. Americana o Columbus y por los que proceden de diversas instituciones foráneas. Los resultados deberían ser del dominio público (en Costa Rica los publica el periódico La Nación) para que los estudiantes escojan sus preferencias de matrícula y para que las diferencias estimulen a modernizar los programas curriculares particulares. Los datos, además, pueden orientar a los decanos para subir la nota de pase, reforzar las áreas temáticas deficientes, mejorar los métodos didácticos de los profesores, reforzar las enseñanzas en ciencia básica y producir galenos con los más altos estándares científicos, sociales y humanitarios.
El Dr. Mendoza libra ahora una batalla para que sus pupilos puedan efectuar las prácticas clínicas en las instalaciones hospitalarias del CHM. Ese complejo, de hecho, fue donado a la CSS en la época del ilustre rector Octavio Méndez Pereira para que se concretara la instrucción formativa de sus alumnos. En países de primer mundo, toda escuela de medicina tiene contrato exclusivo con un centro médico público o privado. Desafortunadamente, nuestra facultad, al ser una entidad estatal, no cuenta con el caudal suficiente para enfrentar la solvencia económica de las universidades privadas que proliferan localmente, instancias que pagan a los hospitales académicos para que atiendan a sus estudiantes. Para colmo, la Contraloría impide que los fondos públicos sean utilizados para incentivar la tutoría de los preceptores clínicos. Es una medida injusta y aberrante, ya que además de la labor de atención, los médicos institucionales deben colaborar con docencia e investigación en los nosocomios capacitados para tales fines. Como las universidades privadas aportan los emolumentos debidos, los graduados de la UP quedan en franca desventaja pedagógica.
El continuo éxito de la facultad estatal se basa en su gratuidad (la intelectualidad no depende de clase económica), su rigurosidad (solo se acepta al 15% de los aspirantes, según créditos, méritos y pruebas generales; y de estos, solo se gradúa el 30% de la camada inicial) y su prestigio histórico (tradicionalmente, los mejores docentes han preferido enseñar ahí). Tristemente, en la última década, han emergido algunos obstáculos: la tecnología educativa moderna es cada vez más costosa; los tutores clínicos están migrando hacia las universidades privadas porque ven compensados monetariamente sus esfuerzos; el sistema de renovación del profesorado se ha tornado anacrónico (se da mayor relevancia a los años de antigüedad que a las ejecutorías académicas recientes); y la escuela de medicina es solo una minúscula parte de la UP, algo que diluye su autonomía organizacional y financiera.
Si pretendemos tener médicos cada vez mejor capacitados, el Estado tendrá que invertir mucho más en la educación pública. Nuestro país necesita genuinos estadistas. No puede ser que los gobernantes inyecten excesivos recursos en política, cemento, religión, diversión y populismo, pero exiguas cantidades en investigación, ciencia, arte, cultura y deontología. Como consecuencia de esta asimetría, cosechamos lo que promovemos: corrupción, juega vivo, superstición, vagabundería y violación de derechos humanos. Un país próspero en riquezas y edificios, paupérrimo en conocimientos y éticas.
