El 2016, probablemente, pasará a la historia como el año en el que más se habló de los jóvenes. Acabamos de culminar una huelga magisterial, corolario de una intensa discusión sobre inversión, calidad y pertinencia educativa, que apenas comienza; Panamá fue designada sede de la próxima Jornada Mundial de Juventud para 2019, y en octubre próximo Cartagena, Colombia, será sede de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se centrará en “Juventud, Emprendimiento y Educación”.
El fenómeno de la población de entre 15 y 29 años, jóvenes que no trabajan ni estudian, alcanza proporciones epidémicas en el mundo. En Panamá ellos son los grandes ausentes en la bonanza económica; exclusión que tiene como trasfondo un sistema educativo históricamente divorciado de la realidad laboral del país. La poca efectividad de la inversión estatal en educación y formación vocacional se puede medir. En la última década (2006-2015) el Estado asignó $9,601 millones al Ministerio de Educación y $657 millones al Inadeh, con esto la inversión ascendió a $10,258 millones. ¿Ha contribuido esto a mejorar la inclusión social e inserción laboral de los jóvenes panameños? No. Entre marzo de 2005 y marzo de 2009, 1 de cada 3 nuevos empleos generados benefició a un joven; pero entre marzo de 2009 y marzo de 2016 solo benefició a 1 de cada 20. ¿Qué está pasando?
Entre marzo de 2009 y marzo de 2016 la población de entre 15 y 29 años creció en 102 mil 768 personas (12%) y la población estudiantil en esa franja de edad se ubicó en 91 mil 353 estudiantes (52% de aumento). En ese período la economía formal generó 341 mil 301 empleos, pero menos del 5% (15 mil 423) fue para jóvenes. El aumento en la matrícula escolar, en una proporción muy superior a la expansión de las oportunidades laborales para sus graduandos, hace prever que la alienación continuará.
El 78% de estos empleos requirió 12 o más años de escolaridad, pero la mitad de los estudiantes que inicia sus estudios secundarios no los termina y el 95% de los alumnos humildes que sí lo hace, incursiona en el mercado laboral, cuyo sector formal contrata a trabajadores con 45 años de edad y 13.3 de escolaridad. Esto plantea que son los jóvenes de escasos recursos los más afectados por el requisito de madurez y educación; “condenados”, por ende, a una vida de temporalidad e informalidad, con serias dificultades para aspirar a empleos bien remunerados, lo que limita sus perspectivas de movilidad social. Esto solo abona al aumento en la informalidad, cuyo crecimiento desde el 2009 supera el de la economía formal, que perdió 16 mil 370 empleos en el último año, período en el que se crearon 25 mil 717 plazas informales, un incremento del 6%. Además de elevar su posición relativa en los rankings internacionales de enseñanza, la mejora en la educación debe fortalecer su pertinencia en función de la demanda laboral, para la inclusión de los jóvenes al progreso económico del país.
