El caso de Panama Ports Company (PPC) es un ejemplo del tipo de abuso corporativo que un país libre y soberano, como Panamá, jamás debe tolerar. La empresa firmó un contrato ley con la nación, en 1997, mediante el que se le dio una concesión, por 25 años, para el desarrollo y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, a cambio de un pago anual al Estado de $22.2 millones, más el 10% de sus ingresos brutos.
Durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso se logró modificar dicho contrato, liberándose de los pagos indicados, a cambio de pagar una suma irrisoria por cada contenedor que mueva en sus puertos. Fue el primero de muchos pasos para privar a Panamá de los beneficiosos de activos tan valiosos, como nuestros puertos más importantes, y cuya recuperación, como el resto del territorio enajenado, demandó de los panameños sacrificio, dolor y sangre durante un siglo.
El resultado fue que reemplazamos a Estados Unidos, como colonizador, por una empresa multinacional que, con la ayuda de tácticas jurídicas inescrupulosas y de políticos corruptos, lucra de una concesión vergonzosa, en perjuicio de los intereses nacionales. Ejemplo de esto, como dueño del 10% de las acciones de la sociedad, el Estado panameño solo ha recibido hasta la fecha el total de 1 millón de dólares en concepto de dividendos.
Y eso no es lo más grave. La empresa insiste en burlarse de todos nosotros al ejecutar un plan sistemático para evitar competidores en el puerto de Balboa y así continuar con las prácticas monopolísticas que la caracterizan desde el inicio de sus operaciones. En 2007, impidió la construcción del puerto de Veracruz, una necesidad para el país y complemento ideal para el entonces recién iniciado proyecto de expansión del Canal. Ahora, persigue frustrar la construcción del puerto de Corozal, valiéndose de cualquier artimaña, lo que lleva a muchos (incluido el diputado Juan Carlos Arango) a pensar que la empresa, eventualmente, estaría ligada a actos de corrupción, lo que no sería una sorpresa para nadie que analice el tema en profundidad.
Y aún más: desarrollan lo que a todas luces es una costosa campaña de relaciones públicas y de acciones jurídicas para dificultar la operación del puerto de Rodman –adjudicado a la empresa Port Singapore Authority (PSA)– con el único propósito de mantener el monopolio absoluto de las operaciones portuarias en la entrada del lado Pacífico del Canal de Panamá. Hay que ponerle fin a este abuso. Le corresponde al presidente Varela, a la ACP y a la Autoridad Marítima de Panamá, asegurarse de que los excesos de dicha compañía cesen de inmediato, al tiempo que los panameños nos mantenemos vigilantes para asegurar que la concesión otorgada a la empresa no sea renovada a su vencimiento, en 2022. No permitamos, bajo ninguna circunstancia, que compañías sin ética ni principios sigan aprovechando nuestros mejores recursos para su beneficio exclusivo. Es hora de actuar de forma enérgica e inequívoca, antes que los daños ocasionados al país continúen ad infinitum.