Hace unos días, la presidenta de la Corte denunció el abuso de la presentación de recursos repetitivos o infundados que buscan entorpecer los procesos, y dijo que a esos abogados creativos y sucios que se llenan los bolsillos así habría incluso que quitarles la licencia.
El año pasado se suspendieron el 11.5% de las audiencias del Sistema Penal Acusatorio. Eso no es poco. Son 23 mil 348 audiencias suspendidas.
Cada día de audiencias nos cuesta $231 mil 737. Por hora cuesta $28 mil 967. Y por audiencia, $297. Multipliquen eso por las audiencias no realizadas. Sí, botamos $6.9 millones. Más la logística que implica cada audiencia. Agendar la solicitud, notificar actores, coordinar con otras instituciones, asignar la sala, verificar los requerimientos tecnológicos y físicos, conseguir intérpretes, garantizar la disponibilidad de jueces, defensores públicos y auxiliares, y la preparación de los jueces, entre otras. Y en audiencias de juicios, el MP traslada y alimenta a los testigos y peritos. Son entre 12 y 15, así que súmenle entre $120 y $150 más por audiencia. Y eso lo pagamos haya audiencia o no. El abuso de la defensa de unos le cuesta más a todos.
El 82% de las audiencias suspendidas en 2023 fueron audiencias de garantías. Es que esas abarcan las cotizadísimas audiencias de afectación de derechos.
Esas audiencias buscan proteger los derechos de los imputados, pero se usan para demorar casos. Y como en el Sistema Penal Acusatorio todo se debe verbalizar en una audiencia, cada vez que piden una audiencia de esas, eso se agenda sin que nadie lo filtre y discuten cualquier cosa. Y como hay cupos limitados para las audiencias, dejan sin espacio a los que de verdad las necesitan.
La ley no limita la cantidad de veces que se pueden presentar recursos, así que los abogados presentan mil veces el mismo. Le cambian dos palabras y lo vuelven a presentar. Pero cada juez es en teoría independiente, así que si quisieran, podrían parar esta maleantería. Que no es la única, porque los cómplices abogados también han perfeccionado la jugarreta de no ir a las audiencias, presentar incapacidades y cambiar de abogado a última hora.
Pero la gran mayoría de los jueces no les para el happy, a pesar de que el artículo 63 del Código Procesal Penal establece que deben rechazar de plano las dilaciones y actos improcedentes y aplicar las medidas correspondientes. A unos les faltará valor, otros estarán vendidos o tendrán temor... pero no ayuda que la ley plantee multas discrecionales e irrisorias. El juez puede, no debe multar. Y así, a uno lo perdona, al otro le pone $50 (la multa mínima) y a otro $500 (la máxima).
Hay una sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de 2008, que condenó estos abusos por causar pérdida de tiempo, molestia y desgaste estructural y de recurso humano a las partes, a la justicia y a la sociedad, y pidió litigar respetando el derecho del resto a una justicia eficaz y sin dilaciones. Pero de nuevo. El juez decide.
Y ante estos abusos éticos, ¿se ha pronunciado enérgicamente el Colegio de Abogados? ¿A cuántos abogados ha sancionado? Al contrario, se escandalizan si los cuestionas, porque para ellos dilatar es una herramienta más de defensa. Cómo olvidar la foto de la presidenta de ese colegio celebrando su victoria con Martinelli, prominente abusador del sistema.
Martinelli, que decía que había revisar el sistema judicial porque cualquiera dilataba un proceso si quería, presentó 14 recursos solo en la instancia extraordinaria del caso New Bussiness. Fuera de los que presentó en las instancias anteriores y en la Asamblea para sacarse de encima a la presidenta de la Corte. Eso es una persona, un caso.
Aquí, a diferencia de países como Argentina, Perú, Paraguay y Brasil, no hay ley que sancione el abuso del derecho a litigar. El artículo 467 del Código Judicial y los artículos 18 y 65.1 del Código Procesal Penal hablan del tema, pero sin sanciones. Y lo dijo Carlos Bolívar Pedreschi en su libro: Una concepción diferente del derecho constitucional: “En ninguna otra disciplina la forma es más importante que el fondo. En el Derecho sí”. Aquí, por la forma no se entra al fondo en montones de casos.
El diputado Gabriel Silva presentó un proyecto para regular estos abusos en 2022. Pero ahí está, cogiendo polvo, como todo lo que beneficia al país y no a los políticos. Como en todo, falta voluntad. Y eso no hay.
