Es muy difícil para un ciudadano cualquiera señalar de manera contundente quién tiene la razón en un supuesto caso de justicia fallida. Ni siquiera los abogados aparentemente independientes, incluyendo penalistas, se ponen de acuerdo en atribuir jurisprudencia a la jefa del Ministerio Público o a la Corte Suprema en los escándalos de corrupción. Pese a las innumerables opiniones vertidas en medios y redes sociales, alcanzar la verdad absoluta sobre la culpabilidad o inocencia de una determinada persona parece un inextricable rompecabezas. Todos vemos la realidad de forma diferente según el color del cristal que utilicemos para descifrarla. Ese color se enturbia por el carisma del acusado, el sesgo ideológico, la simpatía partidista, la intuición personal y el grado de conocimiento de las evidencias disponibles. Al no conocer, además, la presencia de potenciales conflictos de interés en el fondo de cada interpretación, tomar partido en un dilema jurídico resulta complejo y riesgoso. Al final, nuestras deducciones pertenecen casi exclusivamente al terreno de la percepción.
Las declaraciones de la procuradora, a mi juicio, fueron extraordinariamente irresponsables. Decir que debido a las intimidaciones recibidas, varios casos delictivos podrían quedar nulos es una actitud surrealista. Cualquier funcionario que reparte justicia debe tener asumido que se expone a amenazas de toda índole, pero que nada ni nadie podrá quebrantar su integridad y conciencia ética. Es más, ante estas situaciones, lo más lógico sería investigar la procedencia de dichos chantajes para penalizarlos de forma expedita. Considerable evidencia en el campo de la psicología demuestra que la vasta mayoría de las amenazas anónimas carece de credibilidad. En su desafortunada alocución, además, la señora Porcell se refirió a presiones de políticos, banqueros, empresarios y medios de comunicación. Ella debe saber o sospechar, por ende, detalles de las identidades de esos perpetradores. No dar nombres fue un acto imprudente y poco convincente. Este comportamiento podría ser percibido como una justificación anticipada de fracaso, en la eventualidad de que los procesos se caigan por la propia ineptitud de sus subalternos. Por las actuaciones del Ministerio Público observadas hasta la fecha, es probable que muchos incidentes queden impunes más por incompetencia que por intimidación. Las fiscalías han actuado de forma selectiva, arbitraria y desproporcionada, orientadas más a lucirse ante las cámaras que a respetar los derechos de presunción de inocencia y debido proceso de los imputados. La justicia en Panamá se ha mediatizado y politizado peligrosamente.
Las decisiones de indagatoria obedecen más a recortes de periódicos, acusaciones basadas en odios y mandatos revanchistas del gobierno que a evidencias claras y concretas. Se ha hecho tanto espectáculo por sucesos banales de irregularidad administrativa, admitiendo denuncias sin sentido, vagas especulaciones sobre peculado o auditorías amañadas no refrendadas por Contraloría, que ahora los casos más emblemáticos de corrupción real corren el riesgo de quedar archivados. Tirar pelotas a la cancha de la CSJ deja entrever la falta de profesionalismo.
No pretendo defender la honorabilidad de ningún magistrado. Ganarse un puesto en la CSJ, en vez de representar el premio a la culminación de una trayectoria de integridad y ética en el ejercicio del derecho, se ha convertido desde hace décadas en una oportunidad para generar fortuna ilícita y viajar por el mundo. Todos hemos sido testigos de las aberrantes sentencias acontecidas en las administraciones de Pérez Balladares, Moscoso, Torrijos y Martinelli, que cubrieron con estiércol una gran cantidad de escándalos de corrupción evidente. La lista de delitos a describir sería interminable. Las filtraciones pasadas de Wikileaks revelaron que la Corte funcionaba como una Suprema Taquilla de Justicia.
Se debería realizar un censo de todos los propietarios de las casas lujosas de playa o montaña en el país. Descubriríamos, seguramente, los nombres de muchos funcionarios de pasados gobiernos que usurparon las arcas estatales y que no podrían justificar su grosero nivel de enriquecimiento.
Todavía recuerdo un editorial de La Prensa que señalaba el caso Cemis como el más grande entramado de corrupción jamás visto en Panamá, un contubernio delictivo entre los partidos PRD y arnulfismo. Ese expediente fue archivado con alcanfor pese a todas las quejas de la sociedad. Repugna ver ahora a los protagonistas de ese vergonzoso período de impunidad (políticos, exprocuradores, abogados, etc.), vomitando su retórica moralista en entrevistas mediáticas, como si hubiéramos olvidado que ellos, en su momento, exhibieron sumisión, inmovilismo o indiferencia. Caraduras. Lo más preocupante de la realidad actual es que la exagerada obsesión de las fiscalías por condenar a gente y brillar de cara a la galería, termine por castigar a individuos decentes. Es mucho peor condenar a inocentes que absolver a culpables. A los primeros se les desgracia su vida injustamente, a los otros tarde o temprano se les pesca nuevamente, porque el juega vivo está incrustado irreversiblemente en su personalidad. El desmedido abuso de autoridad puede desencadenar en otras dos graves consecuencias: nadie capaz querrá formar parte de los próximos gobiernos, y la posibilidad que en 2019 gane cualquier pelafustán podría propiciar una cacería de brujas con efecto búmeran. Cuidado, estamos jugando con fuego. Francisco de Quevedo decía: “Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”. Increíble que esa frase tenga notoriedad 400 años después…
El autor es médico
