Panamá es un país de paradojas. En Latinoamérica somos el país con el mayor ingreso per capita, más alto salario mínimo, tercera mejor calidad de empleo y cuarto más bajo nivel de informalidad, pero tenemos la décima peor distribución de los ingresos en el mundo.
En el centro de la paradoja está un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país. A pesar de históricas multimillonarias inversiones, este no está sirviendo de plataforma para la inclusión y movilidad social de sus jóvenes. Por el contrario, está acentuando las brechas entre los muchos que tienen poco y los pocos que tienen mucho. Es difícil solucionar problemas que no entendemos, dando respuestas correctas a preguntas equivocadas, logrando más efectismo que efectividad. Rara vez sabemos cuál es el problema, pero siempre sabemos quién es el “culpable”.
Entre 2006 y 2015 la inversión estatal en educación y formación laboral superó los $10 mil 258 millones (presupuestos anuales de Meduca e Inadeh). Pero los panameños de 15 a 29 años, un tercio de la población en edad productiva y 2 de cada 3 personas que hoy buscan trabajo, solo se han beneficiado de 1 de cada 15 nuevos empleos generados por la economía en los últimos cinco años (versus uno de cada tres entre 2004 y 2009), uno de cada cuatro de ellos no trabaja ni estudia (nini), aportan 57% de la población penitenciaria y se ven involucrados en dos de cada tres detenciones que hace la Policía Nacional.
La igualdad de oportunidades requiere democratizar el conocimiento, pero el divorcio educación-empleo lleva consigo importantes distorsiones entre la oferta y la demanda, que plantean un serio cuestionamiento al rol del sistema educativo como instrumento de movilidad social.
Con una deserción del 56% en educación premedia y media, y 95% de los graduandos humildes incursionando en el mercado laboral, versus 64% de los bachilleres de clase media y alta (Banco Mundial, julio 2012), solo el 2% de los pobres panameños estudia más allá del bachillerato y los empleos mejor remunerados tienden a favorecer a jóvenes más pudientes. Irónicamente, existen mil 953 ofertas formativas posecundaria, en cinco universidades públicas con 455 carreras y programas, 41 universidades privadas (719 ofertas), y 112 institutos técnicos superiores privados (779). Es decir, mil 953 opciones para el 2% de los pobres y 64% de los bachilleres de clases más privilegiadas.
Sin embargo, 7 de cada 10 nuevos empleos generados en los últimos cinco años (2012-2017) requirió 12 o menos años de escolaridad. De hecho, dos de cada tres trabajadores panameños (educación media o inferior) gana $800 o menos. El promedio de instrucción formal de la fuerza laboral es 11.3 años.
Nadie puede cuestionar la necesidad de mejorar la calidad y pertinencia de la educación universitaria, pero el logro de mayor movilidad social parece cada vez más vinculado al fortalecimiento de las competencias técnicas y actitudinales de esa gran mayoría de jóvenes humildes que se ven en la necesidad de buscar la manera de ganarse la vida en forma prematura.
El autor es asesor empresarial