Admito que me gustó la frase “Santa Librada no vota” empleada por el cardenal Lacunza para exhibir a los políticos que asistían a la celebración de las patronales santeñas y que andaban en evidente proselitismo electoral. A estos caraduras no les importa si roban o han robado al Estado con tal de que sean vistos por los devotos como tiernos siervos venerando imágenes místicas. Ellos parecen creer que los ladrones son menos malos si rezan en público. Esta búsqueda de perdón por el pueblo creyente ha sido históricamente practicada por corruptos, criminales, narcotraficantes y tiranos, con relativo éxito. Tan solo basta recordar un adagio muy antiguo atribuido al filósofo romano Séneca que decía: “la religión es considerada por la gente común como verdadera, por los sabios como falsa, y por los gobernantes como útil”. Y por los predicadores como negocio, agrego yo.
Lo paradójico de la lapidaria sentencia proferida por el prelado es que, así como los candidatos se valen de la religión para conseguir votos, la Iglesia también usa la política para obtener subsidios, donaciones, terrenos, edificios y nombramientos por parte del gobierno de turno. La doble moral en su máxima expresión. Pese a que constitucionalmente Panamá es un Estado laico, en la práctica ocurre todo lo contrario. Este período, por ejemplo, ha sido un claro ejemplo de régimen teocrático. Si el presidente Varela cambiara su puesto con el monseñor Ulloa, es probable que nadie notaría la diferencia del intercambio en roles. El obispo, de hecho, sale más frecuentemente en la televisión que el propio mandatario y, curiosamente, comentando más de temas políticos que espirituales. Mientras, el gobernante hace más alusión a la JMJ que a los graves problemas en educación, salud, transporte, seguridad, justicia y economía que asfixian al país.
Los medios de información, que deberían ser el contrapeso para que los funcionarios se apeguen a la Constitución, empeoran más el asunto. Sus canales transmiten cotidianamente misas dominicales, peregrinaciones, entrevistas a curas y novelas religiosas. Sus presentadores más populares, además, predican sermones evangélicos durante las emisiones noticiosas estelares. El panorama futuro luce aún más desalentador. El Tribunal Electoral acaba de admitir al Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), un colectivo eminentemente confesional, para participar en la contienda política. Su eslogan, similar a lo sucedido en Costa Rica, será la defensa homofóbica de la familia “tradicional”.
A esta cofradía evangélica no le importaría violar los DD.HH., consensuados a nivel mundial, con tal de llegar al poder. El artículo 45 de nuestra Carta Magna menciona que los ministros de cultos religiosos solo podrán ejercer cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, educación o investigación científica (dificulto tengan credenciales para esta última función). Habrá que estar atentos a que PAIS no ultraje dichos preceptos constitucionales, aunque ya lo hayan hecho algunos sacerdotes católicos al ser contratados como capellanes en la planilla del Ministerio de Seguridad.
Al paso que vamos, cuando culminen los sufragios de 2019, en lugar de ovaciones escucharemos aleluyas. De regreso a las cavernas…
El autor es médico
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