Después del escandalito que se formó la semana pasada por la posible designación del condenado por partida triple Gustavo Pérez en la Dirección de Bienes Aprehendidos, Felipe Chapman no se dejó meter el gol, se paró bonito y nombró ahí a Lorenzo Rivera, un economista y asesor de estructuras financieras y controles que trabajó en varios bancos multinacionales y para la firma de la que sale el ministro.
La Dirección de Bienes Aprehendidos, que fue un departamento hasta 2015, es la que custodia y administra los bienes en casos contra la administración pública, blanqueo, financieros, terrorismo, tráfico de armas y explosivos, narcotráfico y delitos conexos, mientras se decide la causa y se define qué hacer con esos bienes. O sea, son los que cuidan los bienes confiscados de los investigados mientras los investigan. Y deben, con lo que se gane de esos bienes, invertir en el combate de las drogas y la delincuencia organizada.
En la teoría suena lindo. En la práctica, ahí no tenemos idea de qué pasa. Hay una absoluta opacidad: no sabemos cuáles son los bienes aprehendidos, cuántos son, dónde están, cuánto valen ni quién los usa. Para muestra los 28 carros que esa dirección le asignó al exalcalde Alex Lee y ahora no encuentran.
La ley dice cinco cosas clave. Uno, que la dirección debe tener un inventario actualizado de los bienes. Eso no es público. Dos, que debe donar los bienes perecederos o deteriorados a instituciones públicas, educativas, benéficas o religiosas. Eso es subjetivo y discrecional: no hay procedimientos establecidos. De hecho, hay investigaciones abiertas por la venta de esas donaciones. Tres, que debe destruir los que sean riesgosos para la salud o el ambiente. De nuevo: ¿quién define eso y bajo qué posible sanción? Cuatro: debe, previo avalúo, subastar los bienes que puedan dañarse, o que su custodia o mantenimiento sean caros para el Estado. Otra vez, subjetivo y discrecional, y no sabemos quién hace ese avalúo ni lo que pone ahí. Y cinco, asignar los bienes a custodios que cumplan con los requisitos y los usen con fines sociales. ¿Qué requisitos? No sabemos. Ahí están los carros asignados a Alex Lee, que legalmente no podían usar terceros. Bienes Aprehendidos tiene que reportar las condiciones de los bienes periódicamente. Claramente no lo hicieron.
También ha habido diputados, como Kayra Harding, que usan estos carros (de alta gama porque se les ampolla la nalga si se sientan en un Lada), pero bajo qué criterio los reciben, ni idea. Y por ejemplo, ¿si se estrellan y matan a alguien? ¿Y si la persona no tenía pago el seguro?
Y, obvio, aparte de carros aprehenden cuadros, relojes, yates, bienes inmuebles, joyas… ¿quién usa eso? ¿A qué María la del Barrio pasan a mejor vida o la casa de qué vivazo decoran porque “al Estado le sale caro el mantenimiento”? Y sí, el mantenimiento sí sale caro, pero la cosa es quién se queda con eso.
Ya ha habido demandas porque los mismos jefes de la Dirección usan los carros, los asignan y hacen fiesta en los corredores o no los devuelven, dejan los carros oxidándose o los subastan antes de la condena. Porque sí, la ley dice que hay que esperar la condena, salvo cuando el mantenimiento sea caro. Y entonces entra la discrecionalidad y con ella los abusos. Ahí está el caso Moncada: 10 años después y no venden el apartamento. Con Rafael Guardia, igual. Esa incapacidad disfrazada de demora devalúa el activo y nos cuesta plata a todos.
Y tampoco hay presupuesto ni personal para administrar esos activos. Usan hangares que dejaron los militares. O los tiran en patios por ahí. Hay carros que tienen árboles. Otros se los llevan por piezas, cual rastro. Y así.
Claramente hay que cambiar la ley para vender los bienes oportunamente y, si el procesado queda absuelto, pues pagarle el valor de la venta. Y esa dirección debería ser autónoma, no estar en el Ejecutivo, donde solo debería estar lo que ya es del Estado, ni en el MP, que no puede disponer de los bienes que investiga.
Lo otro es cómo anuncian las subastas y cuántas se declaran desiertas y terminan en venta directa. Tampoco sabemos si hay conflicto de intereses o tráfico de influencias y se lo gana un amigo o socio del narco o del funcionario porque le dieron el dato. Por ejemplo, los bienes de Epasa caerán en manos de esta dirección.
Y luego están las resoluciones de los casos. A veces, como en el caso El Gallero, los investigados terminan recuperando sus bienes. Y los reciben vueltos leña. Porque otra opción es que el mismo dueño lo custodie con su plata. Pero eso es solo si al fiscal se le ocurre.
Este es uno de los tantos temas en el que nos saquean gracias a los vacíos legales y la discrecionalidad que nace de ellos. Más la burocracia y la burrocracia, que se prestan para el descontrol. Ojalá que el nuevo director haga una buena auditoría y saque los trapitos al sol.
