En 1981, el Papa Juan Pablo II ordenó la revisión de los archivos relativos a la condena de Galileo Galilei ocurrida en 1633, por sostener que la Tierra giraba alrededor del sol y no al contrario. Once años después, ante la Academia Pontificia de la Ciencia, el Papa declaró oficialmente la inocencia del matemático italiano, que había osado cuestionar la teoría aristotélica que la Iglesia defendía a ultranza, porque era el sustento para mantener el orden social, político y religioso que la convirtió en la poderosa institución que conocemos.
En su disculpa pública, Juan Pablo II dijo entonces que confiaba en que “la seriedad de la información científica….. contribuirá a evitar nuevos conflictos inútiles”. Bueno, todo indica que estamos otra vez en tiempos de conflictos inútiles entre la ciencia y la fe.
La historia viene a cuento estos días en que un polémico proyecto de ley que se propone crear un sistema de registro público de los no nacidos, recibió el apoyo de la Iglesia Católica, crispando aún más un debate que parece colocarnos en tiempos de Galileo Galilei.
El proyecto que defienden con brío y poco respeto los jerarcas de la Iglesia Católica panameña, pretende convertir en persona un feto aunque no logre nacer, en contradicción con los conceptos científicos y jurídicos sobre el momento en que se adquiere la condición de persona y, por consiguiente, el derecho a ser reconocida por las instituciones públicas.
El Derecho Romano que constituye la base de nuestro ordenamiento jurídico, determinó con claridad que una persona era aquella que nace con vida y separada de la madre, que tuviera forma humana y que fuera el producto de un parto entre el séptimo y el décimo mes de gestación. Es decir, el no nacido o nasciturus, no era considerado persona por quienes pensaron y crearon las instituciones jurídicas que aún nos rigen.
Y no se trata de que el nasciturus no tenga derechos; los tiene. Justo por eso, garantizar los cuidados de la futura madre, es una obligación del Estado. El objetivo es que llegue a feliz término el embarazo, que el fruto del mismo nazca y a partir de allí pueda ser inscrito en el Registro Civil.
Lo mismo establece nuestro Código Civil al señalar en su artículo 41, que “la existencia de la persona natural principia con el nacimiento”, y que el nacimiento se produce cuando el feto haya vivido “un momento siquiera desprendido del seno materno”.
Todo lo anterior es el ámbito público, institucional, científico. No caben aquí consideraciones filosóficas, teológicas o morales, que guardan relación con creencias o doctrinas religiosas. Para ello está el ámbito de lo privado, donde debe permanecer.
Si existen creencias religiosas o filosóficas que consideran que el no nacido merece un reconocimiento formal, existe la completa libertad para realizar ese reconocimiento bajo el rito que se elija. Es, justamente, la libertad de culto que garantiza la Constitución.
La aguerrida postura de Iglesia Católica panameña sobre este tema, evoca el recuerdo de aquellas penosas acciones por las que el Papa Juan Pablo II decidió pedir público perdón en el año 2000.
“Como sucesor de Pedro, pido que este año de misericordia de la Iglesia… se ponga de rodillas ante Dios e implore el perdón de los pecados pasados y presentes de sus hijos”, fueron las palabras del Papa, mientras siete cardenales de la curia romana leían las siete imputaciones que el Papa quiso reconocer ante el mundo.
Como la lista es larga solo citaré los pertinente a los tiempos que corren: los pecados cometidos al servicio de la intolerancia y la violencia en contra de los disidentes, guerras de religión, violencias y abusos en las Cruzadas y métodos coactivos de la Inquisición; pecados en contra del amor, la paz, los derechos de los pueblos, el respeto de las culturas y de otras religiones; faltas en contra de la dignidad humana y la unidad del género humano, las mujeres, las razas y las etnias; pecados en el campo de los derechos fundamentales de las personas, etc. etc. etc.
Diez y ocho años después y ahora con el papa Francisco, vendría la larga lista de peticiones de perdón por los abominables abusos sexuales cometidos por sacerdotes por doquier, incluso por supuesto en Panamá.
Todo indica que los jerarcas católicos panameños, así como los que han convertido el tema en una cruzada, requieren darle un repaso a la lista de pecados por la que ya el Vaticano pidió perdón. Parece que la olvidaron.
La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana
