El Canal de Panamá está en el ojo de la tormenta. Según La Prensa (1 de marzo), la sequía ha impactado la disponibilidad de agua para su operación más de lo anticipado. En vista de que el nivel de los lagos Gatún y Alajuela ha descendido considerablemente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha tenido que ajustar la profundidad autorizada para el paso de los buques.
El mismo diario informa que Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el mayor contratista de la ampliación, a cuyo cargo estuvo la construcción de las nuevas esclusas, insiste en reclamaciones por 5.2 mil millones de dólares. Como se recordará, cuando se licitó la obra, GUPC ofertó 3.2 mil millones de dólares. Por esa oferta, al consorcio se le concedió el contrato.
Un artículo publicado por el Foro Económico Mundial (2016) cuestiona la calidad del trabajo efectuado por GUPC. “Al menos en una ocasión”, indica el artículo, las nuevas esclusas “comenzaron a rajarse y su tamaño es más angosto de lo que muchos ingenieros consideran óptimo”.
La renovación de personal en las principales esferas de la ACP también ha suscitado nerviosismo. La designación del Dr. Ricaurte Vásquez Morales como administrador tranquilizó a la ciudadanía (y a los usuarios) por recaer en un economista de alta formación, con experiencia en la administración de la vía.
Sin embargo, la inclinación a politizar la junta directiva a través de nombramientos de allegados al poder, sin experiencia marítima o internacional ni cabal entendimiento de las necesidades de desarrollo nacional, ha causado una alarma generalizada. Esta tendencia, iniciada luego de la transición a la democracia (1989-1994), se ha acentuado en años recientes, al punto de que hoy la ACP tiene una directiva desprestigiada, cuya competencia es ampliamente puesta en duda.
Ante estas circunstancias, es oportuno dimensionar la relevancia del Canal, que tras 105 años de su inauguración sigue constituyendo un corredor marítimo importante, y tras dos décadas de su traspaso a Panamá, continúa siendo un recurso nacional de primer orden, que merece ser custodiado, potenciado y adecuadamente administrado para el bien común. Un par de sencillas estadísticas contribuyen a ponerlo en correcta perspectiva.
A pesar de los adelantos registrados en el transporte terrestre y aéreo, hoy por hoy, el 90% del tráfico comercial global ocurre por mar, según la ya citada publicación del Foro Económico Mundial. Un reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), revela que el trasiego mundial de mercancías por vía marítima ascendió en 2016 a 10.3 mil millones de toneladas.
Al 1 de enero de 2017, la flota mercante global consistía de 55 mil 155 embarcaciones. El principal país de abanderamiento para las naves de esta flota continúa siendo Panamá, con más de 20 años de liderazgo.
Aproximadamente el 5% de todo el comercio internacional -y el 6% del comercio marítimo mundial -pasa por el Canal de Panamá (Foro Económico Mundial, 2016). En el año fiscal 2018 -o sea, entre octubre de 2017 y septiembre de 2018- hubo 13 mil 795 tránsitos por nuestra vía acuática.
Estados Unidos es el principal usuario del Canal, por flujo de carga: el 40% de la carga a través de la vía (exceptuando la carga de costa a costa) tiene origen o está destinada a puertos estadounidenses. Le siguen China (10%) y Chile, Japón y México, con 7% cada uno. Hay que revisar esta información, procedente del portal de la ACP, pues en el cuadro correspondiente, los porcentajes de participación no están correctamente calculados.
Estas cifras indican que el tráfico marítimo es una pieza fundamental del comercio marítimo mundial y, en ese contexto, el Canal de Panamá constituye un eslabón significativo, sobre todo para el comercio exterior estadounidense. Cómo cuidamos de él es relevante, no solo para nosotros, sino -también- para el influyente sector naviero y para Washington.
En ese sentido, entregar nuestra plataforma de transporte a potencias extranjeras, politizar y corromper la administración del Canal, y devastar la cobertura boscosa que permite la producción de agua -como sigue sucediendo, con fines crudamente especulativos- no tiene mucha lógica y entraña peligros para el país. Exijamos seriedad y transparencia en el manejo del Canal de Panamá.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá
