Educación versus propaganda

En Panamá hemos estado abrumados por la propaganda oficial que pagamos todos. En ese renglón se gastaron cerca de 135 millones de dólares en la administración de Martín Torrijos, 274.8 millones de dólares en la de Ricardo Martinelli y 26.4 millones de dólares en la de Juan Carlos Varela (La Prensa, 6 de julio de 2019), a pesar de que en su oferta electoral criticó duramente ese gasto de su predecesor. 

 “En los diálogos de las cuñas siempre subyace una intencionalidad de carácter político partidista para beneficiar el grupo que detenta el poder”, dice la doctora Carmen Solano, de la USMA, en su valioso ensayo sobre este asunto. El resultado en los tres casos fue negativo para los políticos en el poder. Si bien Martinelli terminó con un porcentaje de aprobación de 50%, su candidato presidencial perdió, así como lo hizo el de Torrijos. Varela tuvo menos aprobación, un escuálido 9.3% de los panameños consideró su administración buena o sobresaliente, y su candidato perdió de manera ejemplar al sacar solo 10.8% de los votos en mayo último.

La primera lección de estos resultados es que la propaganda gubernamental no asegura un éxito electoral. La segunda, y quizá más importante, es que tampoco cumple con las necesidades de los panameños, puesto que según la experta Carmen Solano, los mensajes de la publicidad estatal “han sido utilizados para crear una imagen personal positiva de los altos cargos y con pretensiones electorales de su gestión gubernamental. El 38% de las cuñas no son de utilidad pública, sino para ensalzar la labor del gobierno”.

El colmo fueron las cuñas del presidente Varela hasta el último día de su mandato, que eran un modelo de culto indigno de la personalidad de un mandatario ya rechazado por la inmensa mayoría.

En Panamá pareciera ignorarse que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la publicidad estatal trata “de información de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado, y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de los ciudadanos o con fines electorales o partidarios”, como se hace aquí.

¿Qué hubiera sucedido si esas sumas colosales, que alcanzaron hasta centenares de millones de dólares, se hubiesen empleado en educación ciudadana?

¿Cómo sería la actitud y el comportamiento de nuestra población si hubiese disfrutado durante 10 años de un masivo programa de educación para actuar positiva y correctamente en sociedad, como sucedió en la década de 1990 en la Alcaldía Mayor de Bogotá? Allí descendió la tasa de accidentes de tránsito y hasta de homicidios y hubo menos basura en las calles.

Panamá se mejoraría notablemente si se destinaran esos gastos gubernamentales considerables para enseñar a la población mediante todos los medios disponibles, especialmente la televisión, prensa escrita y radio, a comportarse apropiadamente, a reclamar sus derechos ante las oficinas públicas y las autoridades electas, a exigir un trato decente de los funcionarios que paga para servirla. A respetar el espacio público y las normas de tránsito, de disposición de desechos, de uso de los servicios públicos como el agua y la energía. A disminuir la contaminación ambiental, particularmente los ruidos excesivos de vecinos, automóviles, clubes sociales y cantinas. A proteger el patrimonio colectivo. A conducir con corrección y cordialidad. A comportarse adecuadamente en sus escuelas, a respetar a los mayores, en especial de la tercera edad. A ayudar a la gente más vulnerable, en mayor riesgo social. A cesar la discriminación, el prejuicio y el discurso de odio hacia el otro, el extranjero, el diferente.

Serían esfuerzos destinados a llenar el vacío que no cubre uno de los peores sistemas educativos del continente americano enquistado en la educación pública panameña. A llenar igualmente los vacíos de una precaria educación cívica, a menudo ausente del seno familiar.

Ojalá el gobierno que se ha instalado con grandes expectativas ciudadanas se haga pronto eco de la sabia recomendación de la doctora Solano cuando dice: “se evidencia la impostergable necesidad de legislar en Panamá el uso de la publicidad del Estado con los criterios de beneficio social y manejo presupuestario enfocados hacia las necesidades del ciudadano, que son los que deben imperar en la práctica de los funcionarios públicos”. Sería un gran servicio que le harían las nuevas autoridades a la débil democracia panameña y a nuestra sociedad.

El autor es geógrafo, historiador y diplomático