Un sistema electoral traduce las preferencias de los ciudadanos en políticas públicas mediante la elección de mandatarios (personas que ejercen un mandato). Los mandatarios promueven e implementan las preferencias escogidas por los ciudadanos en las elecciones.
En Panamá, las votaciones populares no colocan en los cargos públicos a individuos que gozan de la confianza ciudadana. Ponen en el poder a sujetos que compran sus puestos, manipulando al electorado a través de la publicidad engañosa o dádivas en efectivo o especie.
Necesitamos una reingeniería del sistema electoral para lograr que los mandatarios respondan a la voluntad popular. Esto jamás se logrará a través del Tribunal Electoral, una comisión de partidos políticos, una junta de autodenominados “notables” (quien llama “notables” a una colección de mediocridades, es un enigma) o, menos aún, la Asamblea Nacional, cuyos integrantes son el resultado del propio sistema que hay que cambiar.
Urge elegir por la vía democrática una convención constituyente que lleve a cabo el cometido enunciado. La reingeniería debe ampliar la participación ciudadana para hacer efectivo el ejercicio de un derecho democrático fundamental -el derecho a ser elegido- tanto dentro como fuera de los partidos políticos. El sistema actual es tan clientelista y corrupto que solo quien tiene a su alcance grandes sumas de dinero puede lograr una candidatura.
Hay que democratizar las candidaturas, lo cual podría lograrse permitiendo que todo el que desee aspirar a un cargo de elección pueda anotar su nombre y participar en una primera etapa electoral, ya sea dentro de un partido o como independiente, sin necesidad de recopilar firmas mediante un proceso que se presta para excesos y corrupción.
Todos los aspirantes a candidatos tendrían las mismas oportunidades de promover su candidatura de forma programática. El Estado debe facilitar las plataformas para hacerlo ordenada y pulcramente, sin trampas ni preferencias. Hay que proscribir el financiamiento privado, que permite la compra de candidaturas (hasta con dinero mal habido procedente de actividades ilícitas).
En una primera etapa electoral, mediante el voto universal, directo, libre y transparente, la ciudadanía determinaría quiénes serían candidatos a todos los puestos de elección. En una segunda etapa electoral, los aspirantes que alcancen un umbral justo y previamente acordado competirían para los cargos de elección popular. Para alcanzar la presidencia de la República se requeriría la mayoría absoluta de los votos recibidos.
Hay que mejorar las normas para elegir a los diputados. Como representantes de la Nación, deben elegirse principalmente en un circuito nacional. Para permitir en la Asamblea una representación de las localidades, podrían simultáneamente elegirse diputados provinciales.
La elección de diputados debe hacerse según criterios de estricta proporcionalidad, asignando a cada lista independiente o partidaria el número exacto de diputados que corresponda, proporcionalmente, al número de votos que obtuvo. Hay que descartar la metodología vigente, que permite exabruptos tales como que un partido que obtuvo solo el 30% del voto popular para diputados (PRD, 2019) se apropie del 49% de las curules de la Asamblea Nacional.
El régimen municipal amerita una reforma completa. En el sistema de representantes de corregimiento que impuso la dictadura en 1972, radica el origen de las degeneraciones de una política plagada de clientelismo y corrupción.
Debemos volver al sistema municipal pensado por grandes estadistas como Justo Arosemena, compuesto por concejales elegidos mediante votación proporcional en sus respectivos distritos. La elección de representantes en circuitos uninominales (uno por corregimiento), con funciones administrativas y clientelares en sus territorios, ha impedido que se escoja como integrantes de los consejos municipales a individuos de mejor capacidad, idóneos para fiscalizar y ordenar, mediante la expedición de acuerdos municipales, la administración pública en los distritos.
Ninguna persona que ejerza actualmente un cargo de elección popular podría aspirar a la reelección antes de que transcurran dos períodos constitucionales. Así como existe la prohibición a la reelección presidencial inmediata, debe existir para los otros puestos, a fin de evitar el abuso de poder y el acceso presupuestario para la compra de votos.
El período de los cargos debe ser reducido, a fin de que haya mayor oportunidad para la rendición de cuentas. Para presidente, diputados y alcaldes, debe acortarse a cuatro años. Para concejales, debería ser de dos años, como lo fue hasta 1932.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá
