La decisión del alto tribunal de justicia de España, la Audiencia Nacional, de ampliar hasta mayo de 2020 el plazo para investigar una querella por delitos de lesa humanidad contra Brahim Ghali, actual líder de la guerrilla del Frente Polisario, demuestra que las causas de justicia universal siguen su marcha y que, en algún momento, habrá un fallo definitivo.
Ghali está acusado de “la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos contra la población saharaui disidente, algunos con nacionalidad española, refugiada en los campamentos de Tinduf”, en territorio de Argelia.
Ghali se ha librado de una orden internacional de búsqueda y captura por la protección de Argelia. Cuando ha viajado a América Latina lo ha hecho a través de Cuba, empleando un pasaporte diplomático argelino.
A ese personaje y su movimiento separatista, con el cual el gobierno de Juan Carlos Varela restableció relaciones diplomáticas –en una incongruencia de política exterior, porque esa guerrilla africana solo representa conflictos y no aporta nada al interés nacional- la Cancillería panameña lo está invitando a los actos protocolares de la transmisión del mando presidencial del primero de julio próximo.
Ese hecho es una afrenta a la dignidad del Estado panameño. A ese movimiento guerrillero que carece de los requisitos para ser considerado como Estado –como lo han definido las principales democracias latinoamericanas- solo lo reconoce por razones ideológicas un puñado de países, en su mayoría bajo regímenes autoritarios.
En su afán por mantener relaciones con el Polisario, Varela no ha disimulado su hostilidad hacia Marruecos, una potencia emergente en África con claras coincidencias con Panamá en aspectos marítimos, logísticos, turísticos, tecnológicos, agrícolas y servicios financieros.
El Polisario -creación de Argelia como punta de lanza en su agresión hacia Marruecos por el control del Sahara- atenta en forma permanente contra Rabat por su legitimidad y legalidad histórica sobre ese territorio.
Ghali y la guerrilla del Polisario, de acuerdo a responsables de inteligencia europeos, tiene vínculos con Irán y el movimiento terrorista libanés Hezbolá. Varela reconoció en mayo, basado en informes de la inteligencia israelí, que Hezbolá estuvo implicado en 1994 en el atentado contra un avión de Alas Chiricanas. El aparato estalló en pleno vuelo poco después de despegar de Colón, causando la muerte a 21 pasajeros y tripulantes, en su mayoría ciudadanos israelíes. Pero ha seguido coqueteando con el Polisario.
En el caso concreto de Ghali y otros 22 miembros de esa guerrilla africana, el juez español José de la Mata Amaya –célebre por sus investigaciones de corrupción, espionaje político y casos de extradición- tomó en cuenta la petición de la fiscalía para ampliar el límite de una investigación compleja por los numerosos hechos punibles y las necesarias pericias internacionales. La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal da a De la Mata Amaya un plazo de 18 meses prorrogables hasta que finalice el proceso.
Al conocer la decisión, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), expresó su “plena confianza en los procedimientos judiciales con el fin de que los culpables sean juzgados y paguen por las graves violaciones de las que se los acusa, las víctimas no queden en el olvido y no haya impunidad para los implicados en esas atrocidades cometidas en las cárceles clandestinas del Polisario”.
La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), rechazó que se pretenda “olvidar deliberadamente” los delitos de la guerrilla del Polisario y que se trate de “blanquear y justificar” sus actos criminales.
Al documentar 289 atentados cometidos en el Sahara marroquí por ese grupo separatista en las décadas de 1970 y 1980, que dejaron un saldo de 300 víctimas entre trabajadores españoles –incluyendo 16 pescadores muertos y 16 heridos- demandó que la guerrilla del Polisario sea incluida en el catálogo oficial de organizaciones que han utilizado el terrorismo contra ciudadanos ibéricos.
En una acción consecuente con esos hechos, en 1985 el jefe del Gobierno español, Felipe González, expulsó de su territorio a los representantes del Polisario y posteriormente España reconoció como víctimas del terrorismo a los pescadores asesinados e indemnizó a sus familiares.
En el diferendo por el Sahara marroquí, al igual que en otras zonas en disputa, la entrante administración Cortizo debería adoptar una postura equidistante que le permita a Panamá recuperar y hacer valer su tradicional neutralidad que tantos reconocimientos le granjeó en el pasado ante la comunidad internacional.
El autor es periodista