Con solo el 31% de la votación para presidente (más casi un 2% aportado por el Molirena), el PRD pudo apoderarse del Ejecutivo Nacional. Con tan solo el 30% de la votación para diputados, consiguió la adjudicación de 35 curules (49% de la cámara), lo que, en alianza con el Molirena (5 escaños), le permite el control absoluto de la Asamblea Nacional.
De esta forma, el PRD domina el gobierno central. Además, el partido controla los gobiernos municipales, al haberse adjudicado la mayoría de los ejecutivos y concejos en los distritos, con tan solo 32% y 31% de la votación para alcaldes y representantes, respectivamente.
A pesar de su bajo porcentaje de votos, un sistema electoral mal diseñado y gestionado ha colocado al Estado panameño en manos del PRD, al menos durante los próximos cinco años (hasta 2024). El partido podrá ejercer su dominio absoluto sobre el sector público—algo propio de dictaduras—manteniendo la ficción democrática, pues al primer cuestionamiento, sus líderes exhibirán, urbi et orbi, las credenciales procedentes de un torneo electoral plagado de irregularidades.
Este es el escenario previsto, suponiendo—claro está—que el Ejecutivo Nacional y el bloque perredista en la Asamblea se mantengan cohesionados. Algunos observadores consideran que, más allá del triunfo electoral del pasado 5 de mayo, no hay entre ambos intereses comunes.
Conceptúan que los miembros del PRD en la Asamblea están interesados en seguir apalancando su facultad constitucional de aprobar o rechazar iniciativas en la cámara para continuar obteniendo prebendas que los enriquezcan y les permitan promover su reelección. Este objetivo de los diputados perredistas entraña, a juicio de algunos analistas, un peligroso potencial de fricción con un Ejecutivo interesado en promover una agenda nacional, independientemente de que los dos bandos que entrarían en pugna pertenecen a la misma formación política.
Sin duda, los diputados del PRD tienen capacidad de extorsión. Algunos de sus legendarios personajes, con trayectorias cuestionadas, han logrado imponerse en posiciones de influencia dentro del Órgano Legislativo, tanto en la junta directiva como en las comisiones permanentes y el engranaje burocrático. Muy particularmente, su rebatiña por controlar las comisiones permanentes, sobre todo las de Presupuesto y Credenciales—con mayor potencial de chantaje—deja en evidencia las motivaciones de los diputados perredistas.
Estos, claramente, se han impuesto en la Asamblea. Pero no habrá colisión ni pugna de poderes. Para que ello ocurra, tendríamos que estar en presencia de un Ejecutivo fuerte, con una agenda clara y una visión de largo plazo para el país.
Lo que proyecta el gobierno de Cortizo, sin embargo, es debilidad y falta de ideas, por lo que—al menos, por ahora—un escenario en que la Asamblea le haga corto circuito al Gobierno no parece realista. El Ejecutivo les aceptará a los diputados lo que pidan, como lo indican la ya mencionada imposición de sujetos desprestigiados en la directiva y las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, así como el nombramiento de muchas “fichas” de diputados en el gobierno central.
A cambio de canonjías—como es usual—la Asamblea no obstaculizará las acciones del Gobierno para obtener lo que inmediatamente le interesa: el negocio de la liquidez, para refinanciar deuda, costear el presupuesto y pagar a proveedores (La Prensa, 23 de julio). A partir de un mayor endeudamiento, se producirá una sensación (ficticia) de bonanza económica que por un tiempo mantendrá contentos a tirios y troyanos.
De esta burbuja se beneficiarán, principalmente, los jerarcas del Ejecutivo. Ganarán pidiendo y pagando. Es un secreto a voces que quienes negocian préstamos reciben comisiones por los “servicios” que prestan al Estado. En su libro El dúo tenebroso, el difunto Jesús Plinio Cogley Quintero documentó esta práctica que se remonta a los tiempos de la dictadura (págs. 50-53).
En su columna del 16 de junio de 1999, publicada en este diario, la Dra. Brittmarie Janson Pérez resumió así el planteamiento: “Cogley Quintero nos informa que el funcionario que gestiona un préstamo se echa al bolsillo personal un porcentaje de más o menos 5% de la suma obtenida”. Ahora que la Asamblea ha citado al ministro de Economía y Finanzas, sería bueno que los diputados le pregunten sobre el particular. Más de uno estará interesado en que le den su tajada.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en relaciones internacionales en Florida State University, Panamá.
