En solo un año, Panamá cayó 14 posiciones en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Del 69 al 83. Y sacó 58 de 100. Eso es 2.9. Un fracaso.
Un solo año en el que coincidió la campaña y la publicación de escándalos impresentables del gobierno PRD: descentralización paralela, deuda, contrato minero, presupuesto y los auxilios económicos.
Y como entre más se publican escándalos más los políticos se ofenden, pues más usan su poder para tratar de callar a los que sacan a la luz sus chanchullos. Porque el problema en países de valores tan pobres como este es del que dice lo que está mal, no del que hizo mal. Y por eso estamos donde estamos: porque somos como somos.
El informe dice que las leyes no protegen el periodismo y que no solo hay muchos juicios por difamación, sino que la mayoría terminan con sanciones económicas. La profesión del periodismo no es precisamente la mejor pagada. Si tú sancionas a un periodista que gana mil dólares a que te pague $1 millón, lo acabas. Y ustedes dirán: ¿no lo paga el medio? No siempre. Ahí está Linett Lynch, condenada a pagar una indemnización de una demanda puesta por una ex funcionaria judicial que ni respondió a las llamadas de la periodista ni usó su derecho a réplica. La demandaron a ella y al medio, pero en el camino excluyeron al medio de la demanda y la periodista se quedó sola.
O dirán: bueno, quién los manda a difamar. Ser periodista no te da licencia para matar y lo que uno dice tiene que poder probarlo. Eso ni se discute. Pero, en un país tan chico y con tantos intereses, pocos fiscales o jueces se atreven a decirle no a un político que luego puede tomar represalias. Es muy grande la fuerza que tiene una acción judicial cuando la presenta el gobierno o un allegado.
¿Es correcto cobrarle a un periodista que se equivocó (en el caso de que sea así) lo que no alcanzaría a ganar en toda su vida? ¿Se busca resarcir un daño o callarlo? Eso tiene una afectación económica, pero también una emocional. Es la censura que al final termina en autocensura. Para el demandado y para los periodistas que ven eso. Y en un país donde la justicia es burdamente selectiva y no hay sanciones morales para los indecentes, pues muchos concluyen que sale más barato quedarse callado. Y eso lo deciden muchos ciudadanos, pero cuando lo decide un periodista murió una voz crítica. Murió un mensajero que le lleva información a una ciudadanía que si no se informa no puede apostar a su futuro ni votar bien. ¿Y a quién le conviene eso? Pues a los políticos, que necesitan que sigan votando por ellos. No nos tienen que gustar todos los medios. ¿Pero que por los intereses de uno se coarte el derecho que tenemos todos de informarnos y formarnos nuestro criterio?
Ahí están La Prensa y Mi Diario, que tienen desde hace cuatro años sus cuentas y bienes embargados por una demanda de Pérez Balladares. El secuestro llegó antes de la condena. Porque así de fácil se da un secuestro aquí. El caso sigue en la Corte, pero ahí está todo secuestrado, con todo lo que eso implica. Y eso es en La Prensa, que no estaba volando, pero tampoco en rojo. Imagínense eso en un medio que no puede asumir los costos de un proceso así. Pues quiebra, que es lo que buscan. Menos gente es menos preguntas. Menos posibilidad de que usted se informe.
El problema no es un gobierno, partido o político en específico. El problema es la debilidad institucional y los vacíos legales que permiten el abuso. Pero todos los gobiernos, todos, dejan a sus funcionarios dar entrevistas solo a los medios y periodistas complacientes. A los que hacen las preguntas que hay que hacer los bloquean. O les dan una entrevista y más nunca. ¿Y qué hacen la mayoría de los medios para lograr las entrevistas? Pues cerrar un ojo y adaptarse. Entonces salvo en contadas excepciones, ¿qué termina sabiendo el ciudadano? Lo que el político quiere. Por eso la libertad de prensa debe importarnos a todos, no solo a los periodistas.
¿Y qué pasa con los periodistas serios? Pues les toca recorrer el camino cuesta arriba, se frustran, y en su mayoría, cuelgan los guantes. Porque no solo luchan contra lo que hemos hablado, sino también contra la proliferación de información falsa y no confirmada en el mundo de la inmediatez y la superficialidad de las redes sociales, donde se desinforma sin consecuencias. En una sociedad con tanto ruido, la gente deja de escuchar con claridad. Y si te toca gritar por mucho tiempo, te quedas sin voz.
El informe también dice que los gobiernos controlan con la publicidad, que es en muchos medios una tajada considerable de los ingresos. Entonces te pautan. Si aplaudes, te dan más. Si criticas, te lo quitan. ¿Entonces qué te toca hacer? Censurarte o botar gente. De nuevo, más voces silenciadas. Menos información para la ciudadanía.
El informe subraya además las amenazas y agresiones contra los periodistas. Que son escasas aun, pero ya existen. Así empezaron México, Colombia y otros. Aquí hay periodistas amenazados de muerte. Periodistas con sus bienes secuestrados. Periodistas a los que han agredido en protestas. Periodistas que son víctimas de campañas de desinformación masiva.
Eso polariza a la ciudadanía y alimenta la desconfianza hacia los periodistas. ¿Y quién capitaliza eso? Pues los políticos. Mientras la ciudadanía no le dé importancia a su derecho a estar informado, ganan ellos.
