Ese sistema que establece que los diputados investigan a los magistrados y viceversa solo garantiza una cosa: la impunidad.
Llevamos 34 años de “democracia”. Y desde 2004, que fue cuando se reformó la Constitución para que no se repitiera el riesgo de que un procurador investigara a un diputado (como pasó en el caso Cemis), no hemos visto a un diputado condenado.
A Mario Miller del PRD le revocaron la curul y quedó investigado por el MP, no por la Corte. Y fue antes de 2004. Igual que el diputado Anel Ramírez, del desaparecido Pala. Fue la DEA, en 1993, quien lo capturó intentando meter 150 kilos de coca en Miami.
Pero la falta de admisión de casos, y la conclusión en los pocos que admiten, es impresentable. No buscan justicia. Amoldan criterios y buscan errores de forma para no llegar al fondo.
Hay tres puntos clave aquí. Primero, ninguno de los que investiga está formado para investigar. La formación del fiscal y del juez es diferente. El fiscal investiga y justifica su investigación. El juez valora pruebas y emite el fallo. Cuando pones a un magistrado a investigar, no sabe ni cómo empezar a investigar. Además de que no todos los magistrados son penalistas. Eso es como poner a un ginecólogo a operar un corazón abierto. Y en la Asamblea es peor. En la comisión de Credenciales hay diputados que ni siquiera son abogados. Entonces ponen a investigar a alguien que legisla. Otra vez, el ginecólogo con el corazón abierto.
Está el caso de Moncada, sí, pero era burdo y acababa de empezar el gobierno de Varela, que venía con sed de dizque justicia. Eso fue justicia excepcional, digamos.
El segundo absurdo es la prueba idónea. Para investigar a cualquier mundano basta con una denuncia. El que denuncia a un magistrado o diputado tiene que llevar una prueba idónea, gracias a una reforma hecha en el gobierno Martinelli. Esa prueba es un mínimo de elemento probatorio que sustente que lo que dice la denuncia puede ser verdad. Pero en la práctica, el denunciante debe aportar la prueba que al investigador le tocaría conseguir. Y según la ley, ni el MP, ni la Fiscalía de Cuentas, ni la Fiscalía Electoral ni la Contraloría pueden completar la prueba pues es inconstitucional adelantar el caso. Entonces si la prueba idónea vale lo deciden, en el caso de los magistrados, los diputados, y viceversa. Y la interpretación unas veces es estricta y otras, amplia.
Eso pasó con Pineda. El MP envió a la Corte audios donde él le daba instrucciones a su hijo, pero la Corte no los evaluó pues rompía la cadena de custodia. Devolvió el caso al MP, a los días cayó el hijo de Pineda, y ahora sabemos que los audios sí implican al diputado. Pero en la Corte eso no procedió.
Pero incluso con prueba idónea los magistrados pelotean los casos. La denuncia del oro de Zulay llegó al MP, el MP la remitió a la Corte, y la Corte la devolvió ordenando ahondar en la investigación. Otra vez remitieron el caso, y los magistrados se sentaron en el expediente. Les tomó dos meses notificarla, no fue a ninguna de las audiencias y no mandaron a la Policía a buscarla. Nunca le imputaron cargos, y ahora que perdió la curul la investigación regresó al MP, donde les toca volar porque uno de los delitos está por prescribir.
Ahí está también el caso del diputado actual del Molirena Isaac Mosquera: tiene dos casos pendientes por narcotráfico, y nada que lo llaman a juicio. ¿Eso no debería ser urgente?
Ah y lo otro. En 2013, también con Martinelli, se redujo a la mitad el término de la prescripción penal. Otra ventaja. Luego Ana Matilde Gómez como diputada presentó una ley que restableció el término, pero las cartas siguen marcadas.
Y el tercer problema es el requisito para las condenas de los casos que llegan a juicio. Tanto en la Asamblea como en la Corte se requieren dos tercios de los votos para una condena. Es decir, seis magistrados y 48 diputados. Eso fue lo que salvó a Arquesio Arias. Lo condenaron cinco de nueve, no seis. A cualquier otro, esos cinco hubieran bastado para una condena. ¿Entonces hay fueros y privilegios o no?
En países más serios, como Colombia, el MP investiga a todos los funcionarios, y los juzga un tribunal especial de aforados independiente del Judicial. El sistema aquí está hecho para proteger a quienes desde el poder delinquen. El que denuncia tiene que llevar la prueba o, dicho como es, la investigación hecha. El que debe investigar no sabe investigar. Y el que juzga no sabe nada de juzgar. ¿Eso es un verdadero Estado de Derecho? Pues no.
