El diputado Arquesio Arias del circuito 10-2 ha sido acusado de abuso sexual por cinco mujeres, entre ellas una niña de trece años. Una prueba más de nuestra frágil institucionalidad que permitió a un candidato correr en las elecciones, ganarlas y tomar posesión como diputado sin que el sistema haya podido determinar su culpabilidad o inocencia. El caso se agrava por la condición de médico ginecólogo del imputado en un área de difícil acceso como son las islas de la comarca Guna Yala.
Esta denuncia criminal fue admitida por los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, mientras tanto, el diputado continúa legislando en nombre de la República de Panamá. Me pregunto cuántos individuos imputados por violación enfrentan casos similares sin ninguna medida cautelar, ni siquiera una leve de alejamiento de las víctimas y sus familiares. Es una muestra más del blindaje legal y de hecho que tienen nuestros "padres de la patria".
Ver en la plataforma digital Foco Panamá las declaraciones de dos de las mujeres que lo acusan es una experiencia demoledora que, además de la discusión sobre el abuso sexual, nos lleva a reflexionar sobre los protocolos de atención que deben ser de obligatorio cumplimiento para reglamentar la atención médica. ¿Puede un médico realizar un examen de papanicolao, o cualquier otro, a una menor sin un acompañante? ¿Puede hacer este examen sin guantes? ¿Se le puede hacer a una mujer que no ha tenido relaciones un examen de papanicolao? ¿A una niña? Les confieso que no he podido parar de pensar en la vulnerabilidad de los pacientes, en áreas remotas o cercanas, que van a un centro de salud buscando ayuda.
Este caso ha sido admitido en la Corte Suprema de Justicia, algo que sabemos no es nada fácil ni rápido, ni garantía de que las ujeres van a encontrar justicia. Sabemos que a la fecha ningún diputado ha sido condenado. Ni siquiera en el caso de un atropello y fuga, en el que se suspendió el proceso por un arreglo económico. Pero mientras dura la investigación, que debería ser rápida por el sistema penal acusatorio, tenemos a unas humildes ciudadanas de la comarca Guna Yala enfrentando con sus testimonios a un médico que ahora es diputado de la República con el pleno ejercicio de sus poderes. No parece un escenario muy parejo.
Por otro lado, el médico trabaja en el Ministerio de Salud, ¿A quién le corresponde investigar que los médicos estén cumpliendo con los protocolos de atención? ¿Ha habido alguna investigación dentro del ministerio sobre esta denuncia? Estuve buscando en la página web del ministerio sin poder encontrar algún reglamento que obligue a los médicos hacerse acompañar por una tercera persona a la hora de practicar un exámen médico. Algunos amigos médicos con los que conversé me indican que es una regla no escrita para proteger tanto al médico como al paciente. Esas cosas que todos pensamos obvias pero que seguramente requieren de una formalidad en la práctica que permita aplicar sanciones en caso de no ser cumplidas.
Como ciudadana me preocupa sobremanera el silencio alrededor de este caso, tanto del diputado, de su partido, como de sus compañeros. También el silencio de las autoridades de salud. Hoy en día, cuatro mujeres y una niña de trece años de la comarca Guna Yala se atrevieron a declarar en contra de un médico, que es considerado una figura de autoridad. ¿Cuántas pueden haber callado por ignorancia, vergüenza o miedo, experiencias similares en lugares apartados del país? La sola reflexión me hace temblar al imaginar el infierno que pueden estar pasando. ¿Dónde está el Estado para protegerlas? ¿Quién escuchará sus voces de auxilio?
La autora es directiva de Movin
