En 1964, el Ejército estadounidense respondió de manera violenta y desproporcionada a una manifestación de jóvenes istmeños que anhelaban dar cumplimiento al acuerdo de 1962, según el cual la bandera nacional sería izada en la Zona del Canal. El saldo sangriento de aquella jornada, entre el 9 y el 12 de enero, fue de 25 muertos (21 panameños, 4 estadounidenses) y aproximadamente 500 heridos.
El gobierno del presidente Roberto F. Chiari enfrentó con valentía y patriotismo la difícil situación que le planteó la embestida norteña. El 10 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores, Galileo Solís, presentó al secretario de Estado, Dean Rusk, la “formal protesta” de Panamá “por los actos de despiadada agresión” ejecutados “contra la integridad territorial de la República de Panamá y su población civil indefensa”.
Solís reclamó la manera “inhumana” como las fuerzas armadas estadounidenses “agredieron a una romería de no más de 50 jóvenes estudiantes … que pretendían desplegar de forma pacífica la enseña nacional en esa faja del territorio panameño”. A raíz de esos sucesos, el Gobierno panameño consideró “rotas las relaciones diplomáticas” con Estados Unidos y ordenó el retorno de su embajador en Washington.
La ruptura diplomática persistió hasta el 3 de abril de 1964. En la declaración conjunta emitida en esa fecha por los representantes de ambos Estados ante la OEA —Ellsworth Bunker, de Estados Unidos y Miguel J. Moreno, de Panamá— se convino el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la designación de embajadores especiales “para procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países” y el inicio inmediato de “los procedimientos necesarios con el objeto de llegar a un convenio justo y equitativo” que resolviera las diferencias suscitadas por la ocupación y militarización de una franja de nuestro territorio, por Estados Unidos, desde 1904.
La declaración Moreno-Bunker —55 años atrás, hoy— dio inicio a la etapa “abrogacionista” en nuestras relaciones con Estados Unidos. En esta fase, como lo ha explicado el Dr. Omar Jaén Suárez, Panamá no se limitó a solicitar modificaciones a la Convención del Canal Ístmico de 1903 (tratado Hay-Bunau Varilla). Exigió su abrogación y la creación de un nuevo arreglo que enmarcase el funcionamiento y aseguramiento del Canal de acuerdo con criterios de equidad y justicia, hasta su entrega definitiva a Panamá, en un plazo razonable.
En 1965, durante la administración del presidente Marco A. Robles, empezaron las negociaciones que, dos años después, produjeron borradores de tratados concernientes a la vía acuática, la defensa del Canal y la posible construcción de un paso a nivel a través del istmo. Del equipo panameño, liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Eleta Almarán, formaron parte Roberto Alemán Zubieta, Diógenes de la Rosa, Guillermo Chapman y el expresidente Ricardo Arias Espinosa.
Conocidos como “tres en uno”, los acuerdos de 1967 determinaron la derogación del tratado de 1903, el reconocimiento de la soberanía panameña en la Zona del Canal, el establecimiento de una administración conjunta (panameño-estadounidense) durante un período de transición, la entrega de la vía acuática a Panamá el 31 de diciembre de 1999 y la eventual desocupación de las bases militares estadounidenses.
A partir de la moción presentada por el diputado Carlos Iván Zúñiga, a inicios de 1968 la Comisión Legislativa Permanente de la Asamblea Nacional resolvió rechazar los borradores, por considerar que no se ajustaban a los objetivos de neutralización, desmilitarización y nacionalización del Canal aspirados por Panamá. Aun así, sirvieron de base para las negociaciones llevadas a cabo tras el golpe militar de 1968, de forma tal que, en lo sustancial, los principales logros del tratado del Canal de 1977 son muy similares a los que se obtuvieron en 1967.
La gran innovación de la dictadura fue el tratado Torrijos-Carter de neutralidad, que da a los buques de guerra de Estados Unidos un derecho de tránsito prioritario por el Canal, nos impone una regla de fijación de peajes y, a través de sus enmiendas y condiciones, concede a Estados Unidos la potestad unilateral de intervenir militarmente en Panamá. Ningún gobierno, ni de la dictadura ni de la democracia, se ha atrevido a iniciar la revisión de este instrumento auspiciado por el régimen militar, contrario al derecho internacional e injurioso a nuestra dignidad nacional.
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en relaciones internacionales en FSU, Panamá.
