Nueve años han transcurrido, cinco del gobierno anterior y cuatro del actual, en los que han proliferado angustiosas noticias sobre los problemas que confronta la Caja de Seguro Social y sus diferentes programas. Ya no a mediano plazo, sino con el fantasma del déficit acechando detrás de la puerta, los vaticinios sobre el colapso del sistema de pensiones amenazan a los cotizantes actuales con la incertidumbre de poder pensionarse cuando lleguen a la edad de jubilación.
El programa de prestaciones médicas con un sistema de citas prolongadas que presta poca atención a la urgencia de los pacientes, con acusada mora quirúrgica y una ausencia que ya es crónica de medicamentos e insumos esenciales, no parecieran tener soluciones medianamente coherentes.
El programa de administración, que tiene que ver con la parte administrativa, tampoco escapa a las denuncias que se repiten en los medios de comunicación sobre favoritismos, nepotismo y una suma de incapacidades y rejuegos de trastienda que bloquean o abiertamente sabotean las compras que debe realizar la institución o las direccionan en favor de intereses particularísimos.
Cuando se nombró al médico Alfredo Martiz, por un momento y debido a que contaba con antecedentes en la administración de sistemas de salud, pareció que esa designación conllevaría soluciones pensadas y planificadas para superar o, por lo menos, sentar bases sólidas para invertir el declive de la institución.
Pero esas esperanzas comenzaron a naufragar cuando, de manera inexplicable, el nuevo director renunció a enfrentar el eventual desfinanciamiento del sistema de pensiones, endosándole la tarea al próximo gobierno. Y como a esa frustrante declaración se sumaron las graves denuncias sobre fraudes en las afiliaciones, con sus extraordinarios y adicionales costos para el sistema y las más recientes sobre las muertes de neonatos, escasez de medicamentos y el corolario de su renuncia, todavía no bien aclarada, es evidente que la crisis es de proporciones mayúsculas y que su solución no puede esperar para mañana. Pero también es claro que esa tarea no puede asumirla su actual junta directiva, cuya inoperancia es uno de los factores de la actual situación.
Como estamos en tiempos preelectorales y será inevitable que aparezca más de un “autoiluminado” ofreciendo soluciones milagrosas, recomiendo ignorarlos y ponerlos a distancia. Frente a un problema de esas envergaduras lo que menos necesitamos es de cultivadores de la verborrea fácil o de la demagogia politiquera.
Mi recomendación es que el Órgano Ejecutivo nombre una “comisión especial” integrada por personas de comprobada solvencia y capacidad, para que hagan el diagnóstico profundo, que identifique todas las raíces de la crisis y que, en un tiempo razonable, pero perentorio, presente las recomendaciones que puedan encauzar las soluciones consistentes y de largo plazo que se necesitan.
El autor es exembajador ante la OEA
