Al Grano: La casa vuelve a perder y ni se da cuenta

Gerardo Solís dijo en 2021 que Panama Ports había cumplido “en exceso”. Tres años después, Bolo Flores dice que el cumplimiento fue “sustancial”. Uno con alabanzas, el otro con tecnicismos. Pero ninguno ha publicado la auditoría. Y según la Ley de Transparencia, lo único que puede ser clasificado como confidencial son temas de seguridad nacional. ¿Acaso la administración de los puertos lo es? ¿O lo que se protege es a quienes firmaron… o a la empresa?

El verdadero escándalo está en los puertos. Esto no huele mal. Apesta.

La AMP, esa institución opaca que ni siquiera publica los nombres de su directiva en su web, hizo dos movimientos clave en 2021: la junta directiva aprobó la prórroga del contrato con Panama Ports, y le ordenó a Noriel Araúz que firmara directamente con la empresa.

Y él fue. Y firmó. Sin Asamblea. Sin debate. Sin fiscalización. Y ahora nos enteramos de que también fue sin refrendo de la Contraloría.¿Resultado? Dos resoluciones hoy demandadas ante la Corte.

Mientras tanto, la Contraloría se esconde detrás de frases como “cumplimiento sustancial”. Palabras que suenan a mucho y significan nada. En 2021 era “en exceso”. Hoy es “más o menos”.¿Y la auditoría? Oculta. Engavetada. Clasificada sin base legal.

Pero el problema no termina ahí. Ese contrato —hecho con bisturí a favor de la empresa— solo exige un “cumplimiento básico” para renovarse automáticamente. ¿Qué significa básico? ¿Título, fecha y firma? ¿Lo que te ponían en la escuela como un 1, solo por poner tu nombre? Es lo que la empresa diga que es básico. Así cualquiera cumple.

Y mientras el Estado se disfraza de autoridad, Panama Ports se lava las manos: dicen que su contraparte es el MICI, a través de una Autoridad Portuaria que ya no existe. Que el tema de permisos, cumplimiento y fiscalización… no les toca.

Y la auditoría —la misma que prometieron— es otra decoración institucional. Otro adorno de mentira.

Y el problema no es solo legal. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares que desaparecieron con una simple resolución firmada por Joaquín Jácome, un ministro de Mireya Moscoso. Otra que nos debe cuentas. Resolución 14 de 2002. Un contrato-ley, enmendado por resolución ministerial. Eso ya, por sí solo, debería ser escandaloso.

¿Quién negoció ese contrato? ¿Quién permitió que el Estado quedara pintado en la pared? Porque la culpa no es solo de Panama Ports. La empresa hace lo que se le permite. El que falló —otra vez— fue el Estado.

Por eso el llamado no es solo a la empresa. Es a Nito Cortizo. A Gerardo Solís. A Noriel Araúz. A cada directivo de la AMP. A todos los que firmaron, autorizaron o se hicieron los locos. Que den la cara. Que expliquen cómo llegamos aquí y qué vamos a hacer al respecto.

Porque si no lo hacen, lo que viene no es solo vergüenza. Viene una demanda. Y una seria.

Así que no nos dejemos distraer con discursos bonitos ni patrioterismo de escaparate. Aquí no hay soberanía. Hay entreguismo. Y no lo digo yo. Lo dicen los hechos.