Si Ricardo Miró estuviera vivo, su famosa poesía habría podido terminar así: “Oh patria tan corrupta, que deshonras toda entera, bajo la vergüenza de nuestro pabellón; quizás fuiste tan rica para que yo pudiera robarte toda entera dentro de tu nación”.
Una entrañable amiga, Chelle para sus afortunados seguidores, decía que al insinuar que todo el mundo es corrupto, ofendemos al inocente y absolvemos al culpable. No deja de tener razón. Tristemente, sin embargo, unas recientes estadísticas de Transparencia Internacional revelan que un 38% de panameños dio sobornos a funcionarios públicos durante el último año.
Nuestra clase política tradicional pertenece a una estirpe humana con un ADN que codifica para generar fortuna, a costa del Estado, en tan solo cinco años en el poder. La enorme tasa de corrupción explicaría la gran cantidad de abogados que existe en Panamá (más de 21 mil, 1 por cada 190 ciudadanos). La cifra es cuatro veces superior al número de médicos, pese a que existen muchísimas más enfermedades que tipos de delitos. Lo que sucede es que el ilícito tiene muchos disfraces. Dependiendo del destinatario, el dinero ilegal adquiere el eufemismo de coima, donación, ofrenda, comisión, contrato, cabildeo o promoción de marca.
La Real Academia de la Lengua define corrupción, en su acepción jurídica, como la práctica de utilizar las funciones y los medios de las organizaciones para provecho económico o de otra índole, de sus propios gestores. Aportes de campaña para ganar adjudicaciones, registrar empresas o acceder a información privilegiada; ofrendas para conseguir indulgencias y clientelismos; comisiones para facilitar concesiones mercantiles o acelerar trámites burocráticos; y contratos directos o licitados, pero con enmiendas que propician sobreprecios posteriores, han sido artimañas delictivas frecuentes en todas las gestiones gubernamentales.
Para cambiar el putrefacto statu quo, lo primero que debemos aceptar es que el “juega vivo” es nuestra marca país. Cualquier persona que se cuela en una fila, tira basura en la calle cuando no lo ven, adelanta coches por los hombros, salpica al policía para evitar una multa, coimea para conseguir cupo escolar, cita médica o incapacidad laboral, etc., es un corrupto en potencia. Démosle cargo público, manejo de peculio y acceso a abogados tramposos, y el robo al erario es automático.
Hay muchos panameños decentes, por supuesto, pero no se indignan lo suficiente para depurar el hedor a deshonestidad que emana desde todos los estamentos de la sociedad.
La audiencia de delación ocasionó curiosos disturbios conductuales. El presidente madrugó y recorrió las calles buscando ser entrevistado por la prensa. Esta vez, confirmó lo que antes negó, que sí había recibido donaciones de Odebrecht para su campaña proselitista. Varios miembros del CD, desde temprano, empezaron a esparcir rumores de selectividad, persecución, falsedad e inmunidad por fuero electoral. En las filas del PRD y entre los panameñistas aliados de Martinelli durante sus primeros dos años de mandato, hubo silencio absoluto por si surgían revelaciones de sus períodos respectivos.
Los periodistas que pactaron publicidad o que fueron invitados al Mundial de Brasil minimizaban el evidente conflicto de interés, argumentando que sus actuaciones no violaban códigos deontológicos. Hasta el monseñor Ulloa “metió las patas”, amenazando que si embarraban a la Iglesia se conocería su verdadero yo.
Esa actitud generó suspicacia sobre posibles confesiones privadas de corruptos de jerarquía política que pudieran ser divulgadas por el clero ante presiones jurídicas. Odebrecht fue un gran benefactor de varias obras eclesiales. ¿Se ejecutaron solo a cambio de perdón celestial o por algún rédito terrenal? Afortunadamente, nunca prosperó la construcción de la estatua de María porque, de lo contrario, ahora podría circular el mote de “la virgen coimera”.
Me gustaría tener confianza en el Ministerio Público. La selectividad e incapacidad demostrada hasta la fecha, empero, ha minado mi credibilidad. El espectáculo montado en el caso de Promotora Los Andes, imputando prematuramente a gente inocente para sacudirse la presión mediática, sin esperar una adecuada investigación, es un emblemático ejemplo del galimatías de sus fiscales.
Para recobrar la esperanza, el equipo de la procuradora, además de indagar exhaustivamente a la administración CD, debería también escudriñar con rigurosidad a otros receptores de la fortuna Odebrecht: gobierno, otros partidos, asamblea, medios, clubes cívicos, Iglesia, empresas, bancos, sindicatos, bufetes de abogados, etc. Da la impresión, a veces, que algunos subalternos violan deliberadamente el debido proceso y los tiempos permitidos para que se caiga el curso penal de casos puntuales. Soy pesimista.
Un escándalo previo, el Cemis, donde participaron otras figuras políticas, fiscales, jueces y procuradores fue archivado ante el asombro colectivo. Muchos de esos caraduras hoy imparten clases de moral en entrevistas televisivas.
Los que no creemos en la justicia local, quizás nos conformaríamos con que todos los involucrados devuelvan el dinero podrido para que sea invertido en salud, educación, ciencia y cultura. Pero, si Afú no devolvió unos pinches 6 mil dólares, sería un sueño opiáceo suponer que los ladrones retornarán los millones hurtados.
“Nadie piensa donde todos lucran; nadie sueña donde todos tragan”, José Ingenieros.
El autor es médico.
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