Que los panameños tenemos mala memoria, no es novedad. Que eso lo aprovechan los que engañan y manipulan, es una constante. Por eso aprovecho mis reflexiones quincenales en este diario, para recordar lo que es prohibido olvidar.
Recordemos, por ejemplo, que en diciembre de 2010 el diario español El País publicó el primer cable de Wikileaks sobre Panamá, en el que la entonces embajadora de Estados Unidos, Bárbara Stephenson, informaba a sus superiores que el recién electo presidente Ricardo Martinelli le había enviado un sorprendente mensaje en julio de 2009, pidiéndole ayuda para realizar intervenciones telefónicas.
Stephenson escribió en el cable que Martinelli le había solicitado la utilización de la operación Matador, el programa de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, para escuchar a sus enemigos políticos que, según él, conspiraban contra su gobierno.
Teniendo en cuenta que “su gobierno” estaba apenas iniciándose, la entonces embajadora tuvo muy claro las verdaderas intenciones del presidente electo, que “no hacía distinción entre objetivos legítimos y enemigos políticos”.
En los citados cables diplomáticos, Bárbara Stephenson hizo la que podría considerarse la mejor descripción del expresidente panameño: “tiene una tendencia al acoso y al chantaje, que si bien lo habían llevado al estrellato en el mundo de los supermercados…. es poco propia de un estadista”.
La citada “tendencia al acoso y al chantaje” la experimentó incluso Stephenson, cuando Ricardo Martinelli amenazó con reducir la operación antinarcóticos si Estados Unidos no lo ayudaba en sus deseos de escuchar a sus compatriotas. Todo este vergonzoso episodio quedó registrado para la posteridad y la justicia, en los cables de Wikileaks.
Además, la sorprendente revelación fue portada del New York Times el 25 de diciembre de 2010, en la que la foto de Ricardo Martinelli apareció junto a la de Lansana Kouyaté de Guinea y Ernest Bai Koroma de Sierra Leona.
Luego vino el acercamiento a los servicios de inteligencia de Israel, a donde el recién electo presidente viajó en marzo de 2010, y la compra del primer equipo de escuchas en julio del mismo año por 13.5 millones de dólares, del presupuesto de una institución creada para atender urgencias sociales.
También en marzo de 2010 se produjo otro paso adelante en los planes de Ricardo Martinelli. Primero derogó el Decreto Ley 9 de 2008, que había reorganizado el Consejo de Seguridad, e inmediatamente aprobó el Decreto Ejecutivo 263, que redujo su conformación a dos personas: el presidente de la República y el ministro de la Presidencia. Es decir, Martinelli y Jimmy Papadimitriu.
La norma previa establecía que el Consejo de Seguridad estaba integrado también por los ministros de Relaciones Exteriores, Gobierno, Economía y por el director nacional de Inteligencia y Seguridad, que sería su secretario ejecutivo. Obviamente, Martinelli no quería testigos de sus fechorías. Lo que no previó fue que esa decisión lo convertiría en principal responsable de lo sucedido.
El decreto también eliminó la carrera de seguridad que daba estabilidad a los funcionarios, lo que le permitió deshacerse del personal técnico existente y sustituirlo por quienes llevarían a cabo la tarea que tenía en su cabeza desde que le hizo la asombrosa petición a Bárbara Stephenson.
Con las maquinarias aceitadas y los peones en su lugar, llegó la crisis de aquella infame “ley chorizo”, y la primera de muchas acciones que dejaron en evidencia lo que estaba sucediendo en el Consejo de Seguridad.
Recordemos la conversación telefónica del entonces presidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, vinculada a las protestas de Changuinola que circuló en las redes; el asilo a la experta en pinchazos, la colombiana María del Pilar Hurtado; los insultos en Twitter, incluyendo datos que solo podían saberse con las intervenciones (como la amenaza de un candidato a la alcaldía por el PRD), o el masivo transfuguismo de diputados de quienes, según sus palabras, tenía jugosos expedientes.
Para ese momento, todo el país tomaba precauciones. Se apagaban los celulares o se les dejaba fuera de las oficinas, se protegía información y se extremaban los cuidados. El país entero es testigo.
Con la derrota electoral de 2014, llegó la debacle. La instrucción fue desmantelar el equipo y destruir las evidencias. Y aunque lo intentaron, no pudieron desaparecer todas las huellas de la infame violación a la intimidad de los panameños.
Por ello, no importa qué estrategia utilice el nutrido equipo de abogados del expresidente, la existencia de la vereda tropical quedó bien documentada.
La autora es periodista, abogada y presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana (Capítulo panameño de TI)
