Ya sea por pereza procesal, cobardía política o complicidad sistémica, la famosa prueba idónea se ha convertido en el principal obstáculo para impedir la investigación de los diputados, perpetuando así la frustración ciudadana de sentirnos gobernados por maleantes.
La Constitución Política responsabiliza a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de investigar y juzgar a los diputados. La ley blindaje, como se le conoce a la ley que regula los procesos contra los diputados, es la que exige la presentación de una “prueba idónea” que vincule al diputado con el delito. El concepto de “prueba idónea” no es más que un calificativo discrecional que los magistrados invocan para justificar la no admisión de demandas en contra de los diputados, aún cuando son presentadas por el Ministerio Público que, a su vez, está impedido por ley de investigar a los diputados.
Sí, así de incoherente es el sistema. El Ministerio Público no puede investigar a los diputados, por lo que debe remitir a la Corte cualquier proceso que mencione a un diputado, a través de una compulsa de copias. Sin embargo, muchas de estas compulsas son luego rechazadas, porque no incluyen la dichosa “prueba idónea”. ¿Cómo pueden los fiscales presentar una “prueba idónea” si no pueden investigar a los diputados? ¿Cómo puede un ciudadano común recabar esa “prueba idónea”? ¿Cómo encontrar el unicornio rosado que se ha convertido en un mito? Porque en el proceso de no admitir denuncias en contra de los diputados, los magistrados han rechazado pruebas como: noticias de periódico, informes de contraloría, declaraciones testimoniales, informes del Registro Público y muchas otras pruebas que parecen convencer a la ciudadanía, menos a ellos, sobre los posibles delitos cometidos por los diputados. Mientras tanto, persiste la frustración de sentirnos gobernados por maleantes.
¿Cómo no entender la frustración manifestada por una ciudadana, adulta mayor, cuando en la protesta ciudadana contra la impunidad frente a la Corte, en un acto impulsivo y reprochable, le lanza un raspado a un magistrado? Su acción seguramente no fue dirigida a la persona, sino a un sistema que nos ha fallado a todos. Esta acción debe hacernos reflexionar sobre el peligro de que, la ciudadanía frustrada vea en la violencia la salida a la impunidad que cada vez es más evidente. Es como si los magistrados nos lanzaran, no un raspado, sino un balde de hielo en cubos cada vez que no admiten una denuncia en contra de un diputado, evadiendo su responsabilidad constitucional de investigarlos.
El diputado Juan Diego Vásquez, con el apoyo del diputado Gabriel Silva y de muchos ciudadanos que aplaudimos los intentos por acabar con la impunidad, presentó un proyecto de ley que elimina la prueba idónea. Este proyecto, prohijado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, ya ha sido criticado por los propios diputados, argumentando que quedarían expuestos a miles de demandas, algunas posiblemente temerarias.
El hecho de que los magistrados tengan que admitir las demandas en contra de los diputados no significa que automáticamente serán condenados. Lo que sí implicaría sería que los magistrados no tendrían esa excusa para seguir evadiendo su responsabilidad constitucional. Una responsabilidad que hasta ahora ha quedado soterrada en un sistema de justicia inoperante, fracasado, que más bien respalda las fechorías cometidas por los diputados que se han aprovechado de su cargo.
Y es que, con la cantidad de denuncias por corrupción que hemos visto en los medios de comunicación, los magistrados no han sido capaces de condenar a un solo diputado. Desde el caso CEMIS, cuando nos restregaron en la cara los billetes con los que los habían coimeado; las múltiples auditorías de la Contraloría, que evidencian malos manejos de los fondos de todos los panameños; cuentas bancarias en las que se manejaron dineros de la famosa Caja 2 de Odebrecht; las partidas circuitales; los traslados a juntas comunales; el PAN; el FES; l os bates e insumos deportivos supuestamente comprados pero no entregados; donaciones; contratos; planillas; tráfico de aduanas; grandes cantidades de dinero en efectivo; atropello y fuga; casos de droga y muchos otros han quedado solo en escándalos, ninguno en condena. ¿Hasta cuándo?
No es con la eliminación de la prueba idónea cono se resolverá el problema, pero es un paso en la dirección correcta. El problema se resolverá cuando los magistrados actuales y los próximos que deben ser nombrados, asuman su función constitucional y con valentía impartan justicia de manera objetiva, expedita e independiente, como juraron hacerlo cuando asumieron su función como magistrados de la Corte.
La autora es conductora de ‘Sal y Pimienta’
