Un informe autorizado señala que más de 4 mil millones fueron robados durante el gobierno anterior. Fernando Berguido, en su reciente obra Anatomía de una trampa, expuso claramente la fórmula con la que sustraían esos dineros del erario público y cómo engrosaban las cuentas de empresarios y políticos corruptos. Esas riquezas tenían su origen en el boom económico originado por los Tratados Torrijos- Carter y provenían de los presupuestos del Estado.
En los tribunales de Nueva York, Odebrecht aceptó haber aplicado esa fórmula para obtener proyectos públicos y que sobornaba a los gobiernos con esos propósitos. Allá le impusieron una multa por $2,160 millones por haber utilizado el sistema financiero para blanquear esos capitales. Acá, no obstante, todo indica que la homologación compaginaría con un sórdido acuerdo entre los altos jerarcas de los poderes fácticos para esquivar la justicia y, sobre todo, para salvar y mantener su modelo político que les permite estas tropelías. El acuerdo de marras confirmaría la tesis del periodista Paco Nadal que entre los poderosos del país existe una cultura de impunidad -“la cultura de los 100 primos”- , cuya característica es protegerse unos con otros de los delitos que cometen debido al control que ejercen sobre las instituciones económicas, políticas y jurídicas del país.
El Ministerio Público comenzó a demoler esta cultura de impunidad teniendo conciencia del alcance de sus acciones; parecía el inicio del final de esta oligarquía. Las investigaciones alcanzaron a miembros conspicuos de “intocables” yeyesones y, como respuesta al “atrevimiento” de la procuradora y las fiscales, el establishment contraatacó con amenazas de banqueros, comerciantes, dueños de medios y políticos a sus servicios.
Sin embargo, la homologación con las autoridades brasileñas dejó dudas y crispó a vastos sectores con la audiencia pública. Como señaló el Dr. Francisco Carreira, “falta información, falta dinero y falta gente”; los nombres de los mismos que amenazaban a la justicia, los involucrados en este gigantesco saqueo de recursos jamás visto en la historia del país; recursos que debieron ser destinados para mejorar los deficientes servicios públicos y aliviar los problemas diarios que sufre la población.
La homologación, además, brindaría un escape a los acusados a pesar de las abrumadoras evidencias nacionales e internacionales aceptadas por los ejecutivos de la empresa. Al dejar registrado en la homologación que Odebrecht solo pagaba para evitar obstáculos administrativos y no -como aceptaron en los Estados Unidos- para que los gobiernos le asignaran proyectos, los que recibieron pagos millonarios pudieran quedar exentos de ser acusados de soborno y de peculado, delitos que contemplan severas penas. Si se cumpliese con la homologación los poderes fácticos lograrían el “borrón y cuenta nueva” que algunos de sus amanuenses negocian tras bastidores y le daría aliento a este modelo político de permanente francachela; modelo que colapsa por la descomposición política y moral de su élite.
Es importante subrayar que el objeto del Ministerio Público como representante del pueblo es perseguir el delito y el del Gobierno luchar contra la corrupción y recuperar los bienes robados; ese fue el compromiso electoral del presidente Varela, compromiso que formó parte del acuerdo firmado cuando creamos el Frente de Defensa de la Democracia y enfrentábamos la corrupción del gobierno de Martinelli en las calles. La homologación plantea recuperar solo 220 millones, ridícula suma si se compara con los miles de millones que se robaron durante ese quinquenio, y al no calificar los delitos de peculado y corrupción ni al existir auditorías que confirmen los sobreprecios -por la “sorprendente” omisión de la Contraloría-, el modelo corrupto quedaría intacto. Porque en el fondo lo que está en juego es el poder de estas élites, razón por la que maniobran denodadamente para no quedar presos ni para perder sus malsanos privilegios. Quizás por eso dejaron de transmitir las audiencias, pues el avispero se les venía encima.
Con estas desesperadas movidas pretenden escabullirse de las investigaciones y de severos castigos mientras simultáneamente preparan los colmillos para hincarlos en los millonarios proyectos de las riberas del Canal, como si no hubiese pasado nada. Dejar las cosas así, desaprovechar la oportunidad para acabar con esta cultura oligárquica, no hacer nada por detener la descomposición moral que atravesamos es imperdonable. Es el momento de recuperar el decoro nacional y establecer nuevos cimientos de una verdadera democracia con justicia social en la que podamos, todos, convivir en armonía y paz.
El autor es ciudano
