En mayo 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un informe titulado “Evaluación del Impacto Social” (EIS), en el cual plantea la necesidad de la integración sistemática de los problemas sociales en la planificación e implementación de proyectos, con miras a mejorar su calidad y sostenibilidad, apoyar y fortalecer requerimientos nacionales y mejorar tanto la aceptación como la apropiación local del proyecto.
En 2007, la Sección de Investigación y Análisis de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (Unodc) publicó un informe titulado “Crimen y desarrollo en Centroamérica, atrapados en una encrucijada”, donde advertía: “Los estudios sobre la correlatividad en la delincuencia han encontrado que la distribución de la riqueza en una sociedad es de hecho mucho más significativa que la pobreza extrema, para predecir los niveles de violencia… El desempleo, especialmente en los jóvenes de las zonas urbanas que han abandonado la escuela, se ha asociado también con los niveles de delincuencia, y las economías urbanas no están creciendo lo suficientemente rápido como para soportar el crecimiento de la población”.
Las repercusiones sociales de la economía postampliación plantean un desafío inédito. Entre 2004 y 2014 se acometieron importantes proyectos de infraestructura, incluyendo la Ampliación del Canal, con una inversión superior a los $6 mil millones, principalmente entre 2010 y 2014. Cada $1 invertido en la expansión generó $0.34 en compras de bienes de capital y $0.64 de demanda interna de construcción.
A su vez, de acuerdo a estándares internacionales, cada 10 nuevos empleos directos en la construcción generan 6 nuevos empleos en otros sectores. En esa década, el sector de la construcción duplicó su fuerza laboral, y 52% de la expansión del empleo vino de la construcción, comercio y agricultura. Pero a partir de 2014, 3 de cada 4 nuevos empleos provienen de logística, turismo, industria, comercio y servicios sociales, incluyendo salud. Hoy, las competencias laborales requeridas son diferentes.
En Panamá, con una deserción escolar en educación premedia y media del 56% y 95% de sus graduandos humildes buscando trabajo. La construcción, con un requerimiento promedio de escolaridad de 9.6 años, salario promedio de $681.90 y 83% de su fuerza laboral con educación media o inferior, plantea para muchos jóvenes humildes una posibilidad real de empoderamiento e integración a la sociedad productiva.
En febrero 2017, Efosa Ojomo, investigador de la Universidad de Harvard, publicó un artículo en The Guardian, bajo el título “En su obsesión con erradicar la pobreza es donde el desarrollo se ha equivocado”, donde plantea que erradicar pobreza no es lo mismo que crear prosperidad, y muchas de las estrategias de inversión social en países del tercer mundo no crean desarrollo sostenible por sí solas, pues están dirigidas a resolver el problema equivocado.
“Debido a que la pobreza casi siempre se manifiesta como una falta de recursos en las comunidades pobres: alimentos, agua potable, saneamiento, educación, salud, etc., es razonable teorizar que la pobreza es un problema de recursos. Sobre la base de esa premisa, ejecutamos una estrategia de asignación de recursos de los que carecen las comunidades pobres para resolver el problema. Pero aunque podamos aliviar la pobreza, no hacemos mucho más”.
De tal manera que la evaluación del impacto social de los proyectos y la reactivación de la construcción, con miras a identificar oportunidades para inserción laboral e inclusión productiva de grupos marginados, se convierten en primeras prioridades en el país con el mayor ingreso per cápita de Latinoamérica y la sexta peor distribución de la riqueza en el mundo.
El autor es asesor empresarial.