El proyecto de las reformas electorales del año 2011 naufragó, después de haber avanzado hasta el segundo debate, debido a la intransigencia apocalíptica de los magistrados electorales, entonces presididos por el excandidato independiente y posteriormente candidato vicepresidencial del PRD, Gerardo Solís, quienes vetaban que los diputados hicieran reformas al texto original presentado por ellos.
Uno de los cambios introducidos durante el primer debate en la Comisión de Gobierno, que presidía el diputado Hernán Delgado y, también aprobado en segundo debate, fue “la doble vuelta”, que hubiera equiparado nuestro sistema de elección presidencial al que rige en la casi totalidad de los países del continente americano.
El sistema electoral panameño es de vuelta única y, por tanto, el ganador es el que obtiene el mayor número de votos, sin que importe, como ya ha ocurrido, y puede volver a suceder, que su caudal electoral no sea verdaderamente representativo de la voluntad de la mayoría del electorado.
En las elecciones de 1994, el candidato ganador, Pérez Balladares, obtuvo un magro 32% de los votos válidos. Pero ese porcentaje era aún menos representativo, si se tiene en cuenta que solamente votó el 70% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral. En resumidas cuentas, el candidato ganador, a duras penas, representaba al 25% de la ciudadanía.
A las pasadas elecciones concurrieron seis candidatos presidenciales: tres apoyados por los cinco partidos vigentes y tres independientes o de libre postulación. Esos cinco partidos, PRD, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Molirena y Popular, como hasta ahora parece vislumbrarse, volverán a presentar tres candidaturas, aunque no necesariamente repitiendo las mismas alianzas que pactaron en 2014.
En proceso de formación hay otros tres partidos, el FAD, que vuelve a intentarlo y otros dos más, que prometen acudir al torneo electoral con candidatos propios. Además, es previsible que vuelvan a presentarse tres candidaturas de libre postulación. En suma, y salvo sorpresas, para las elecciones de 2019 podrían entrar en la liza electoral ocho candidatos presidenciales.
Bajo ese escenario, aplicando simples probabilidades matemáticas, cualquiera de ellos podría ganar las elecciones con el 15% o el 20% de los votos válidos. O sea, con una representatividad real de entre el 12% y el 14%, lo que sería una auténtica aberración.
Al ritmo que viene funcionando la Asamblea Nacional, las reformas a la legislación electoral serán aprobadas antes de que concluya el actual período ordinario de sesiones ordinarias. El contenido final sigue sujeto a múltiples especulaciones y, en consecuencia, no hay que descartar las sorpresas de última hora, pero entre ellas, pues a nadie se le ha ocurrido, no figura como posible la introducción de la doble vuelta.
Deseable fuera que en el lapso que todavía separa al proyecto de su aprobación final, se la incluya, ya sea porque la presente alguno de los diputados o porque la impulsen los sectores que representan a la ciudadanía no partidaria, como el Foro Pro Reformas Electorales u organizaciones de la sociedad civil, con suficiente gravitación, como los gremios empresariales o profesionales.
Esa es una reforma necesaria, pero de la que no se ha hablado, después del fallido intento del año 2011. Un somero inventario de nuestro entorno geográfico comprobaría que somos, quizá, el único país latinoamericano que no la ha instituido. En algunos se exige el 50%, más uno, de los votos válidos, para ganar en primera vuelta. En otros, como son los de Ecuador o Nicaragua, en los que no se exige alcanzar la mitad de los votos, el primer votado debe superar por un 10%, al segundo más votado. En ambas situaciones, lo que se persigue es que quien finalmente resulte electo tenga, como aval, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.
El argumento más socorrido para objetar la inclusión de la doble vuelta siempre ha sido que se prestaría para que los candidatos que queden excluidos en la primera, hagan pactos con los que concurrirán a la segunda. Ese argumento ha probado no tener validez. Los electores, cuando se les ha tratado de influenciar en ese sentido han hecho oídos sordos.
Pero, además, esto es bueno recalcarlo, la doble vuelta es la mayor demostración de respeto al derecho de los ciudadanos a elegir y la vía para romper el secuestro que los partidos tradicionales han impuesto sobre el sistema electoral.
