Inspirado en la cultura del Sol Naciente, cual miembro de las fuerzas armadas imperiales japonesas, el director general de la Caja del Seguro Social (CSS) , Dr. Alfredo Martiz, cargó su avión de denuncias y acusaciones, arremetiendo cual kamikaze contra los buques que a su juicio representan la corrupción, el tráfico de influencia y son los responsables de las condiciones deplorables de la institución.
En realidad estas declaraciones incendiarias pusieron en evidencia lo que era un secreto a voces: no hay armonía en la gestión entre la administración y la junta directiva. Pero esto no quedó ahí, también se habló de falta de apoyo y presiones por nombramientos y favores de parte de políticos criollos que buscan beneficios a cambio de respaldo político, violando la ética, en evidente transgresión a la autonomía consagrada en la Constitución de la República.
Hay consenso entre los expertos en que las acciones realizadas durante estos años son de carácter coyuntural, algunas por iniciativa propia y otras impuestas desde afuera por los círculos de poder político o económico, como es el caso de la externalización de servicios quirúrgicos a clínicas privadas por la impagable mora quirúrgica, las compras extraordinarias de medicamentos o insumos, la lucha casi perdida por mejorar los cuartos de urgencias, los esfuerzos por solucionar la escasez de camas hospitalarias, o acortar el tiempo para que los pacientes obtengan citas con médicos especialistas, soluciones que son como pretender detener una hemorragia masiva con una “curita”.
Aprovechemos el momento para la reingeniería que urge hacer en la CSS, que nos lleve a sacar las injerencias políticas partidistas y personales, los intereses económicos, gremiales o amicales de la institución para darle paso a una gerencia profesional, transparente, sin sobresaltos, íntegra, que trabaje de cara a los asegurados, adoptando la cultura de la calidad, evaluación del desempeño y la rendición de cuentas desde la junta directiva hasta el trabajador más humilde en la estructura organizacional.
Existe un paralelismo entre el Canal de Panamá y la CSS, mientras al primero se le aprobó un presupuesto para 2018 de $ 3037.5 millones, el de la CSS es de $5664.8 millones, que representa cerca del 25% del presupuesto nacional.
El Canal nos importa mucho, entre otras cosas, porque genera recursos que revierten a través del presupuesto nacional al pueblo. Por su lado, la CSS protege al individuo desde antes de la concepción hasta después de su fallecimiento, con cobertura del 86% de la población, además de los riesgos profesionales y los jubilados y pensionados. Por ello, la participación social es fundamental para llegar a un nuevo pacto social, que incluya sectores no representados en la actual junta directiva, que se exprese en un título constitucional con condiciones similares al alcanzado en el gran acuerdo nacional por el Canal de Panamá, que le permita a la CSS ejercer su autonomía plena sin injerencias exógenas.
Mientras eso no se dé, todo los esfuerzos serán un paliativo que no mejorarán la calidad, la ineficiencia e insatisfacción de la sociedad.
Ojalá le saquemos provecho a esta crisis y enfrentemos con valentía, sin tantos cálculos políticos, ese gran diálogo nacional que nos permita identificar qué tipo de seguridad social queremos, cómo se financiará, qué tipo de cobertura tendremos, cómo será nuestro sistema de pensiones y cómo lo haremos sostenibles, qué estructura organizacional debemos tener.
Seguir como estamos no es una opción responsable, debemos enfrentar cuanto antes esta crisis para convertirla en una oportunidad de mejora.
Los detractores del gobierno dicen que estas denuncias son una bola de humo, al igual que la constituyente, los cercanos a la administración las aplauden e incluso piensan en el Palacio de las Garzas. Muchos no entienden lo que pasa y esperan ver resultados. Lo cierto es que estamos tocando fondo, en manos del “kamikaze Tokubetzu Tokkotai” está demostrar sus verdaderas intenciones.
El autor es médico y economista de la salud
