Organizaciones de derechos humanos han pedido explicaciones al nuevo presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el estatus de los casos de crímenes y abusos cometidos por la guerrilla africana del Frente Polisario contra ciudadanos saharauis, algunos con nacionalidad española, retenidos contra su voluntad en campamentos de refugiados en Argelia.
En una carta enviada a Sánchez, el presidente de la Asociación de Desaparecidos del Polisario, Dahi Aguai, enumeró lo que calificó como “atrocidades cometidas en las cárceles” de esa guerrilla y denunció que “algunos de esos torturadores se encuentran en territorio español y viajan por Europa con pasaporte diplomático argelino”.
Aguai –quien fue víctima de torturas y tratos crueles en cárceles de esa guerrilla africana- recordó que la Audiencia Nacional, máxima instancia de justicia en España, acogió en 2007 y 2012 denuncias contra líderes del Polisario. Entre las 28 personas contra las que se han presentado querellas criminales se encuentra Brahim Ghali, actual líder del Polisario.
De acuerdo al diario español El Mundo, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata Amaya –famoso por sus investigaciones anticorrupción- tiene abierta causa contra Ghali, acusado de “la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf”, en territorio argelino. Sobre Ghali pesa una orden internacional de búsqueda y captura, de la que se ha librado por la protección del régimen de Argelia.
Argelia y su creación, el Polisario, están enfrentados a Marruecos por el control del Sahara, y hostigan constantemente a las autoridades de Rabat por la legitimidad y legalidad histórica sobre ese territorio.
Más recientemente miembros de la asociación “La libertad es su derecho”, se reunieron con el secretario de Estado español para Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, para denunciar “el secuestro de decenas de mujeres retenidas contra su voluntad en Tinduf”, algunas de nacionalidad española.
Elisa Pavón, portavoz de la asociación, dijo que las denuncias han sido interpuestas también ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que actúen contra esas violaciones a los derechos humanos.
En ese contexto a finales de septiembre se cumplieron 33 años del ataque de esa guerrilla africana contra el buque Tagomago, de la armada española, que trataba de rescatar a siete marinos de un barco pesquero secuestrado por esos separatistas.
La patrullera recibió 48 impactos de metralla y proyectiles y dejó un soldado muerto y dos heridos, mientras que uno de los pescadores murió en cautiverio.
Los seis pescadores y el féretro del asesinado fueron recogidos una semana más tarde en el aeropuerto argelino de Adrtar, por un avión de la fuerza aérea española evidenciando la complicidad de Argel en el incidente.
Entre 1977 y 1987, más de 200 pescadores fueron víctimas de una veintena de ataques de esa guerrilla africana por faenar en aguas internacionales frente a las costas del Sahara, con saldo de 16 muertos y 16 heridos.
El más cruel de todos, de acuerdo a la prensa española, “fue el ataque al Cruz del Mar, en noviembre de 1978, con el balance de ocho muertos y tres heridos, que lograron salvar sus vidas tras arrojarse por la borda en el momento en que los polisarios los colocaron en fila y comenzaron a ametrallarlos a sangre fría”.
Esos ataques llevaron en 1985 al gobierno de Felipe González a expulsar de España al Polisario. Más tarde, en 2015, el gobierno de Mariano Rajoy reconoció como víctimas del terrorismo a los pescadores asesinados y entregó condecoraciones e indemnizaciones a sus familiares.
Hace dos semanas, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista cuyo texto denunció al Polisario como “una organización terrorista financiada por Irán”.
Los congresistas Joe Wilson (republicano de Carolina del Sur), Carlos Curbelo (republicano de Florida) y Gerry Connolly (demócrata de Virginia) patrocinaron la Resolución 1101 de la Cámara de Representantes, en la que señalaron que “los fines desestabilizadores de Irán y Hezbolá, ahora aliados del Polisario, se oponen a los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos”.
El reconocimiento por parte del gobierno de Juan Carlos Varela al Polisario no solo pone en duda su interpretación de lo que significan los valores democráticos, también se suma al coro de una veintena de países, en su mayoría bajo regímenes autoritarios, que respaldan a esa guerrilla africana.
El autor es periodista
