Panamá es un país de profundas desigualdades y enormes contrastes. Majestuosos rascacielos, lujosos centros comerciales, restaurantes de primera, eficiente Canal interoceánico, excelente infraestructura portuaria, gran aeropuerto, destacada línea aérea nacional, vanguardista Ciudad del Saber, fabulosos hospitales particulares y notable pedagogía privada. En su versión más subdesarrollada, empero, encontramos hacinados multifamiliares, basura por doquier, desagües obstruidos por desechos, ríos contaminados, escuelas en estado deplorable, desnutrición severa en comarcas, barriadas sin agua potable, abarroterías y puestos de comida inseguros, centros sanitarios sin medicinas y educación pública vergonzosa. Algunos millonarios, demasiados pobres. Una clase media estrangulada que paga proporcionalmente más impuestos que nadie y cuyos gravámenes fiscales son utilizados, sin consentimiento, para becas, subsidios, ayudas religiosas, campañas electorales y coimas políticas. Parasitismo estatal en su máxima expresión. Una justicia mediocre, dependiente de mandatos externos y de aplicación selectiva, según el apellido y compadrazgo del maleante con el gobierno de turno. Medios de comunicación al servicio del poder económico, con acceso diferencial de información privilegiada, sin respeto por la presunción de inocencia, explotando el negocio del morbo para calumniar y distrayendo a la sociedad según la conveniencia del momento.
Mientras la nación se desmorona por la corrupción generalizada, el odio entre facciones partidistas, el pernicioso populismo gubernamental y la creciente crispación del panameño decente, la civilización del espectáculo se apodera de la sociedad, actuando como cortina de humo para desviar la atención colectiva y dejar a los tramposos, pasados y actuales, en la impunidad. En las últimas dos semanas, entre apagones eléctricos tercermundistas y entrevistas de diputados oligofrénicos, dos hechos noticiosos trastocaron la tranquilidad ciudadana: un aparente acto de racismo contra jóvenes deportistas de tez oscura y un video de parto protagonizado por una profesora de la Escuela Profesional. En el primer caso, conviene enfatizar que la discriminación de cualquier tipo (raza, nacionalidad, clase social, género, homosexualidad, etc.) tiene idéntico sustrato psicológico: imbecilidad mental. Una persona que estigmatiza a otra demuestra la soberbia típica de un ser humano inferior.
En el segundo suceso, una docente, genuinamente preocupada por la prevención de embarazos en adolescentes, fue satanizada porque su folclórico método de enseñanza indignó a puritanos y mojigatos. Sus alumnos, curiosamente, disfrutaron la creatividad y se identificaron con su claridad de enseñanza. Ese lenguaje crudo y directo es precisamente el que se graba en la mente de los muchachos. Si tuviéramos una Teresa Argüelles en cada plantel, las estadísticas de embarazos precoces e infecciones de transmisión sexual se distanciarían ostensiblemente de las cifras africanas. Con solo una gestación evitada, esta maestra contribuye más al bienestar de la juventud que todos esos moralistas y cabecillas religiosos que han bloqueado la implementación de la educación sexual por décadas. Después de tantos años de pelear por la elaboración de unas guías de instrucción sexual integral, todo permanece en tinieblas. Paralelamente, sin embargo, las televisoras pasan escenas pornográficas de carnavales y novelas, los anuncios comerciales siguen cargados de elevado contenido erótico, los videos musicales están repletos de violencia sexual y los jóvenes disponen de dispositivos digitales donde se exponen, sin tamizaje alguno, a páginas de lujuria desenfrenada. Menuda forma de aprender una sexualidad responsable.
Desafortunadamente, los dos acontecimientos distrajeron por varios días la vigilancia ciudadana sobre las graves bataholas de corrupción que enfrenta nuestra vilipendiada patria. Vivimos una degradación global de la sociedad, donde los medios de comunicación convierten cualquier noticia importante en entretenimiento, en mercancía para el consumo. Las corporaciones mediáticas batallan por alcanzar el mejor rating entre los espectadores. La pizzería aprovechó la guerra por sintonía, logrando espacios visuales gratuitos para disculparse por el bochornoso incidente y ganando imagen de cara a la galería, con un gasto irrisorio de unas pocas becas y cenas de cortesía. El defensor del Pueblo y el director de Acodeco, apenas visibles desde que asumieron sus cargos, tomaron ventaja del asunto para darse a conocer. Los cabecillas de Meduca acudieron velozmente a dirimir qué hacer con la educadora, quizás para silenciar las constantes críticas por la perversa condición de numerosos colegios a lo largo del territorio istmeño. Mucha retórica elegante, pero todavía estamos a la espera de unas guías de sexualidad que puedan capacitar al personal educativo en un asunto tan imprescindible como impostergable. Estas normas, una vez culminadas, deberían llevar el nombre de Teresa Argüelles, una forma ejemplar de resaltar su valentía, liderazgo y compromiso con las generaciones venideras.
Tristemente, ambos temas se analizaron con penosa superficialidad, en medio de un debate tan estéril como circense. Nadie se percata de que las causas de estas conductas se deben a la asimétrica descomposición social de la población, a la falta de inclusión de las minorías en las decisiones legislativas, al desapego a derechos humanos básicos y al paupérrimo sistema educativo que impera en Panamá. La discriminación, en todas sus modalidades, es un comportamiento que venimos enfrentando diariamente, pero que solo denunciamos cuando afecta a nuestro entorno. Mientras no superemos la mentalidad provinciana, jamás seremos una nación civilizada. Duele admitirlo.