La ley de amnistía todavía no ha pasado. Pero que no nos engañe el “todavía”. Lo van a volver a intentar. Porque no es la primera vez, y porque están dispuestos a seguir hasta que les funcione.
El proyecto lo presentó Bolota Salazar. Sí, el mismo que en 2019 amenazó a policías en Colón invitándolos a pelear “como hombres”, que en 2020 le tiró una botella de agua a la diputada Kayra Harding y que entre 2021 y 2023 fue señalado por el manejo opaco de más de $14 millones en fondos públicos destinados en teoría a su corregimiento. Y esto no es solo una maniobra para salvar a Martinelli. Es un mensaje. Un movimiento para medir fuerzas, provocar, y abrirle la puerta a la impunidad. Si no pasa ahora, lo meterán después. Cambiado, maquillado, en otro escándalo, pero lo meterán.
¿El objetivo? Blindar a Martinelli y a sus hijos, a Varela, a diputados, exfuncionarios, financistas y empresas. Es una ley diseñada para borrar el pasado y garantizar que nadie pague por nada. Esta ley beneficia a muchos. Muchísimos. Por eso tiene apoyo.
Detrás hay diputados del PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático y panameñismo. 27 firmas. No por principios. Por cálculo. Porque si esto se aprueba, todos ganan. Y eso es exactamente lo que buscan.
Mulino está acorralado. No tiene bancada propia. No controla la Asamblea. No parece estar negociando. Y en un país acostumbrado al clientelismo, eso se paga caro. Por eso este proyecto no es una ley: es una emboscada. Para forzarlo a vetar, confrontar y quedar mal.
Y mientras tanto, ellos juegan a ser víctimas. Dicen que es una ley de reconciliación. Que hay que cerrar ciclos. Que se persigue políticamente a sus líderes. Pero lo que están haciendo es normalizar la impunidad vistiéndola de “amnistía”.
En paralelo, se habla de plata. $10 mil por firma. $90 mil si se aprueba. Nadie lo confirma, nadie lo niega. También se ofrecen cargos, botellas, impunidad a cambio de apoyo. Y sí, ya hay quienes están negociando desde ahora las presidencias de comisiones y hasta de la Asamblea.
Lo de siempre. Pero más descarado.
El cálculo político es simple: no necesitan mayoría calificada. Solo 19 votos. Un quórum mínimo, una sesión sin ruido, y listo. Lo pueden pasar rápido, sin que nadie se entere. O sin que a nadie le importe.
Y eso es parte del plan. Aprovechar el cansancio. El ruido del Canal, la huelga médica, la embajada. Apostar a que la gente esté saturada. Que no reaccione.
La semana pasada no sesionaron porque no tenían los votos. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y aunque Mulino vete la ley, igual va a la Corte. Y mientras la Corte decide, la ley estaría vigente. O sea: objetivo cumplido.
Y eso es lo que no dicen. No importa si es legal. Importa que funcione.
De paso, usan esto para romper definitivamente con Mulino. Para exponerlo. Para empujarlo a un punto sin retorno. Para mostrar que no tiene poder. Que no manda. Que ni siquiera puede frenar una ley inconstitucional. Para debilitarlo tanto que el país vuelva a manos de quienes se lo reparten como botín.
Esto no es un proyecto más. Es una jugada con muchas capas. Que busca proteger a los de antes, desgastar al de ahora, y pavimentar el camino para los de siempre.
Y lo están haciendo con total conciencia de que, aunque la Corte la tumbe después, la impunidad ya habrá surtido efecto. Ya se habrán liberado, cerrado casos, eliminado penas.
Y mientras, la oposición sigue cómoda. El PRD, jugando sucio, pero con estrategia. Para variar. Y la ciudadanía, desconectada.
El país está frágil. Y ellos lo saben. Por eso insisten. Por eso empujan. Porque ven un Ejecutivo débil, una población cansada, y una Corte lenta. El escenario perfecto para colar la trampa.
Esto no ha pasado. Pero están más cerca de lograrlo que antes. No lo olviden.
Si no levantamos la voz, si no reaccionamos, si no señalamos, van a lograrlo.
Y cuando eso pase, no nos preguntemos cómo fue que lo permitimos.
