En los esfuerzos internos por conjurar el fantasma de esos demonios, las autoridades panameñas adoptaron y publicaron, a finales de 2016, el documento La Evaluación Nacional de Riesgos, para identificar las vulnerabilidades de nuestra economía. A esta le siguió la creación de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2017. Y, posteriormente, la presentación por dicha comisión de un Estudio comparado de la normativa vigente en materia fiscal en la República de Panamá y el delito fiscal penal en otras jurisdicciones de interés.
Ese último documento se distancia muy poco de otro estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, comisionado al jurista argentino Carlos María Falco y como las similitudes son notables es razonable suponer que se trató de acciones concertadas. El comisionado es un especialista en temas tributarios con ejecutorias en su país; pero, por ello, sus apreciaciones no deben ser equivalentes al juicio de un oráculo. Su documento, y por derivación el de la CNBC, son inconsistentes en muchos aspectos.
De su lectura se puede apreciar que en ellos se estima como una obligación para nuestro país “empatarse” con “estándares internacionales” sobre la materia. Esa apreciación, a la que apresuradamente se le asigna categoría de mandato, es infundada, pues los reputados estándares no son vinculantes. Sin embargo, se han utilizado para seguir avanzando en un camino que no solo puede llevarnos a la obsecuencia, sino constituir un riesgo, impensado y no debidamente calculado, para nuestra soberanía tributaria. Ambas consecuencias son nocivas.
En términos generales, salvo por algunas costumbres que por serlo, a veces se imitan por conveniencia, los estándares internacionales, cuando a países soberanos se refieren, revisten la forma de tratados o convenios o son el producto de las decisiones de organismos multilaterales, que las adoptan con base en las facultades que expresamente les han otorgado, por delegación, sus Estados miembros.
Como Panamá no es Estado parte de la OCDE y en el GAFI somos Estado observador, sus decisiones no empecen a Panamá, o sea, que no nos obligan en términos jurídicos. Pero, desde luego, tampoco podemos comportarnos como avestruces, cuando sus decisiones, por el peso político de quienes las crearon y las utilizan, pueden arrinconarnos internacionalmente.
Si la intención de nuestras autoridades, al elaborar y presentar a la consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica penalmente el delito fiscal, era evitar que se nos incluyera en futuras listas negras, la decisión adoptada por la Unión Europea nos ha dejado en la estacada y nos obliga como país, primero, a sopesar con la mayor objetividad posible sus consecuencias, tanto inmediatas como mediatas. Las paradas teñidas de nacionalismos románticos, aparte de su sonoridad para el consumo interior, poco aportan. Lo verdaderamente importante ahora, es pensar con cabeza fría. Lo que nos jugamos es mucho y muy trascendente.
La exploración que el presidente Juan Carlos Varela ha anunciado hacia lo interno del Gobierno es un buen paso, pero debe ser solo el inicio. Para completarla y darle efectividad, sería conveniente, además, que por su iniciativa y en términos perentorios, se convocara a quienes pudieran aportar en la búsqueda patriótica de alternativas y para el diseño de una estrategia internacional, que incluya la aproximación a aquellos escenarios externos, de países y foros en los que nuestra voz pudiera tener resonancia y en los cuales, eventualmente, sumemos aliados para nuestra causa.
El ejemplo histórico de la lucha que nos llevó a la reivindicación nacional del Canal es un buen antecedente.
El autor es abogado y exembajador de la República
