Que un gobierno que agoniza tan siquiera se acerque al nivel de aceptación que tuvo en su inauguración es tan excepcional que, en las muy contadas veces en que ha ocurrido, la politología se ha volcado para estudiar ese rarísimo fenómeno. En Panamá, que recordemos, desde la restauración de la democracia formal en 1990, todos los gobiernos terminaron con índices que influyeron para que en los electores calara la consigna “es hora de un cambio”, que benefició a sus opositores.
Como no existen mediciones que nos ilustren hasta qué niveles de aceptación o rechazo, según se mire, han descendido los gobiernos salientes, especulando, no es arriesgado afirmar que el presente se ubica entre los últimos lugares. Esa realidad debiera tomarla en cuenta para, primero, no alentar expectativas infundadas sobre los resultados de los próximos comicios; segundo, no enrarecer el proceso electoral, y, tercero, no causarle al país daños políticos, sociales y económicos irreparables.
Impuesto de su precaria condición, actuando con sensatez, el gobierno debiera, en los meses finales de su gestión, antes que emprender aventuras para las que no cuenta con ninguna fuerza política, tratar de corregir errores y no empeorar su valoración por la ciudadanía.
A riesgo de que no sean aceptadas, pero por considerarlas prudentes y convenientes para el país, sugerimos algunas como las que se exponen a continuación.
1. No resucitar trasnochadas aventuras constitucionalistas. 2. Cumplir el mandato constitucional de contener el gasto público para ajustarlo a los ingresos reales y, en consecuencia, no aumentar el déficit. 3. Reducir los viajes de los funcionarios, incluidos los presidenciales, a los estrictamente necesarios. 4. No comprar ni alquilar más vehículos para uso oficial. 5. No crear nuevas burocracias, como, por ejemplo, el denominado “Consejo Fiscal”. 6. No tratar de enquistar aliados políticos que trasciendan su mandato constitucional, para imponérselos al gobierno venidero. 7. No abusar de la partida de gastos discrecionales de la Presidencia. 8. No designar nuevos embajadores y representantes diplomáticos que generarían ingentes gastos para el traslado a sus destinos y su eventual repatriación. 9. Tratar de concluir las obras públicas en marcha y abstenerse de contratar, de manera apresurada e improvisada, otras para las que no se cuenta con financiamientos previamente planificados y asegurados. 10. No contratar nuevos empréstitos que sigan aumentando la ya excesiva deuda pública. 11. Por cortesía, informar a los candidatos presidenciales de cualquier cambio de rumbo en nuestra política exterior, exigiéndoles, desde luego, que deben mantener su confidencialidad. 12. Adoptar conductas absolutamente neutrales frente al proceso electoral en marcha.
La lista anterior no pretende agotar los ejemplos de las medidas saludables que podría y le convendría poner en práctica al gobierno del señor Juan Carlos Varela; pero, a fuerza de realista, tengo pocas esperanzas de que tenga la disposición de acogerlas.
El autor es abogado