El conocido término francés déjà vu significa “ya visto” y se emplea para describir la sensación que alguna vez hemos experimentado de haber vivido antes un hecho aparentemente novedoso. Es lo que nos pasa a quienes tenemos más de una década de laborar en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
La divulgación de un documento en el que se recomienda promover la incorporación del Imelcf a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ha generado esa y otras no muy agradables sensaciones en quienes actualmente formamos parte de esa institución.
A finales del año 2007, ante la crisis institucional de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), se dispuso su fraccionamiento en dos partes: una, la investigativa, que conformó la nueva DIJ, y los servicios periciales de criminalística y laboratorios forenses, que se incorporaron al Imelcf. En aquel entonces se consideró que una institución que integrara a todos los servicios forenses en un solo organismo era la alternativa lógica ante los cambios que venían en la administración de justicia en Panamá
Como era de esperar, el Imelcf no estaba preparado para el impacto de asimilar a más de 400 peritos - policías y administrativos. No teníamos ni la infraestructura mínima ni se nos dotó de un presupuesto cónsono con la nueva realidad (de los 22 millones de dólares del presupuesto anual de la ex-PTJ, solo nos entregaron 2 millones). El cambio fue traumático y muchos eran los retos que enfrentar, el principal: crear una nueva identidad institucional.
Como quiera que sea, el proyecto se puso en marcha y poco a poco el Imelcf, pese a las conocidas restricciones presupuestarias, se ha consolidado como la institución de referencia nacional en la prestación de servicios periciales forenses.
Poco tiempo después, la implementación del sistema procesal penal acusatorio representó un reto y esfuerzos adicionales para la inédita institución, ya que este es un sistema en el que la prueba pericial científica es parte fundamental y, tal como lo ha dispuesto la norma, debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes, que asisten principalmente al Ministerio Público, entidad que lidera la persecución de los delitos.
El actual Imelcf no es ni Medicina Legal ni tampoco Medicatura forense. Se trata de una compleja entidad estatal civil que agrupa a peritos científicos de casi todas las especialidades de las ciencias forenses, quienes actúan a solicitud de las autoridades competentes, a nivel nacional, de manera permanente. Somos la institución de servicios periciales forenses más grande y completa de la región.
El Imelcf tiene tres componentes estructurales y operativos: la Subdirección de Medicina Forense, la Subdirección de Criminalística y laboratorios (la más grande) y la parte administrativa y de apoyo logístico. Su marco normativo son las leyes N° 50, de 13 de diciembre de 2006 y N°69, de 27 de diciembre de 2007. Antes del año 2006 era una pequeña dependencia del Ministerio Público y, a partir de la implementación de la Ley N°50, pasó a ser una entidad semiautónoma (adscrita al Ministerio Público, por razones presupuestarias). Su política institucional sigue los lineamientos de una junta directiva, compuesta por representantes del Ministerio Público, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, del Colegio Médico y del Colegio Nacional de Abogados. Posee autonomía administrativa y del manejo de los recursos humanos y presupuestarios; pero, sobre todo, total independencia en lo pericial.
El nuevo Imelcf es una entidad relativamente joven, con un modelo de desarrollo institucional en progreso; con falencias y limitaciones, producto de varias causas y circunstancias. En julio del año pasado comenzó una nueva administración, que ha mantenido la continuidad institucional, reconociendo los logros de la administración anterior, pero también señalando, de manera responsable, los problemas encontrados, quizás el más preocupante: su precaria condición financiera, con una deuda acumulada en prestaciones adeudadas, en concepto de vigencias expiradas, que sobrepasa los 21 millones de dólares.
La nueva administración presentó a la junta directiva su Plan Estratégico Institucional 2018 – 2023, con claros y definidos ejes estratégicos y objetivos; el plan fue aprobado y nos encontramos inmersos en una serie de ajustes cónsonos con la nueva visión: “Ser la institución de referencia nacional y regional en materia de medicina legal y ciencias forenses, con una organización moderna, eficaz y eficiente, personal altamente capacitado en todas las áreas de experticia forense y con un profundo compromiso humanitario, docente, científico-investigativo y ético-legal”.
En medio de este panorama surge la posibilidad de otro cambio drástico, aún más traumático que el anterior, transformación que plantea múltiples dudas y cuestionamientos: si no hay quejas mayores de los servicios que prestamos o pruebas de corrupción de peritos o administrativos, ¿por qué cambiar un diseño organizacional que funciona?; ¿se repetirá lo ocurrido en el año 2007?;¿dónde quedan el tiempo, los esfuerzos y los millones de dólares invertidos en capacitaciones, infraestructura, equipos, etc.?; ¿cuál será la situación laboral de los peritos y administrativos en esa nueva estructura policial?
Comparto el loable propósito de la propuesta: mejorar las investigaciones y la administración de justicia y la paz social en nuestro país; sin embargo, considero que cualquier proyecto que involucre nuestro futuro personal, profesional, el de nuestras familias y, sobre todo, el de las ciencias forenses en Panamá, debe ser el resultado de un acuerdo discutido y consensuado.
El autor es director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
