Secuestran a una recién nacida en Chiriquí, asesinan al hermano de una exdiputada en Colón, asaltan un minisúper y violan a las dos dependientas, niegan solicitud de detención para acusado de violar a dos canadiensas en un hotel de playa, balacera deja dos muertos en vía Transístmica, muere una niña de 10 años en una balacera en Curundú, cambian medida de detención para acusado recluído en Punta Coco, son algunos de los titulares de las noticias en las últimas semanas. Definitivamente algo está pasando con la seguridad en el país.
Es un tema muy complejo y seguramente tendrá muchas explicaciones por parte de los expertos. El ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, mencionó que con el nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA) lograr condenas era muy duro y que como sociedad debíamos hacer un análisis. Dijo que no estaba bien que la policía haga su trabajo, que el Ministerio Público haga también su trabajo, y que los jueces dejen salir a los delincuentes.
El Sistema Penal Acusatorio (SPA) cumple tres años de haberse implementado a nivel nacional, y su efectividad en cuanto a la agilización de los procesos es indiscutible, comparada con la del sistema inquisitivo mixto. Sin embargo, al ser un sistema garantista, pone mucha presión a los fiscales de presentar en corto tiempo los elementos de convicción para justificar la imposición de medidas cautelares frente a los jueces de garantía.
En el sistema inquisitivo mixto la aplicación de la detención preventiva era facultad del fiscal y su revisión frente a un juez demoraba lo suficiente para darle a los fiscales tiempo de reunir los elementos para justificar estas medidas. En el proceso se daban detenciones preventivas que excedían, incluso, el posible tiempo de condena, a causa de un sistema excesivamente lento.
Lo cierto es que, hoy en día, se aplican menos medidas cautelares y, en no pocas ocasiones, los jueces niegan las solicitudes de detención de personas que al salir vuelven a atentar en contra de los ciudadanos. Es aquí donde podemos ver la relación directa que existe entre la justicia y la seguridad ciudadana.
De nada sirve que la policía sea efectiva en su labor de perseguir a los delincuentes, si luego éstos son liberados en 48 horas, por no estar en capacidad de sustentar la detención, o por la corrupción que existe en el Órgano Judicial.
El problema no es el nuevo sistema. Panamá tardó demasiado en implementarlo, para luego hacerlo a la carrera, sin contar con los recursos humanos y financieros suficientes, sin tener una estrategia clara de implementación que garantizara la correcta capacitación de todos los involucrados en el proceso, y sin implementar la ley de Carrera Judicial con la excusa de falta de presupuesto.
Hoy tenemos un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con un presupuesto insuficiente y con un déficit de personal calificado para atender la gran cantidad de casos que hoy, más que nunca, exigen celeridad. Tenemos una Dirección de Investigación Judicial dentro de la Policía Nacional sin la independencia institucional y sin la colaboración que requiere con el Ministerio Público. Y lo más grave, un Órgano Judicial con jueces nombrados de manera interina, fuera del proceso establecido en la Carrera Judicial y de manera discrecional por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Es la receta perfecta para el desastre y, si bien éste no es el único problema que tenemos para combatir la delincuencia, sí es uno que tiene solución. Y esta solución parte de las próximas decisiones del Presidente Laurentino Cortizo.
Debemos poner la justicia como prioridad nacional, su crisis nos está afectando en muchos aspectos. Con el nombramiento de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la dotación de un presupuesto cónsono con las necesidades de las diferentes instituciones y, sobre todo, respetando la independencia de las instituciones de fiscalización, control y el Órgano Judicial, podremos rescatar la justicia de la grave crisis que enfrenta y sacar de las calles a una gran cantidad de delincuentes, incluso los que están dentro del gobierno en puestos de elección popular.
La autora es directiva de MOVIN y conductora de Sal y Pimienta
