El salario como compensación al trabajo, se fija normalmente por oferta y demanda y en base al aporte que hace cada persona, a la empresa u organismo donde presta sus servicios, de acuerdo con sus habilidades y capacidades laborales. El 90% de los países miembros de la OIT, sin embargo, fijan por Ley periódicamente un salario mínimo para “proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas”. Afortunadamente en Panamá estos casos son muy escasos y se limitan principalmente en el área de las comarcas, donde se requiere de especial atención.
En Panamá se ajusta cada 2 años y gracias a la prolongada bonanza económica, dichos ajustes, han sido suficientemente holgados, especialmente los del 2011 y 2013, que representaron un punto de inflexión en el mercado laboral nacional, y de ahí en adelante, han llevado al salario mínimo nacional, a ser el más alto de Latinoamérica, excelente logro sin duda, mas no sin consecuencias o impactos colaterales importantes, que deben ser considerados, como país y por la misma clase trabajadora, con y sin empleo, ya que cada vez menor, ha sido la proporción de la población beneficiada de esos ajustes periódicos.
Entre el 2012 y el 2019 la informalidad subió ininterrumpidamente al pasar del 36.9% al 44.9% durante dicho período, para luego subir al 52.8% en el 2020 y bajar nuevamente al 48.2% en abril 2022 (la última reportada, con 737 mil personas). Adicionalmente es bueno recordar que, de la población mayor de 15 años ocupada a esa misma fecha, únicamente el 48.4% tenía empleo pleno, los demás lo hacían a tiempo parcial o estaban subempleados.
Muchas preguntas surgen a la hora de fijar nuevos niveles de salarios mínimos, como por ejemplo ¿A quién beneficiaría una subida del salario mínimo en estos momentos y a quien perjudicaría? ¿Qué criterios deberían privar para fijar los nuevos salarios mínimos, para no afectar aún más los niveles de precios, el clima de inversión y la actual crisis laboral?
¿Hay capacidad en estos momentos para asumir nuevos ajustes, especialmente por parte de las Pymes y sectores aún en proceso de recuperación? Todo esto, en medio de un escenario de fuertes restricciones fiscales, impactos climáticos, subidas de interés, desaceleración de la mayoría de las economías mundiales y una tímida y asimétrica recuperación económica, lejos aún de poder calificarla como una verdadera reactivación.
Múltiples interrogantes se abren al revisar en profundidad el tema del salario mínimo, pero lo más importante en estos momentos, sería hacerlo con visión de país.
Lo ideal sería que los salarios mínimos aplicaran únicamente a trabajadores no calificados o con muy poca experiencia, mientras que la gran mayoría, recibiera ajustes periódicos, en función de su aporte a la empresa donde prestan servicios, en base a su calificación, experiencia, conocimientos, capacidades y habilidades, horas trabajadas, rendimiento, tipo de empresa o sector donde trabaja, productividad laboral, competitividad, condiciones del mercado laboral (escasez de talento), cumplimiento de objetivos, capacidad negociadora de los contratos colectivos (si aplica), entre otros, factores éstos, que evidentemente no se contemplan en ajustes genéricos como los de los salarios mínimos.
Experiencias anteriores de incrementos desproporcionados de salarios mínimos, sin los consecuentes aumentos de productividad, terminaron impactando precios y beneficiando, a corto plazo, a una parte muy pequeña de empleados formales para el momento de cada ajuste, contribuyendo a profundizar los desequilibrios en materia laboral, tales como, el que se evidencia cuando el poder adquisitivo teórico del balboa, medido a través del Índice de Precios al Consumidor, entre el 2013 y el 2022, perdió el 6.9 %, mientras que los salarios mínimos promedio, se ajustaron alrededor de un 56% y 78%, entre enero 2012 y enero 2022, con muy poca contribución vía productividad laboral.
Por otra parte, mientras en Panamá, entre el 2011 y 2014, los salarios mínimos, subían entre 30% y 50% (en las Regiones 1 y 2), en Latinoamérica y Caribe, los salarios reales lo hacían en 5.2%, limitando con ello, la competitividad relativa del país frente a la de los demás países de la región, desincentivando así, mayor entrada de inversión extranjera e impactando directamente al empleo.
Un compromiso nacional, con visión de País, para recuperar el empleo formal y productivo, pareciera ser la actual prioridad, en materia laboral y económica, con ello se recuperaría la demanda agregada, se abonaría a la reactivación económica, y con mayor productividad, se mejoraría la competitividad, y consecuentemente el nivel salarial general y finalmente contribuiría al desarrollo del país.
El autor es economista
