Hace aproximadamente una semana, con gran fanfarria, se reunieron en las Islas Galápagos los presidentes de Ecuador, Colombia y Costa Rica, para anunciar la suscripción de un acuerdo tripartito para delimitar el mar territorial y la zona de exclusividad económica que, según ellos, les pertenece en el océano Pacífico y que, de cumplirse a rajatabla, podría dejar a nuestro país encerrado y sin libre acceso a las aguas internacionales.
El pasado viernes 16, en los medios de comunicación se dio cuenta de que hubo una reunión en la Cancillería, relacionada con el susodicho acuerdo tripartito, en la que se concluyó solicitar, hay que presumir que al Gobierno ecuatoriano –que fue su promotor– copia del acuerdo tripartito. Y se invocó como razón que el enclaustramiento al que podría quedar sometido Panamá afectaría el paso de los buques que acceden o salen del Canal por el Pacífico, si los países autoerigidos en titulares de esos espacios marítimos decidieran, como soberanos, imponer peajes o de alguna otra manera restringir el libre tránsito.
Los acuerdos, del contenido suscrito por Ecuador, Colombia y Costa Rica no surgen de un día para otro. Con seguridad se gestaban desde hace varios meses o, tal vez, años. Por consiguiente, y debido a que la reacción de nuestra Cancillería proyecta que ha sido sorprendida con un acontecimiento inesperado, cabe poner algunas interrogantes sobre la mesa:
1. ¿Tratándose de “países amigos” y siendo que estos debían ser conscientes de que el acuerdo que negociaban tendría repercusiones negativas para nuestro país y podría afectar el libre tránsito de los buques que entran y salen del Canal, en algún momento estos tuvieron la elemental cortesía de poner en autos a nuestro gobierno?
2. ¿Nuestras embajadas en Ecuador, Colombia y Costa Rica nunca tuvieron noticias o indicios de lo que se fraguaba, y si la tuvieron, advirtieron a la Cancillería o a la Presidencia de la República?
3. ¿Si consumada la firma y hecho el anuncio del acuerdo tripartito, este fue publicado en los medios de comunicación de esos países o en las páginas oficiales de sus gobiernos, por qué se esperó una semana para anunciar que se solicitaran copias del mismo?
4. ¿Por qué inmediatamente después de divulgada la noticia nuestra Cancillería no citó a sus representantes diplomáticos en Panamá para solicitarles una explicación oficial?
5. ¿Se ha instruido al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia para que prepare, por lo menos, un bosquejo que comience a ilustrar cómo se vería el mapa marítimo de Panamá, tomando como referentes los puntos utilizados como base por los tres países para fijar sus nuevos límites marítimos?
6. ¿Se pedirá a los tres países que aclaren si en el presente inmediato o en el futuro proyectan ejercer derechos soberanos sobre el mar que se han adjudicado como propio, con las consecuencias restrictivas que esas medidas podrían tener sobre la libre navegación en aguas hasta ahora consideradas internacionales?
7. ¿Ante un acuerdo de tanta trascendencia y gravedad, ha considerado el Gobierno panameño activar el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores para que analice el tema y proponga la adopción de una posición oficial y las acciones que como país podríamos realizar para proteger los intereses nacionales?
Prima facie, esas interrogantes debieran merecer respuestas claras y oportunas de parte de nuestra Cancillería. Y con el mayor respeto, pero con legítima preocupación, las hacemos públicamente.
